La elección pendiente

Luego de elegidos los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional y de otras salas de la Corte Suprema de Justicia, aún queda una importante decisión a tomar por parte de las y los diputados. Se trata, ni más ni menos, de la elección del nuevo Fiscal General de la República. Como ya se ha insistido antes, el nuevo funcionario deberá cumplir con un perfil básico: idoneidad, capacidad demostrada en la materia, independencia y autonomía, compromiso hacia las víctimas y visión clara sobre el trabajo de la Fiscalía y su mejoramiento.

De momento, el Fiscal en funciones se ha dado la tarea de anotarse puntos pensando que su camino para ser nombrado oficialmente será cuestión de canjearlos por votos, como si se tratara de un juego de feria.

Vale recordar que la figura de Fiscal en funciones viola los mandatos constitucionales, que establecen la titularidad del Fiscal a aquel profesional elegido por la Asamblea Legislativa; en ningún momento se establece en la Constitución que ante la falta del nombramiento oficial, por un proceso administrativo, algún miembro de la Fiscalía asuma tal tarea.

Acostumbrados a irrespetar los mandatos constitucionales y los tiempos institucionales para la toma de decisiones, nuestros funcionarios hacen lo que quieren cuando se trata de nombrar importantes puestos.

Ser Fiscal General de la República implica un férreo compromiso por liderar las tareas de persecución del delito, mediante la investigación, cada vez más profesional y expedita, de los procesos judiciales. Este cargo implica, pues, velar porque el derecho a la justicia sea una realidad para todas y todos.

Por eso es de vital importancia que los llamados padres de la patria analicen las candidaturas y elijan no en función de intereses partidistas, sectoriales o de otros grupos, sino en función del cumplimiento de las leyes y el respeto de los derechos humanos.

De momento, parece no haber voluntad en el seno de la Asamblea para elegir pronto y sin trabas al nuevo Fiscal, pese a los llamados de atención de diversos sectores sociales. También de momento, la lista de elegibles ha aumentado con la postulación de ex funcionarios públicos. En el caso de estos, mal harían los diputados si no evalúan el desempeño profesional y ético que tales personas rindieron en sus anteriores funciones públicas.

Si bien ya los partidos políticos han adelantado su disposición a entablar un proceso de elección como el empleado en el caso de los magistrados, es de hacer notar que tal proceso fue guiado por secretarios generales o líderes de los partidos, y no por los diputados y diputadas de manera general, quienes sólo se encargaron de ratificar lo que aquellos dirigentes de las cúpulas acordaron en un proceso totalmente ajeno a la discusión legislativa.

Ante tal importante elección, es necesario llamar a la cordura a nuestros diputados, pues de seguir el patrón de elección utilizado para los magistrados, la institucionalidad y el imperio de la ley seguirán siendo vulnerados.