Uno de los principales problemas de la ciencia política ha sido la relación de quienes ocupan la cúspide de la pirámide social con la política. La oligarquía griega era el régimen orientado al interés de los ricos y dirigido por ellos. En la Europa del siglo XIX, Karl Marx señalaba que el gobierno burgués no era más que un consejo de administración de los intereses de la clase dominante. Medio siglo después, un texto clásico de la ciencia política señalaba que los ricos sentían “cierta aversión a dedicarse a la vida pública, así como hay cierta resistencia por parte de los pobres a elegir a los ricos para los cargos electivos. Esto no impide que un rico sea siempre mucho más influyente que un pobre, porque puede pagar a los politicastros venales que disponen de las administraciones públicas; y tampoco impide que las elecciones se hagan a fuerza de dólares; que parlamentos locales enteros y numerosas fracciones del Congreso sean sensibles a la influencias de las poderosas compañías ferroviarias y de los grandes señores de las finanzas”1. Esa aversión terminó hace mucho: los ricos no tienen problemas en ocupar cargos públicos cuando lo estiman necesario para garantizar los procesos de acumulación capitalista sin el alto costo de los mediadores.
En El Salvador, desde las reformas liberales decimonónicas hasta inicios de la década de 1930, los grandes propietarios gobernaron directamente en función de sus actividades económicas basadas en el latifundio y la exportación del café. Desde finales 1931 hasta 1979, los militares tomaron las riendas de la política formal para garantizar los intereses oligárquicos, con cierta agenda propia y alguna distancia en momentos específicos, pero sin una alteración drástica de las relaciones de poder. La guerra supuso una modificación de la relación con la política, en tanto que los demócratas cristianos, pese a defender la propiedad privada y el sistema capitalista, impulsaron con motivos contrainsurgentes algunas reformas que afectaron los intereses de los potentados. En 1989, un representante directo de clase social propietaria tomó el control del Ejecutivo y lo puso al servicio de sus intereses empresariales y la acumulación capitalista sin freno. Las privatizaciones fueron la punta de lanza de una política al servicio de los grandes empresarios. Emergió la idea de que había que dirigir el país como se dirigían las empresas y que alguien que no tenía empresas no tendría idea de cómo generar empleos, excluyendo ideológicamente a la clase trabajadora del control del Estado. Tan hegemónico es el discurso, que para el actual gobierno de “izquierda”, la gran empresa es intocable, la inversión privada es el vellocino de oro y algunos militantes rojos han incursionado como empresarios capitalistas sin ningún rubor.
En estos días circulan como “presidenciables” miembros de familias privilegiadas: Calleja, Simán, Bukele. Los primeros dos apellidos aparecen en la lista de financistas de Arena2, el gran privatizador y promotor de exenciones fiscales al gran capital. El tercero es un hito para un FMLN definido como socialista. ¿Pertenecer a una clase social significa gobernar para ella? No necesariamente, pero la ruptura implica alterar las desiguales relaciones de poder entre capital y trabajo; desacralizar la propiedad privada; poner impuestos a las grandes ganancias, al patrimonio y a las herencias millonarias; transferir el control de los medios de producción estratégicos a trabajadores, comunidades y el Estado; fortalecer las empresas públicas; eliminar privilegios fiscales de los más ricos; y ¿por qué no?, hacer una crítica radical al capitalismo en los tiempos en que ocho magnates poseen tanta riqueza como la mitad de la humanidad más pobre y las ganancias privadas están por encima del medio ambiente, la paz, y la dignidad humana.
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1 Gaetano Mosca. La Clase política. En AA.VV. Diez textos clásicos de la ciencia política. Barcelona: Ariel, 2001, 28
2 El Faro 4/07/2016 https://elfaro.net/es/201607/el_salvador/18873/Seis-familias-acaparan-las-donaciones-al-partido-Arena.htm/