El problema de la seguridad

El cese de los dos militares puestos al frente de la seguridad pública y de la Policía nos exige reflexionar una vez más sobre la inseguridad ciudadana. Aun sabiendo que las verdades sobre este tema son amargas, conviene recordar las causas de la violencia y la delincuencia, y las razones por las que estas se han afincado con tanta fuerza en nuestro país desde hace más de medio siglo. Y no es exageración: cuando se pasa revista al número de homicidios desde el año en que empezaron a contabilizarse en El Salvador, nunca se ha bajado de la cifra de 25 por cada 100 mil habitantes. En otras palabras, una cantidad que duplica las cifras de mortalidad que la Organización Mundial de la Salud usa para catalogar cuando una enfermedad se puede considerar epidemia.

Hoy, los analistas suelen poner como causa principal de la violencia la conciencia de desigualdad. Desigualdad, y grave, ha habido siempre en El Salvador. Pero la conciencia de la misma ha ido creciendo en las últimas décadas. Los adelantos técnicos y científicos en todos los ámbitos, así como el crecimiento exponencial del acceso a la información, han creado un mayor conocimiento de las desigualdades sociales, así como de la marginación y maltrato objetivo en los que se encuentran muchos. La proximidad de una guerra civil en la que la violencia adquirió aspectos extraordinariamente crueles, como en las torturas o las masacres, marcó una especie de endurecimiento que fue multiplicado después por la impunidad. Y a todo ello se sumó la debilidad de las instituciones, incapaces de responder, tanto por falta de preparación como de recursos, a la avalancha delictiva.

Al mismo tiempo, los medios básicos para frenar la violencia y la delincuencia se han ido desarrollando de un modo excesivamente lento e insuficiente. El gran recurso de la educación no ha sido adecuadamente utilizado. A mayor número de jóvenes escolarizados, menor delincuencia. Y aunque en El Salvador ha habido una expansión educativa impresionante después de la guerra civil, no se ha conseguido universalizar el bachillerato. Muchos de nuestros jóvenes se quedan sin estudiar en los años de la adolescencia, teniendo en la práctica la calle como hogar. Las universidades son todavía un lugar para élites, al que llega solo un tercio escaso de los jóvenes en edad de iniciar estudios superiores. Desde hace más de diez años se ha venido insistiendo en la necesidad de universalizar el bachillerato tanto para avanzar hacia el desarrollo como para mejorar la calidad cívica y productiva de El Salvador, pero los pasos han sido escasos y débiles.

El otro factor fundamental para frenar la violencia social es el trabajo con salario digno. Al leer el informe del PNUD sobre el trabajo en El Salvador (2007-2008), se constata que la situación no es la más deseable. Casi un ochenta por ciento de la población tiene alguna o varias deficiencias respecto a lo que debería ser un trabajo con ingresos decentes, según el cálculo de esta institución de la ONU. Las discusiones sobre el salario mínimo a las que hemos asistido recientemente muestran la poca conciencia del liderazgo nacional sobre el tema. El aumento solicitado para los salarios mínimos es vergonzoso. Y da todavía más vergüenza que también algunos sindicatos o centrales sindicales sean cómplices activos de estos miserables aumentos a sueldos ya de por sí miserables.

A todo ello se debe añadir la cultura terriblemente individualista y clasista que se viene imponiendo desde el fin de la guerra. El consumismo individual marca hoy las claves de la posición social en todos los niveles. Se confunde fácilmente el tener con el ser y se termina menospreciando al que no tiene dinero, relaciones o recursos, con una pasmosa facilidad y superficialidad. Ante la imposibilidad de realizar en nuestro país las propias capacidades, muchos abandonan el terruño rumbo al Norte o se lanzan a la aventura del sálvese quien pueda individual, arañando la vida y el ascenso social a como dé lugar.

Emprender una intensa inversión en educación, que lleve a la universalización del bachillerato y a mayores y mejores posibilidades universitarias, es indispensable tanto para el desarrollo como para salir de esta cultura violenta. Hacer un esfuerzo extendido e importante en la creación de puestos de trabajo y en la dignificación del salario debe ser un proceso constante. Asimismo, y simultáneamente, necesitamos trabajar en el fortalecimiento y coordinación entre las diversas instituciones responsables de la seguridad y la justicia, sabiendo que el derecho penal es siempre el último recurso, no el primero. Coherentes con ese pensamiento, debemos trabajar el tema de la reinserción. Y es aquí donde debe ubicarse el diálogo con los jóvenes pertenecientes a las maras. Si las autoridades civiles encargadas de la seguridad trabajan en este marco, si la empresa se compromete con el Gobierno a la creación de puestos de trabajo con salario decente, si se amplía la oferta educativa y si quienes trabajamos en el campo de la cultura tratamos de impulsar una cultura más solidaria, los resultados positivos se podrán observar en el plazo de pocos años. Si el trabajo no es de conjunto y simultáneo, es probable que la plaga de la violencia permanezca endémica.