Derrota social

El jueves pasado, Cristosal, la reconocida institución defensora de derechos humanos, anunció la suspensión de sus operaciones en El Salvador debido a sentirse amenazada, acosada y, por el caso de Ruth Eleonora López, grave e injustamente golpeada. Cristosal continuará trabajando desde fuera, pero evidentemente el peso y la incidencia en el país será menor. Para quienes desconfían o no creen en los derechos humanos, la salida de la organización es vista como un triunfo gubernamental, pero en realidad es un golpe para nuestra sociedad. Los derechos humanos constituyen una especie de moralidad externa al poder gubernamental y estatal. La defensa de la dignidad humana, por poner un ejemplo, es una obligación moral de cualquier persona y de cualquier nación, más allá de las determinaciones del derecho. Los defensores no solo protegen personas, sino también valores básicos. En este sentido, amenazarlos o utilizar el sistema de justicia para perseguirlos destruye los principios básicos de la moralidad del país.

Ante la actual situación internacional de guerras, violencia y menosprecio de los derechos individuales, el secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, dijo que es necesario “un esfuerzo sin cuartel por parte de todos para garantizar que los derechos humanos y el Estado de derecho sigan siendo fundamentales para las comunidades, las sociedades y las relaciones internacionales”. Por su parte, la Iglesia católica insiste en que “la garantía de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública”. Ya en 1963 el papa Juan XXIII afirmaba que todo ser humano “es persona dotada de inteligencia y libre albedrío, y que tiene derechos y deberes que dimanan de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto”.

Valorar como un triunfo el exilio de una organización o comunidad de defensa de derechos humanos es un grave error. En realidad, cualquier acción consentida o alentada en contra de los derechos humanos es una derrota para la sociedad donde tal acción se lleva a cabo. Este tipo de situaciones debería mover a la ciudadanía consciente a comprometerse en la defensa de los derechos básicos de las personas. El canje de los venezolanos detenidos en el Cecot por estadounidenses y presos políticos en Venezuela no fue una idea genial de los presidentes implicados en la injusticia de mantener privadas de libertad a personas inocentes. Si lo hicieron es porque se dieron cuenta de que las arbitrariedades cometidas hacían daño a sus posiciones políticas, pues toda detención arbitraria e injusta desprestigia a quienes la perpetran o la toleran. Cuando se ataca a comunidades u organizaciones que defienden derechos, le corresponde a los ciudadanos alzar la voz para defenderlos. No solo porque violar derechos es injusto, sino porque es también inmoral.