La difícil decisión sobre los subsidios

Los últimos tres meses de este año serán claves para que el Gobierno tome decisiones en el tema de los subsidios, principalmente en los referidos a la energía eléctrica, al gas propano y al transporte. En el caso de la energía eléctrica, de manera inesperada y contra toda lógica, el Gobierno decidió subsidiar el incremento de la energía que correspondía al mes de abril de 2010 (del 18%) y, además, amplió la cobertura del subsidio a los consumidores de hasta 300 Kwh. En octubre habrá un nuevo ajuste tarifario, pero dado que la generación hidroeléctrica se incrementó en lo que va del año (las tormentas Agatha y Alex llenaron los embalses con suficiente agua), se esperaría que haya una propuesta de disminución de la tarifa eléctrica por parte de las empresas distribuidoras. Esto, en el mejor de los casos, compensaría el aumento que se dejó de pagar en abril; sin embargo, lo más probable es que haya un incremento en la tarifa, a menos que el Gobierno continúe con el subsidio.

Si el Gobierno decide en octubre subsidiar únicamente a los consumidores abajo de 100 Kwh —como ha sido la norma—, es inminente el aumento para el resto y, en una situación económica complicada como la actual, esta medida tendría un impacto político y económico adverso. Por otra parte, hasta ahora no se conoce el documento de política energética que ha estado trabajando el Consejo Nacional de Energía, pero se espera que este organismo haya revisado el mercado eléctrico y su impacto en las tarifas de la energía, que es al final de cuentas lo que mantiene complicado al Gobierno en este sector. También, y no menos importante, se espera que en la política energética se hayan incluido incentivos al ahorro y a la eficiencia energética de viviendas y empresas.

Por nuestra condición de país importador de petróleo, no nos queda otra alternativa que aumentar la generación hidroeléctrica, la geotérmica y la proveniente de fuentes alternativas de energía (por ejemplo, la solar y eólica), y entrar en un programa serio de ahorro y eficiencia energéticos. Por ejemplo, una buena estrategia al respecto sería subsidiar el reemplazo de las bombillas ineficientes en los hogares. El hecho de que no se haya privatizado la generación de energía de CEL —como era el plan de Arena y sus empresarios cercanos— posibilita que la situación de los subsidios no sea tan complicada en el sector energético, ya que gran parte de ellos se cubren con los ingresos de la CEL. O al menos el Gobierno dispone de recursos de la CEL para hacer inversiones en este sector clave para la economía.

En esencia, el Gobierno tiene problemas financieros para afrontar los subsidios porque sus ingresos provienen de pocas fuentes: la recolección de impuestos que pagan la población y las empresas, lo que recibe el país en concepto de remesas y lo préstamos con bancos internacionales (BID, Banco Mundial y otros). Dado que las principales empresas estatales fueron privatizadas por Arena —con lo que el Estado dejó de percibir importantes ingresos—, el actual Gobierno tiene complicadas sus finanzas. Ante ello, la solución más inmediata es recurrir a un nuevo pacto fiscal.

Para llegar a dicho pacto, el Gobierno tendrá que negociar con algunos grupos empresariales hostiles, cuyos líderes han declarado que el país no tiene rumbo, que no hay confianza, que hay que mantenerse vigilantes, que el país es casa en llamas, que no ven la fábrica de empleos, entre otras. Grupos empresariales que no trabajan en función del país, sino en base a sus propios intereses y agendas políticas. Grupos que viven de recoger, por la vía del consumo, los más de 3 mil millones provenientes de las remesas y de la inversión pública que realiza el Gobierno. Grupos que hacen muy pocos esfuerzos por reinvertir sus ganancias para el desarrollo del país y que a la vez presionan por despojar al Gobierno de los pocos activos que le generan ingresos (puertos y aeropuertos, por ejemplo) y pujan por el incremento de la inversión pública. Este comportamiento de buena parte del sector empresarial no es nuevo —aunque sí sus justificaciones—: durante décadas, El Salvador ha tenido menos inversión privada y extranjera directa que el resto de países de Centroamérica, así como uno de los crecimientos económicos más bajos de la región.

Dado que el sector empresarial difícilmente cambiará de actitud en los próximos años, el Gobierno debe ser más creativo y abrirse a la posibilidad de captar ingresos más allá del pacto fiscal. Esto implica, por ejemplo, fortalecer al Estado a través de la creación, a corto y mediano plazo, de empresas públicas o mixtas en áreas claves de la economía. Una de ellas podría iniciarse a través de la participación directa del gobierno central en Alba Petróleos, hasta ahora una iniciativa de un conglomerado de municipalidades del FMLN. Otras empresas podrían crearse en el sector agrícola, un sector de mucho riesgo y en el que pocos empresarios están dispuestos a invertir. En lugar de subsidiar paquetes agrícolas a campesinos dispersos, debería promoverse la creación de cooperativas agrícolas campesinas en conjunto con el Estado. Esto no sólo daría robustez y estabilidad al sector agrícola, sino que haría que en el país se avanzara hacia la seguridad alimentaria de la población y la conformación de una clase empresarial más solidaria.

Finalmente, en lo que respecta a los subsidios al gas propano y al transporte, el panorama es brumoso. En el caso del primero, aún no es claro si el mecanismo de subsidio cambiará este año. En todo caso, se espera que la focalización ahorre al país 70 millones de dólares anuales. Según publicaciones periodísticas, el subsidio se aplicaría a través de la facturación eléctrica de hogares con consumo menor a 100 Kwh. En el caso de las familias que no están conectados a la red eléctrica (unas 50 mil), sería el Fisdl el encargado de aplicar la medida.

En el caso del subsidio al transporte, a un año de haberse establecido el monto de 500 dólares por unidad al mes, no hay propuestas novedosas sobre la cuestión por parte del Viceministerio. Esto hace suponer que en diciembre se prorrogará este subsidio de manera automática por un período de meses aún indeterminado. Es decir, el problema del transporte público seguirá extendiéndose y profundizándose. Quizás sea hora ya de considerar como solución la constitución de empresas mixtas (Estado + capital privado) que brinden el servicio con la calidad, eficiencia y seguridad que reclaman los salvadoreños.