El precio de los alimentos

La subida de precio de los alimentos ha sido un fenómeno global, en parte en descenso ya en los países desarrollados. Pero entre nosotros los precios han continuado subiendo en estos meses recientes. Los huevos, la leche, el queso y, de un modo especial, los vegetales se van volviendo prohibitivos para las personas con dificultades económicas e incluso para un sector de la clase media baja. Los granos básicos también han sufrido aumentos, aunque no tan fuertes. Este incremento sistemático del costo de la canasta básica alimentaria está provocando que el salario mínimo, a pesar de la última alza, se vuelva claramente insuficiente. De hecho, la canasta ampliada urbana está ya fuera de las posibilidades de quien tenga como ingreso solo el salario mínimo. La situación en el campo, la parte del país generalmente más olvidada, no está mejor. Sin acceso a pensiones, con dificultad para tener ingresos fijos y con servicios de baja calidad en temas básicos como la educación y la salud, el campo se está quedando sin jóvenes: estos emigran, en especial hacia el norte.

La situación alimentaria necesita respuestas. El salario mínimo debería revisarse de nuevo y, en la medida de lo posible, unificarse. Si es cierto que todos somos iguales ante la ley, tal como afirma la Constitución, es injusto que con respecto a lo que es el mínimo vital, como diría Alberto Masferrer, el salario sea diferente si se trabaja en un tipo de empresa o en otra, en el campo o en la ciudad, máxime siendo dicho salario una decisión por ley. También los servicios fundamentales de educación, salud, seguridad jurídica y alimentación deben mejorar a nivel nacional. El agua y la vivienda presentan graves carencias. El Estado no puede descansar hasta que todas las casas tengan agua tanto para consumo humano como para saneamiento. Este tipo de servicios estatales (en algunas partes les llaman “salario social”) es en realidad un aporte de tipo distributivo que trata de eliminar la desigualdad en los temas básicos de desarrollo humano. Cuando la Constitución habla de justicia social como obligación del Estado, está hablando de estas cosas.

El Gobierno actual está tratando de atraer capitales e inversión, promoviendo una especie de marca país en la que la seguridad ciudadana, el turismo y el liberalismo económico son ingredientes básicos. Pero sin planes claros de desarrollo y protección social, el flujo económico que se pueda obtener, si es que se obtiene, creará pequeñas islas de desarrollo junto a amplias zonas deprimidas. Sin seguridad alimentaria no iremos muy lejos. Y sin una inversión mayor en la gente y sin una planificación del futuro con claro contenido social, el calentamiento global, la vulnerabilidad ante el desastre y las epidemias pueden generar ciclos de empobrecimiento que impidan un desarrollo digno y equitativo para todos los que vivimos en El Salvador.

Garantizar la seguridad alimentaria protegiendo tanto al campo como al campesino y cuidar el ingreso económico de los trabajadores —sabiendo que el derecho al trabajo con salario decente tiene siempre prioridad sobre el capital— son tareas urgentes y necesarias para el desarrollo. Las reservas de información, cada vez más frecuentes incluso en temas básicos que nos afectan a todos, hacen suponer a algunos la existencia de corrupción. Otros, tal vez más recelosos, piensan que los planes y proyectos sometidos a reserva informativa son en realidad buenas intenciones, pero sin la estructura formal de un proyecto evaluable. Sea como sea, urgen respuestas claras, trasparentes, medibles y que den esperanza a las personas. El aumento de precios de los alimentos, tan fuerte y sistemático, es uno de los temas que pide respuesta gubernamental y planes y proyectos que impidan que la población sufra el flagelo del hambre. Ya hay una importante proporción de la ciudadanía, especialmente entre los niños, que no cubren adecuadamente sus necesidades alimenticias. Eliminar el hambre e impedir que aumente es básico para el desarrollo digno de nuestro país y para la convivencia fraterna.