La fecundidad: gran bien y gran carga

Desde el ángulo social, la fecundidad es el gran bien y la gran carga de la comunidad humana. Es comúnmente reconocido —aunque no suficientemente tomado en serio— que el mayor bien de una comunidad socio-política no es la estructura económica ni la infraestructura física, ni las instituciones, sino la población. Desde allí es que se comprende la enorme importancia que tiene la procreación dentro de una sociedad concreta. Pero la fecundidad es también una de las mayores cargas que tiene la sociedad. El principal objeto del presupuesto económico de una comunidad es ofrecer y garantizar alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo, etc. Este aspecto de carga se advierte, sobre todo, en los países con explosión demográfica, que suelen ser al mismo tiempo pobres o en desarrollo.

El año pasado, la población mundial superó los 7 mil millones y, según las proyecciones, ha de llegar a 9 mil millones en 2050. En general, el crecimiento demográfico es mayor en los países más pobres, donde la desigualdad social es más escandalosa, donde los Gobiernos carecen de recursos necesarios para satisfacer la creciente demanda de servicios e infraestructura, donde el crecimiento del empleo no se mantiene al ritmo de la cantidad de personas que se van agregando a la fuerza laboral, y donde muchos grupos de la población tropiezan con dificultades para tener acceso a la información y a servicios de planificación voluntaria de la familia.

El "gran bien" y la "gran carga" están presentes —aunque quizás con más énfasis el segundo— en el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas para 2012. Sí a la opción, no al azar, en la posibilidad de decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos es la idea-fuerza que trata de fundamentarse en el documento. Se exponen, al menos, una constatación, un reconocimiento y un compromiso. Se constata que la mayoría de los habitantes de países empobrecidos tiene serias dificultades para determinar el tamaño de sus familias. Según se estima, hay 222 millones de mujeres que carecen de acceso a servicios fiables y de alta calidad de planificación de la familia, así como a la información y suministros relacionados, lo cual las coloca en una situación proclive a tener embarazos no deseados.

Se reconoce que la planificación de la familia es un derecho intrínseco y, por tanto, debería estar al alcance de todos, y no solamente de los más ricos o los más privilegiados. En consecuencia, se indica que los Gobiernos, las entidades de la sociedad civil, los proveedores de los servicios de salud y las comunidades deben asumir el compromiso de proteger el derecho a la planificación de la familia de todas las mujeres, todos los hombres y todos los jóvenes. La razón básica de este compromiso, según el programa de acción aprobado por 179 Gobiernos, es que la planificación de la familia redunda en inmensos beneficios para las mujeres, las familias y las comunidades en todo el mundo. Al posibilitar que las personas escojan la cantidad de hijos que tendrán y el espaciamiento entre ellos, la planificación de la familia puede lograr que las mujeres y sus hijos tengan vidas más largas y saludables. Echando una mirada hacia el futuro, en el informe se estima que si 120 millones de personas más tuvieran acceso a la planificación de la familia, se reduciría en 3 millones la cantidad de lactantes que mueren en su primer año de vida.

Otra contribución importante de la planificación familiar enfatizada en el documento es evitar los embarazos no deseados, los cuales pueden tener efectos negativos sobre la posibilidad de una mujer de ejercer otros derechos. Una adolescente que queda embarazada, por ejemplo, suele verse forzada a abandonar la escuela y, por consiguiente, queda privada de su derecho a la educación. Por otra parte, se señala que de los 80 millones de embarazos no deseados que, según las proyecciones, han de ocurrir en 2012, unos 40 millones terminarán en aborto. Al responder a la necesidad de planificación de la familia en todo el mundo se evitarían 54 millones de embarazos no deseados, lo que reduciría en unos 26 millones el número de abortos.

Ahora bien, reconocidos los beneficios, hay que insistir en que la disminución de las tasas de natalidad no se obtiene por el simple hecho de facilitar el acceso a los métodos de planificación familiar. Esta medida, para que tenga efectividad, debe formar parte de programas integrales de educación, salud y generación de ingresos. Dicho de otro modo, no existirá opción para decidir sobre la propia fertilidad mientras la seguridad económica personal dependa parcial o totalmente del número de recién nacidos que sobrevivan; mientras sean necesarios muchos nacimientos para que al menos algunos niños lleguen a la madurez; mientras los servicios de salud, incluidos los métodos de control de la natalidad, solo estén al alcance de aquellos con mayores ingresos; mientras una mujer no tenga más elección que el matrimonio y su única fuente de poder sean sus hijos e hijas; mientras las posibilidades educativas y laborales de las mujeres sean muy limitadas. En pocas palabras, solo en condiciones de cierto bienestar social se puede decidir libremente —por opción, no por azar— el número de hijos y su espaciamiento.

Y no hay que olvidar algo esencial planteado por la ética en este campo: la procreación humana no es un puro fenómeno reproductivo que termina con el alumbramiento, sino que supone un largo proceso de acogida, seguridad, cariño y protección a la prole. La hija, el hijo, como persona, debe ser tanto fruto del amor como de la biología de los padres. De allí que el derecho y el deber de una población cada vez más humana se traduce, en términos éticos, en la normatividad expresada por el principio de paternidad/maternidad responsable. Es decir, los hijos no deben ser fruto del instinto o de la irresponsabilidad, sino del amor responsable y maduro de los cónyuges.