La política social del empleo decente

En la lucha contra la pobreza, suelen reconocerse al menos tres modos de enfrentarla: la asistencia, la promoción social y el cambio estructural. La asistencia se ocupa de paliar los efectos inmediatos sin atender directamente las causas. La promoción busca atacar las causas de la pobreza, pero concentrándose en el desarrollo de las capacidades individuales. Y el cambio de estructuras se orienta hacia la implementación de políticas económicas y sociales incluyentes, que conduzcan al desarrollo de las personas y los pueblos. Las tres medidas pueden producirse simultáneamente y no tienen por qué ser excluyentes entre sí, pero si las dos primeras se desconectan de la tercera, se corre el riesgo de no ser eficaces en la solución de los principales problemas que afectan a las mayorías.

Este modo de encarar el problema de la pobreza con paliativos y de manera temporal (mientras haya recursos disponibles) es analizado por el informe del PNUD sobre desarrollo humano de 2013. El organismo señala las debilidades de los modelos de desarrollo que no unifican lo económico, lo social y lo político. Al respecto, se habla de dos tipos de enfoques diferentes. El primero considera que es prerrequisito que un país sea rico para que luego pueda invertir masivamente en lo social. La política social, en este caso, es concebida como el conjunto de programas de atención a los pobres para aliviar su situación. El segundo enfoque, por el contrario, visualiza la política social como la principal herramienta para corregir las desigualdades en la distribución del ingreso y de la riqueza, generadas por un sistema económico considerado injusto y difícil de cambiar. En consecuencia, la política social es vista como un medio para contrarrestar los fracasos de las políticas económicas.

El informe explica que si bien ambas visiones parten de ideologías distintas, coinciden en tres aspectos. Primero, en ofrecer respuestas focalizadas a los económicamente frágiles. Segundo, las medidas y programas propuestas por ambas visiones se caracterizan por ser de tipo paliativo (asistencialista), sin que se cambien las condiciones estructurales que originan y reproducen la pobreza. Y tercero, coinciden en que el alcance de la política social está en función de la disponibilidad de recursos presupuestarios, los cuales generalmente son escasos e insuficientes para atender a los potenciales beneficiarios. Frente a ambas posturas, el informe propone un modelo de desarrollo en el que no exista jerarquía ni separación entre política económica y política social. Las políticas sociales deben orientarse a prevenir ciertos riesgos relacionados con la inestabilidad laboral y familiar, y las políticas económicas deben buscar el crecimiento económico y el empleo, vinculándolos al fortalecimiento de las redes de seguridad social.

En esta última perspectiva, cobra centralidad el pleno empleo, la cohesión social y la mejora progresiva de la productividad y de los salarios reales. Asimismo, hay una conexión directa con la transformación cultural, ya que la generación de empleo decente fortalece la identidad y autoestima de las personas, estimula su creatividad individual y la incentiva a organizarse para defender intereses comunes, sea como trabajadores, consumidores, contribuyentes o ciudadanos. Según el documento, los modelos de desarrollo impulsados en El Salvador no han sido capaces de ofrecer suficientes trabajos decentes, es decir, trabajos con remuneración justa, protección social, condiciones de seguridad, posibilidades de desarrollo personal, reconocimiento social e igualdad en el trato para mujeres y hombres. El resultado es grave: el mercado laboral no permite a la mayoría de personas desarrollar sus capacidades, desplegar su potencial y procurarse los medios para alcanzar el bienestar.

Las cifras actuales son desafiantes. El trabajo decente es un privilegio del que goza menos del 20% de la población en edad de trabajar. Para el 80% restante, conseguir un mejor empleo o encontrar uno digno es una de sus principales aspiraciones insatisfechas. De cada 100 personas de la población económicamente activa, 6 están desempleadas y 46 subempleadas. Así, el subempleo es el principal problema del mercado laboral salvadoreño, lo que significa que muchos trabajan en lo que sea, aunque se gane menos del salario mínimo, aunque no alcance para mantener a la familia, aunque no se puedan satisfacer las necesidades básicas. De ahí que el objetivo de largo plazo propuesto en el informe es un acuerdo nacional por el empleo, que consiste en que todos los salvadoreños en edad de trabajar, y con capacidad y voluntad de hacerlo, tengan acceso a un empleo decente que los haga sujetos de su propio desarrollo. Esta sería la mejor política social, y no tanto las ayudas estatales que suelen ser paliativas y difíciles de mantener en un contexto de escasez de recursos.

Aquí tenemos uno de los principales desafíos, de carácter ineludible, para quien pretenda ser Presidente del país. Y claro está, no se le debe hacer frente con promesas demagógicas, sino con propuestas realistas, viables y concertadas que posibiliten un sistema económico justo e incluyente, cuyo fin sea generar mayor bienestar y aumentar las oportunidades y capacidades de las personas. Esta es condición de posibilidad para que el trabajo sea lo que debe ser: un camino de humanización, y no un lugar donde se expresan muchas de las injusticias que hay en una sociedad. Por eso se dice que la mejor política social es la generación de trabajo decente. Y esa política, para que sea eficaz, debe ser del Estado salvadoreño y no del Gobierno de turno.