La justicia del régimen

El presidente Bukele ha tenido a bien impartir justicia en el caso de la masacre en la UCA, sucedida el 16 de noviembre de 1989. Así, ha girado órdenes a la Sala de lo Constitucional, que, como era de esperarse, ha reaccionado rápida y cumplidamente. Los magistrados impuestos han desbloqueado el proceso, antes detenido inconstitucionalmente. Al comunicar su decisión, Bukele aseguró que “con esta resolución de hoy, damos un paso en la búsqueda de la justicia”. Una declaración que conviene tomar con reserva. La justicia no se impartirá por ser una obligación del Estado, postergada más de tres décadas, sino por una decisión personal del mismo Bukele, cuyos motivos atesora el pecho presidencial. Tampoco implica que se vaya a administrar justicia, ya que es una disposición personal de un mandatario que no se caracteriza por la consistencia. La volubilidad de la palabra presidencial aconseja aguardar los resultados antes de emitir un juicio.

La decisión presidencial no es “un paso en la búsqueda de la justicia”, porque muchas otras masacres, peores que la de la UCA, incluso anteriores a ella, en concreto, la de El Mozote, aún aguardan justicia. La tendrán si Bukele así lo ordena. Él decide a quién se hace justicia y a quién no. La justicia que ahora anuncia no es universal, sino parcial y, en ese sentido, arbitraria. El presidente dice bien cuando reprueba “que las personas que roban gallinas estén en las cárceles y los que ordenan masacres anden libres”. Sin embargo, no ha dado un solo paso para poner remedio a esta injusticia estructural. Mons. Romero la denunció hace ya décadas, sin que sus palabras hayan sido recogidas por el sistema judicial.

Los poderosos gozan de impunidad, mientras que los delincuentes de poca monta, muchos de ellos desesperados por el desempleo y el hambre, acaban en la cárcel, donde aguardan durante años una sentencia. Los poderosos de hoy son diferentes de los de ayer, mientras que los desvalidos son los mismos de siempre. La justicia actual se ensaña con algunos de los dirigentes de Arena y del FMLN, acusados de corrupción, mientras pasa por alto los crímenes de los funcionarios actuales, aun cuando existen indicios sólidos en su contra. El sistema judicial sigue al servicio de los poderosos de turno. En este sentido, Bukele debiera estar agradecido a los acuerdos de 1992, que obviaron la reforma judicial por falta de visión.

El Mozote avisa sobre la justicia que se puede esperar del régimen. Recién llegado al poder, Bukele recibió en Casa Presidencial a una representación de las víctimas, la invitó a su mesa y le prometió justicia. Cuando el juez solicitó la documentación militar de la masacre, Bukele se la negó. Tampoco ha identificado y entregado los restos exhumados de algunas de las víctimas. A pesar de ello, no ha tenido reparos en visitar El Mozote en dos ocasiones para afirmar que “la guerra fue una farsa” y, por ende, también sus víctimas, y para hacer promesas incumplidas. La negligencia es tal que la Corte Interamericana de Justicia ha ordenado al Estado salvadoreño identificar a los saboteadores del proceso judicial. La retórica presidencial no respeta a las víctimas; las manosea y las utiliza a su antojo. En lugar de acelerar el trabajo fiscal, se dispone a crear una comisión legislativa para perseguir política y judicialmente a sus enemigos. En vez de asumir competencias que no le corresponden, el oficialismo debiera legislar la justicia transicional, un elemento clave para procesar los crímenes de la guerra. La conmemoración de las víctimas de la guerra en lugar de la de los acuerdos de 1992 no es para honrar a aquellas, sino para denigrar a Arena y al FMLN.

No existen argumentos para pensar que “hoy no se tolerará ningún crimen”, otra promesa presidencial vacía. Los desaparecidos, que luego comparecen como cadáveres, ya forman parte de la vida cotidiana, así como la extorsión y el desplazamiento forzoso. El coqueteo con organizaciones criminales transnacionales y con matones forma parte de la política del régimen y, contradictoriamente, neutralizan el esfuerzo de sus cabilderos en Washington. El pacto con las pandillas, que incluso protege a sus líderes de la extradición a Estados Unidos, es un elemento importante del plan de seguridad. Los protegidos por los Bukele gozan de impunidad; los desvalidos son castigados severa e inhumanamente. En palabras del fiscal impuesto reelecto, “si se comportan como animales, los cazaremos como animales y los encerraremos”.

La justicia del régimen de los Bukele no es auténtica. De todas maneras, El Mozote y la masacre en la UCA abren la posibilidad para comenzar a enderezar un sistema judicial descarrilado por la ineptitud, la desidia y la corrupción. El Estado salvadoreño ha negado sistemáticamente la justicia a las víctimas de la guerra y del terrorismo estatal, y a los desposeídos. Esa deuda no se cancela con el establecimiento de un día conmemorativo, sino administrando la justicia debida.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.