Heridas abiertas

La memoria no debe ni puede morir, por más intentos que hagan algunos por callar el recuerdo, ocultar la verdad y negar la realidad. Ese espíritu, junto a la sed de justicia como reivindicación, son las bases de la lucha por los derechos humanos en el país.

Son las miles de víctimas de la cruenta guerra las que hoy y siempre merecen acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación. En un año emblemático, dado el XXX aniversario del asesinato de monseñor Romero y la conmemoración del resto de víctimas de masacres, torturas y violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado, el Estado salvadoreño ha mostrado un cambio de actitud sobre el tema.

Si bien la palabra —y el poder que está tiene— ha sido útil para pedir perdón de forma simbólica a las víctimas de la guerra, nadie les ha preguntado a estas si tal perdón ha sido aceptado. La respuesta a esta interrogante es negativa, en tanto las víctimas han manifestado que antes que disculpas, necesitan verdad. Solo así se puede construir la justicia en el país.

En la práctica, ha habido un estancamiento en el discurso sobre la justicia, cuando no un abuso del recuerdo de Romero y su ejemplo por parte del presidente Funes. Ya es hora de dejar a un lado el uso político del mártir religioso. De nada vale abanderar este discurso si en la práctica no se traduce en acciones concretas. Es allí donde el Estado salvadoreño aún conserva serias deudas.

El saldo es evidente en casos como el asesinato de los jesuitas y sus dos colaboradoras en 1989. Esta semana, el Estado debió comparecer ante una audiencia de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de las recomendaciones para el Caso Jesuitas emitidas por esta instancia.

En la diligencia, los comisionados reconocieron la importancia de los actos simbólicos y el cambio de actitud de las autoridades estatales sobre el carácter vinculante de la actuación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el país. No obstante, como era de esperarse, la alta instancia de justicia señaló las fallas del Estado al no complementar las acciones políticas con las respectivas diligencias que permitan la eliminación de los obstáculos legales que impiden el acceso a la justicia. En concreto, se cuestionó la falta de acción para derogar la Ley de Amnistía General y procurar así la justicia a las víctimas.

Asimismo, la Comisión hizo ver la ausencia de esfuerzos en la vía de la reparación por parte del Estado salvadoreño, así como la no adecuación de la legislación interna para dejar sin efecto los límites que bloquean el conocimiento de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante la guerra.

Ante los señalamientos, los representantes del Estado adujeron que la activación de mecanismos judiciales no es una competencia plena del Ejecutivo y que, según su análisis, las peticiones expresas al órgano legislativo no han dado resultados. Por ello, sugieren el establecimiento de un diálogo amplio y nacional sobre el tema.

Sobre este punto, es necesario recordar que son las autoridades estatales las obligadas a emprender los procesos y no las víctimas o peticionarios, quienes ya agotaron las vías internas de acceso a justicia. Es cuestionable que el cambio de actitud estatal sobre el tema no deje fuera la tendencia a omitir su responsabilidad en tales gestiones. Tampoco queda claro su papel en la construcción de medidas concretas de reparación; tarea que tampoco corresponde a las víctimas, por más intento estatal de que estas participen en el proceso como señal de apertura.

La Comisión ha dado un plazo de 45 días para que el Estado presente un cronograma con las actividades de seguimiento a las recomendaciones. Sirva este comentario para indicar que el tiempo ha iniciado. Ni el tiempo ni la dignidad de las víctimas pueden seguir siendo irrespetados. Las heridas siguen abiertas y no se cierran con discursos, sino con compromisos y acciones.