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2009 bien pudiera declararse como el año más violento post Acuerdos de Paz en El Salvador. Más de 4 mil personas fueron asesinadas y, tal como funciona nuestro sistema de justicia, se agregarán a la estadística roja de casos impunes. En otras palabras, más de 4 mil familias han padecido la pérdida de uno de sus miembros.
Con respecto a 2008, el año que recién finalizó registró 1,186 asesinatos más. En materia de seguridad, delitos graves como las extorsiones también aumentaron considerablemente en 2009.
Según una gremial de transportistas, el sector perdió más de 18 millones de dólares en concepto de pago por extorsiones y más de 140 empleados del sector fueron asesinados. Entre enero y noviembre de 2009, 1,124 personas fueron detenidas acusadas por extorsión.
Ante estas cifras, no debe obviarse la otra cara: además de la inseguridad, también existe la impunidad que genera nuestro sistema de justicia. A las fallas institucionales en materia de persecución del delito deben sumarse las debilidades del sistema judicial.
Tras años de enfoques represivos desde la legalidad y la actuación policial, la llegada de un nuevo partido al poder brindaba señales de esperanza. Sin embargo, el cambio de gobierno no significó una mejora sustancial en el combate a la delincuencia ni en la provisión de seguridad pública.
Si bien en 6 meses no se pueden dar giros de 180 grados, ello no exime a la actual gestión de su cuota de responsabilidad en el tema, al centrar la atención en planes de corto plazo que, al menos como percepción, generan algún grado de satisfacción entre la población.
Las medidas tomadas hasta la fecha no han logrado cumplir el propósito de reducir la criminalidad ni garantizar seguridad. La apuesta por la prevención sigue siendo un discurso que no se convierte en acciones y planes estratégicos de largo alcance e impacto.
Mientras eso sucede, esfuerzos focalizados en lo local, centrados en la organización ciudadana y la coordinación interinstitucional, empiezan a funcionar como experimentos en el tema. Todo parece indicar que la vía del trabajo territorial y la potenciación de la acción colectiva ciudadana podrían ser los caminos adecuados para lograr disminuir los niveles de violencia en el país.
Junto a esta apuesta, la sociedad debe superar el principal desafío pendiente: el respeto irrestricto a la vida humana, principal vulneración padecida por las y los salvadoreños. Para eso, hace falta generar una visión de conjunto sobre el tema, generar planes que ataquen las razones de fondo y brinden oportunidades de desarrollo. Responsabilidad que cae sobre las autoridades gubernamentales.
