Internas, curules y agenda legislativa: ¿quiénes ganan?

Se acercan las internas en los partidos políticos y los aspirantes a cargos de elección popular (diputaciones, alcaldía, concejal) ya realizan acercamientos a la militancia en búsqueda de respaldos y alianzas. Este proceso electoral partidario resultará interesante por sus componentes procedimentales y políticos: en el primer punto la expectativa radica en lograr elecciones y resultados transparentes bajo el seguimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE); luego en el campo político será la demostración si existe una facción predominante en los partidos ya sea por ser expresión de la cúpula, por sus recursos económicos, influencia ideológica o vínculos clientelares; aunque se puede concebir el escenario que existan otros grupos no afines a la élite del partido con respaldos significativos en la militancia. En esta oportunidad me interesa vincular las elecciones internas con el campo de políticas públicas respecto a qué pueden ofrecer las personas aspirantes a escaños legislativos en la definición de la agenda parlamentaria y la toma de decisión ante proyectos de ley en diferentes áreas, nombramiento de funcionarios e iniciativas gubernamentales que requieran aprobación de la Asamblea como emisión de deuda o aprobación de préstamos.

No sería extraño que a la vieja usanza de campañas electorales pasadas, los candidatos y candidatas a diputaciones no ofrezcan más allá de acciones etéreas, porque entre más genérico el mensaje más fácil de evadir el compromiso de argumentar su oferta, además es simple construir un mensaje mediático en función de estribillos como: “proteger las pensiones del pueblo salvadoreño” o “garantizar la seguridad de la ciudadanía” o “apoyar las luchas de la clase trabajadora”; pero sustentar una postura le requiere a un candidato a diputado o diputada conocimiento del tema en el área legal, factibilidad de su propuesta y en especial la capacidad de contra argumentar con evidencia ante reacciones críticas de periodistas, opositores o quién se lo interrogue. En ese caso, vale la pena que la militancia asuma un rol más activo en esta etapa donde los candidatos pedirán sus votos. Es el momento ideal para formular propuestas, pedir cumplimiento de iniciativas y particularmente quitarse esa imagen de seguidores sin criterio que ondean banderas y cantan himnos con fervor.

La agenda del trabajo legislativo se configura principalmente por las iniciativas que provienen del Órgano Ejecutivo y aquellas formuladas por diputados de los diversos grupos parlamentarios que pasan al trabajo de las comisiones de la Asamblea y luego al pleno para tomar decisiones (también se registran temas incorporados por municipalidades, Órgano Judicial y Parlacen en las áreas de su competencia). Un contraste básico que la militancia y ciudadanía debe tener presente consiste en identificar y preguntar qué iniciativas de ley formulará y apoyará el candidato de resultar electo; para muestra vale la pena retomar un ejercicio que el periódico digital El Faro realizó para la legislatura 2015-2018 donde consultó a algunos diputados y diputadas ¿Qué proyectos de ley se comprometen presentar o apoyar en su gestión como diputados? Ya pasaron dos años, es oportuno evaluar si cumplieron o no.

Por su parte, tomar decisiones en el campo legislativo es una tarea sometida a presiones o estímulos en función de los intereses particulares del diputado o de sus benefactores, determinando si votará a favor, en contra o abstenerse ante un proyecto de ley o nombramientos de funcionarios. Pregúntese: ¿Un diputado votará a favor de una ley para el desarme de la población si es dueño o accionista de empresas de seguridad o importadoras de armas? ¿Acaso votará en contra del esquema monopólico de la industria de la caña y la contaminación que genera, si tiene familiares vinculados en el negocio de los ingenios?