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Luis Eduardo Aguilar Vásquez, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el pasado 29 marzo de 2017 la ley que prohíbe la minería metálica, con los votos de 70 diputados. Entre los actores que promovieron esta ley se encuentran la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y la iglesia católica. Esta última tuvo un papel importante por las acciones que desarrolló para apoyar la ley con: marchas, recolección de firmas, presentación de comunicados, solo por mencionar algunas formas de actuación clásicas de los grupos de presión. A partir de esta situación surgen las preguntas ¿Será que la cúpula de la iglesia católica como grupo de presión tiene la influencia para determinar la aprobación de ley contra la minería? ¿Cuál es el papel de la iglesia católica en la política nacional?
En relación a la primera pregunta es necesario hacer referencia a la categoría grupo de presión, que por definición busca influir en la autoridad pública para promover decisiones favorables a intereses de grupos determinados. En el caso de la minería, la iglesia optó por una opción preferencial por los pobres, apoyando los intereses de las comunidades afectadas ante los intereses económicos de las empresas mineras, esa acción social ante las autoridades públicas cumple con la característica de un grupo de presión.
Históricamente más allá de su preocupación religiosa, la iglesia católica ha buscado también incidir en la política secular y pragmática por ejemplo: legitimando o denunciando gobernantes, moldeando la moralidad pública, ejerciendo influencia sobre la educación y la salud pública, esto solo por mencionar algunos en forma general. Estas políticas públicas han sido impulsadas en asociación con otros grupos para hacer prevalecer una posición determinada, por lo que se establece que la iglesia sí tiene influencia para la formulación de políticas públicas (ya sea como actor principal, o periférico).
Esto nos lleva a reflexionar acerca de la segunda pregunta acerca del papel de la iglesia católica en la política nacional, de acuerdo a la constitución de El Salvador en su artículo 82 su participación por cargos públicos está prohibida (y la de todos los ministros religiosos), en todo caso, su participación activa ha estado presente en la promoción de políticas públicas como la ley contra la minería, dicha participación no pasó desapercibida, ya que generó reacciones en personas de los grupos de poder en El Salvador . Fabricio Altamirano director ejecutivo de El Diario de Hoy expresó en su cuenta de twitter: “El Estado debe ser laico y la Iglesia debe atender las cosas de la fe. El retorno de la Iglesia a la política nos llena de tristeza”. Lo que llama atención es que en el mismo periódico se publican columnas como las de Evangelina de Sol hacen referencias religiosas como justificación para dar el voto en elecciones con frases como: “Si ganara el FMLN, tendríamos un gobierno ateo/anti-cristiano, porque (…), son ateos”.
Esta referencia muestra que a los grupos de poder en El Salvador sí les interesa como la iglesia católica se posicione en cuanto a asuntos sociales y políticos. Dichos planteamientos pueden ser descritos en dos modos, una iglesia pasiva donde solo se utilizan (o manipulan) sus símbolos y líderes para hacerla conveniente para los grupos de poder tradicionales, aquí se maquillan con argumentaciones religiosas las ofensas, miedos e intereses económicos. Y un segundo modo sería activo donde promueve, como en el caso contra la minería, una opción alejada de los intereses de las clases dominantes y donde se les hace incómoda. Para estas próximas elecciones los grupos de poder le insinúan a la iglesia las palabras del poema de Neruda: “Me gustas cuando callas porque estás como ausente”. Sin embargo, de acuerdo a su deber con los pobres se debe encargar de anunciar y denunciar.
