La deuda de la justicia transicional

Hace 12 años, el entonces secretario general de las Naciones Unidas insistía en la importancia de la justicia transicional definiéndola como “el entero ámbito de los procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para afrontar un legado de abusos a gran escala del pasado, para asegurar responsabilidad, rendir justicia y lograr reconciliación”. En los Acuerdos de Paz se mencionaron como necesarios algunos aspectos referidos a afrontar, reparar y reconciliar a los salvadoreños heridos por la barbarie del pasado inmediato. Sin embargo, faltó desde los inicios de la paz la capacidad de redactar una ley de justicia transicional. Al contrario, se promulgó una ley de amnistía que consagraba la impunidad y dejaba abiertas las heridas del pasado. Los compromisos de dar de baja en el Ejército a los mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad no se respetaron, y la fuerza Armada, aunque cumplió con otras obligaciones, como la de reducirse, nunca pidió perdón como institución por sus numerosos crímenes ni colaboró adecuadamente con la verdad y la justicia.

Todavía hoy, 31 años después de los Acuerdos de Paz, la ley de justicia transicional continúa siendo una deuda con la población salvadoreña. Los intentos realizados en años pasados o se limitaron a repetir con otras palabras la ley de amnistía, o fueron vetados por la Presidencia de la República. En la Asamblea Legislativa, se dice, hay ya un texto avanzado de dicha ley, pero de momento se ha preferido utilizar políticamente algunos casos y frenar otros. Ni la Fiscalía, ni el Estado apoya un incremento sustancial de recursos para afrontar la cantidad de casos que están ya presentados en el Ministerio Público. Y lo que es más grave, no hay ningún intento serio en ese proyecto de ley de la Asamblea de trabajar el tema de la reconciliación, que es también un elemento fundamental de la justicia transicional. En la actual sociedad polarizada y abarrotada de propaganda política virtual, la dimensión judicial se está convirtiendo en un elemento más de división y enfrentamiento. Incluso podemos ver con preocupación cómo en ocasiones se está usando la justicia como un mecanismo de venganza. Una ley de justicia transicional, además de justicia, reparación y mecanismos de no repetición, debe incluir la reconciliación. Un tema no solo necesario ante la barbarie del pasado y las heridas que permanecen abiertas, sino también ante ese concepto de justicia como venganza, bastante difundido entre nuestra población.

La Iglesia actual latinoamericana, maestra de vida y convivencia social digna en medio de sociedades divididas, recomendaba en su Documento de Aparecida que todos los cristianos y personas de buena voluntad trabajemos por convertir a nuestros países en una especie de “casa de hermanos donde todos tengan una morada para vivir y convivir con dignidad”. Para construir esa patria reconciliada es necesario “sumar y no dividir […] cicatrizar heridas, evitar maniqueísmos, peligrosas exasperaciones y polarizaciones”. La reconciliación pasa siempre por el diálogo, la justicia social y el consenso moral en valores básicos de convivencia. Y es casi con seguridad este último punto en el que más fallamos. A pesar de que la Constitución salvadoreña insiste por activa y por pasiva en la moralidad notoria que deben tener los funcionarios, con frecuencia convertimos la moral en un conjunto de normas y olvidamos, o incluso intencionalmente marginamos, valores básicos sobre los que se construye la moral. La solidaridad, la capacidad de misericordia y compasión, el reconocimiento de la igual dignidad de las personas, la confianza básica en que el que piensa diferente no es un enemigo suelen estar ausentes en la vida política y en la social. En ese contexto, la reconciliación es difícil. Y la justicia transicional, si no se la relaciona con los valores mencionados, es más una parodia de justicia que un paso hacia la reparación de las víctimas o un instrumento de justa convivencia.