Guatemala, espejo para la región

Los recientes sucesos en ciudad de Guatemala, cuando una movilización popular se manifestó en oposición a la aprobación apresurada del Presupuesto de Estado 2021, son una tremenda escuela política para los países de la región centroamericana, caracterizados en mayor o menor grado por sus problemas endémicos de subdesarrollo. El incendio provocado en el Congreso guatemalteco y las peticiones de renuncia a la administración de Alejandro Giammattei evidencian la facilidad con la que fallan los cálculos políticos y cómo la voluntad popular que en un momento apoya a determinada fracción para que acceda al Gobierno puede rebelarse rápidamente, generando una severa crisis de legitimidad sobre el accionar del Estado.

El ataque popular a las instalaciones del Congreso y la consecuente represión policial también encierran un gran significado sociopolítico que es necesario develar. ¿Cuál es la fuerza soberana que se manifiesta en esa crisis, el pueblo o el Estado? Y ¿cuál es el rol que tiene el Estado en el mejoramiento o deterioro experimentado en las condiciones de la vida cotidiana del pueblo? Esta reflexión vuelve importante precisar las nociones de Estado y Gobierno. El Estado es esa abstracción que se manifiesta en el conjunto de estructuras organizativas montadas sobre el pueblo y cuya arquitectura institucional yace predominantemente en la Constitución y las leyes; el Gobierno, por el otro lado, es el timón empleado por personas envestidas de la calidad de funcionarios para mover el poder del Estado sobre el pueblo.

Pues bien, las demostraciones del fin de semana en Guatemala nos hacen pensar que un segmento importante de sus ciudadanos repudia la forma maliciosa en que el Estado se alimenta de la gente y el Gobierno, del Estado, mientras el pueblo, formado como sociedad y dividido en clases, pierde aceleradamente su capacidad de reproducción, haciéndose más visible su empobrecimiento. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que se afincó la idea de que el Estado se encontraba demasiado reducido debido a las políticas “neoliberales” y que desde esa posición no podía cumplir los objetivos de desarrollo que se le han atribuido constitucionalmente. Pero parece que ahora la ciudadanía regional es más consciente de que el aumento en el gasto y la deuda pública no es suficiente para alcanzar la efectividad exigidas a los gobernantes. Y las razones de esto son básicamente dos: la corrupción y la incompetencia.

El Presupuesto de un Estado no solo nos indica cuál es la proyección de las finanzas públicas, sino también el balance y correlación de las fuerzas que lo aprueban o rechazan, así como la agenda política que un determinado Gobierno pretende echar a andar, basada en determinadas expectativas económicas. La realidad de los hechos nos demuestra cada vez más la distorsión que existe entre lo que un Gobierno proyecta o espera a través de su Presupuesto y lo que logra cumplir. Para el caso, la pandemia de covid-19 ha aumentado a un grado superlativo las partidas presupuestarias de la mayoría de países centroamericanos, mientras que la crisis económica engendrada durante este período ha provocado una disminución significativa de los ingresos gubernamentales. Esto sin contar con los efectos destructores, tanto humanos como económicos, que dejaron las pasadas tormentas y huracanes. En este sentido, la manera en que la gestión de la crisis ha arrastrado a sectores enteros de la sociedad ha hecho que esta se vuelva más inquisidora sobre el manejo de los fondos públicos y cuestione más a su Gobierno sobre el recurso del endeudamiento ante la falta de transparencia.

Esta coyuntura recuerda mucho la crisis que le dio paso a uno de los eventos políticos más célebres en la historia, la Revolución Francesa, protagonizada tanto por la clase comerciante como la trabajadora en contra del régimen monárquico y sus planes de incrementar la expoliación a través de más impuestos. Ese movimiento transformó totalmente al Estado; le diseñó un límite. Hoy en día, el hecho que la población se mantenga empobrecida o se empobrezca aún más mientras los Gobiernos se embarcan en proyectos fantasmas que solo lucran a sus funcionarios ha hecho insostenible la situación, encendiendo la mecha de una bomba financiera que abre a la posibilidad de que los Estados queden desfinanciados y, por consiguiente, desarticulados.

Comparando la situación de Guatemala con lo sucedido en Costa Rica nos damos cuenta de que este no es un problema focalizado, aunque se puede manejar de una manera distinta. Desde 2018, Costa Rica viene siendo corroída abiertamente por una crisis en sus finanzas públicas, por lo cual el Gobierno tico buscó endeudarse aún más con el Fondo Monetario Internacional. La protesta popular que se generó contra el anuncio de esa medida hace más de un mes llevó a retirar el proyecto y buscar la formación de una mesa nacional de negociación para alcanzar un acuerdo fiscal y de modernización de la administración pública. Pero todo hace prever que acceder al crédito con el FMI y ajustarse a sus medidas se convertirán en una necesidad.

El gran riesgo de los países centroamericanos para 2021 es, pues, caer en un impago técnico. La mayor lección que podemos sacar de lo que está sucediendo a nivel regional es la necesidad de democratizar lo más que se pueda el debate sobre la elaboración de los Presupuestos y que se respeten ante todo las legislaciones sobre responsabilidad fiscal y el principio de proporcionalidad entre las finanzas públicas y privadas.

* Gabriel Escolán Romero, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.