El problema de la corrupción

La semana pasada, un editorial de la UCA hacía referencia a la fuga de capitales en El Salvador con rumbo a paraísos fiscales. Al consultar la fuente citada por el editorial, se comprueba que desde que se dolarizó nuestra economía aumentó drásticamente la fuga de capitales hacia bancos oscuros de islas y países acostumbrados a vivir del esfuerzo ajeno. En los diez años que van de 2001 a 2010, la cifra que aporta Global Financial Integrity es descomunal. Habla de 8,700 millones de dólares. El promedio anual sería, por tanto, de 870 millones, que se van de El Salvador a otros países que albergan paraísos fiscales. Dinero que no paga impuestos, que no produce riqueza para el país, que no se invierte en nuestras tierras a pesar de haber sido producido, al menos en parte, por el esfuerzo de los salvadoreños. Y decimos "en parte" porque es posible que otra proporción provenga del lavado de dinero.

La fundación Global Financial Integrity es la única que se dedica a investigar la riqueza que se dirige a los paraísos fiscales. Grandes bancos, como HSBC y Citi, por mencionar un par de los que aquí operan, son mencionados por la institución como intermediarios que hacen llegar los dineros a otros bancos que defienden corruptamente el secreto bancario. Y valga aclarar también que los investigadores de esta fundación son personas que han trabajado en puestos directivos del sistema bancario internacional y que mantienen excelentes fuentes de información.

Si reflexionamos sobre lo que se le atribuye a El Salvador como fuga de capitales hacia esos agujeros negros de las finanzas, no podemos menos que pensar que existe un poderoso entramado del que se aprovechan, tal vez independientemente unos de otros, algunos grandes empresarios, unos pocos políticos y las personas dedicadas a dirigir el lavado de dólares en el país. Sin embargo, de este tema no se habla, por seria que sea la fuente, que además tiene sus estudios publicados en Internet. Preferimos hablar de las pandillas como del único tema que genera violencia en el país. No hablan del tema los políticos, y sería interesante preguntarles por qué. No hablan del tema los millonarios, y en este caso sospechamos el porqué. Y los lavadores de dinero deben estar felices porque casi nadie habla de la descomunal cantidad de dinero que circula por El Salvador en beneficio de muy pocos. Y mientras corruptos y delincuentes celebran el silencio, la Fiscalía parece estar demasiado ocupada en otros temas como para preocuparse por esto. Y no parece que haya hipocresía en dejar las cosas como están en esta olla de corrupción.

En realidad, sacar del país 870 millones al año, como promedio del período 2001-2010, significa un duro golpe a nuestra economía. La reducción tanto de la inversión como de los impuestos que significa ese dinero negro implica estancamiento y dolor para muchos. A parte de convertirse en un verdadero robo al trabajo de los salvadoreños. La riqueza que se extrae del trabajo colectivo solo puede ser administrada por manos privadas si estas son responsables, pagan impuestos y reinvierten ganancias de manera que esa riqueza se redistribuya en el trabajo y el salario decente para todos. Enviar fuera dinero producido por el esfuerzo de todos es un acto de corrupción. Y enviarlo en esas cantidades es un atentado contra el desarrollo salvadoreño y contra cada uno de los que somos parte de esta comunidad humana llamada El Salvador.

Hasta ahora, nuestras instituciones han sido en muchos aspectos cómplices, pasivos o activos, de esta corrupción. Y mientras la corrupción campea, la Asamblea Legislativa se da el lujo de no nombrar magistrados en la Corte de Cuentas, como si de nada sirviera esa institución para frenar una corrupción que es más que evidente. La Fiscalía no tiene plazo para investigar fuga de capitales. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública está más preocupado por usar políticamente el tema de la violencia que por avanzar en el control de la corrupción. El que algunos jefes de la PNC de cuestionada reputación hayan sido restituidos al control del territorio salvadoreño desde que los militares tomaron el mando de la seguridad, no habla bien de lo que pasa dentro de la institución. Los jueces, especialmente los de la Corte Suprema de Justicia, han sido incapaces de devolver dientes y eficacia a la oficina de Probidad. Son los más tradicionales cómplices de la corrupción, aunque haya habido siempre entre ellos una minoría de recto criterio y trayectoria intachable.

No tiene cuenta pensar en lo que podría generar de beneficio y crecimiento para nuestro país el que la parte más sana de esa fuga de capitales se quedara como inversión entre nosotros. Y decimos "la parte más sana" porque la parte vinculada al lavado no debería existir y, por tanto, tampoco se podría invertir en el país. Pero es seguro que sin tanta fuga de dineros, nuestros índices estarían bastante mejor que en la actualidad. La ANEP, que se queja sistemáticamente de la falta de inversión, no parece mirar con indignación estos datos. Probablemente porque algunos de sus asociados, fundadores y exdirigentes incluidos, tienen alguna responsabilidad en el asunto. Enfrentar la corrupción de una vez por todas es sin duda urgente, aunque todavía no se hable mucho del tema. Politizar la corrupción y achacársela a un solo sector, sea este político, empresarial o cómplice del narcotráfico, no es justo ni verdadero. Trabajar en serio en la tarea de desentrañar la maquinaria corrupta en todos los niveles y con un buen intercambio de información entre instituciones es indispensable para avanzar hacia el desarrollo.