La centralidad de las víctimas: otro reto para el Fiscal

Como se ha dicho ya en otro espacio, el nuevo Fiscal General de la República deberá superar una serie de retos al frente de la institución. Por eso consideramos oportuno contribuir a esta reflexión agregando dos desafíos fundamentales.

En primer lugar, el nuevo Fiscal debe garantizar total independencia de intereses e ingerencia de parte de los partidos políticos y otros sectores en el desarrollo de las labores. Ya el pasado ha demostrado cómo los funcionarios suelen ser complacientes con sectores al entorpecer el desarrollo de los procesos de investigación o simplemente dejar hacer, dejar pasar.

Esto ha ocurrido con casos emblemáticos como el de Katya Miranda, en el cual la Fiscalía hasta hace poco ha jugado el papel que le correspondía desde el inicio en la investigación del delito.

Al respecto, es necesario hacer notar que tal independencia como aspiración suele ser manoseada por los partidos políticos desde el momento de elegir a los aspirantes al cargo. Basta con revisar el proceso de selección, depuración y designación del Fiscal, y el papel que los partidos han jugado.

El proceso padeció, además, de lentitud e incumplimiento con los plazos establecidos para la elección; de la participación de líderes políticos que no debían ser parte del mismo. Esta decisión les corresponde a los diputados; por tanto, no es una cuestión de negocio entre los líderes partidistas, sino de debate entre fracciones al interior del órgano legislativo.

Lamentablemente, una vez más la institucionalidad y el respeto al Estado del derecho han sido violentados por las élites partidistas. Por ello, como segundo desafío, el nuevo Fiscal debe ser capaz de colocar a las víctimas en el centro del quehacer administrativo y judicial. Por más intentos de eficacia administrativa y de mejorar la imagen institucional que se realicen, si la nueva gestión no parte de esta consideración, su misión de garantizar justicia seguirá siendo una de las grandes deudas históricas con la sociedad salvadoreña.

Para lograr este cometido, desde luego, es necesario fortalecer los procesos y capacidades de investigación en todos los niveles, así como mejorar los esfuerzos de coordinación con el resto de actores del sistema de justicia. Sin estas condiciones y sin la debida voluntad por garantizar justicia a las víctimas, no podrá haber un cambio en esta fundamental institución. El tiempo dirá si este nombramiento logra estar a la altura de los desafíos planteados; si no, será responsabilidad de todos los partidos políticos el estado de la justicia en el país.