La seguridad en Centroamérica

En la actualidad, la seguridad se ha convertido en un tema de importancia capital en Centroamérica debido, por una parte, al crecimiento de los niveles de pobreza en las poblaciones de la región y, por otra, al incremento de la espiral de violencia, narcoactividad y crimen transnacional. Ambos factores han contribuido a acrecentar la inseguridad en los países del istmo. La comprensión de este fenómeno y su impacto en la región demandan aproximaciones teóricas para entender correctamente sus raíces y dimensiones, e incentivar en la academia procesos investigativos conducentes a la búsqueda de alternativas de solución.

El tema de la seguridad surge como una política pública de los Estados para poner fin a los conflictos armados de los años setenta y ochenta, y tuvo como marco de referencia la seguridad nacional, cuyas acciones se orientaban a la defensa del territorio y a la lucha contra la amenaza que representaban para los Gobiernos de la época los grupos de izquierda. Sin embargo, en el proceso de negociación de la paz en Centroamérica, el tema fue abordado desde una perspectiva regional. El proyecto de pacificación se concretó en el Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, producto de los esfuerzos desplegados por los países integrantes del Grupo de Contadora, los cuales alentaron a los Gobiernos centroamericanos a firmar el Acuerdo de Paz de Esquipulas II (1987), que incluía compromisos regionales en materia de seguridad para los Estados parte.

El proyecto de seguridad democrática a nivel regional fue asumido por los Gobiernos del istmo en el Protocolo de Tegucigalpa (1991), que dio nacimiento al Sistema de la Integración Centroamericana, que —entre otros objetivos— se propuso concretar el nuevo modelo de seguridad en la región. El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, suscrito en 1995, regula el modelo de seguridad y simboliza la transición desde el modelo de la seguridad nacional, que sumió a la región en una situación de violencia y guerras, a una nueva etapa de seguridad democrática propia de la transición que se inició con el proceso de paz de Esquipulas y que en términos de integración se refleja en el Protocolo.

El modelo centroamericano de seguridad, al enfocarse en la seguridad democrática, introduce un nuevo paradigma para abordar el tema en la región. Se entiende como seguridad todas aquellas condiciones que propicien el bienestar de los seres humanos: el desarrollo de las formas representativas en la vida política, la ausencia de riesgos o amenazas físicas, la generación de condiciones mínimas de ingreso, vivienda, salud, educación, etc. A partir de esa perspectiva, la razón de ser del modelo evoluciona de afianzar la seguridad de los Estados a garantizar la de los países centroamericanos y sus habitantes, mediante la creación de condiciones que permitan el desarrollo personal, familiar y social en paz, libertad y democracia.

Al ser concreción de los propósitos del Protocolo de Tegucigalpa, el modelo se sustenta en el fortalecimiento del poder civil; el pluralismo político; la libertad económica; la superación de la pobreza y la pobreza extrema; la promoción del desarrollo sostenible; la protección del consumidor, del medioambiente y del patrimonio cultural; y la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas. Además, el establecimiento de un balance razonable de fuerzas que tome en cuenta la situación interna de cada Estado y las necesidades de cooperación entre todos los países centroamericanos para garantizar su seguridad.

En opinión de Randall Arias, "el Tratado Marco deja atrás esa triste noche de la región dominada por la Doctrina de la Seguridad Nacional y su Realpolitik, para inaugurar una nueva etapa de un democrático equilibrio cívico-militar, con un enfoque amplio de la seguridad que incluía elementos propios de una agenda de desarrollo regional en paz y democracia. Este nuevo modelo de seguridad democrática pretendía superar la Doctrina de la Seguridad Nacional que había prevalecido y que se centraba en la destrucción del enemigo interno en detrimento del Estado de derecho". Para Centroamérica, el nuevo enfoque significaba el paso del poder militar al poder civil en el marco de la democracia representativa y al gradual sometimiento de la fuerza militar al poder civil.

El Tratado Marco de Seguridad Democrática plantea en su contenido una agenda de desarrollo consistente con lo que simultáneamente el PNUD empezaba a sistematizar por medio del concepto de seguridad humana, ya con una agenda de desarrollo humano. El Tratado aborda el tema de la seguridad haciendo una adecuada distinción entre seguridad interna —concentrada en las personas y sus bienes— (afín al enfoque de seguridad humana) y seguridad regional (afín al enfoque de seguridad multidimensional). Regula, además, la organización e institucionalidad de la seguridad regional, creando así el primer diseño y gobierno en la materia, naturalmente imperfecto como toda construcción humana, pero ciertamente destacable en el sentido de gestionar regionalmente el tema de la seguridad.

A pesar de las bondades del Tratado Marco de Seguridad en Centroamérica, un estudio de 2004 de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Cries) concluía que en los primeros seis años, su aplicación práctica había respondido más a una concepción tradicional de la seguridad que al enfoque novedoso que pretendía desarrollar. Esta percepción se vio reforzada por la presiones de Estados Unidos ante el incremento de la narcoactividad y la amenaza del terrorismo (acentuada luego del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, en 2001), lo cual trajo como consecuencia un mayor protagonismo de las fuerzas armadas en la región. Desde entonces, esos resultados pusieron en evidencia la necesidad de modificar el Tratado en virtud de sus limitaciones, para hacerlo operativo.

El tema de seguridad en la actualidad se enfoca desde el concepto de seguridad humana, el cual, como ya se adelantó, fue introducido al debate por el PNUD en su informe sobre desarrollo humano de 1994. Según este enfoque, la seguridad humana tiene una naturaleza universal, centrada en las personas, la interdependencia, y enfocada a la prevención de conflictos y la cooperación. La seguridad humana, según el documento La seguridad humana ahora (2003), busca proteger las libertades vitales conectando diferentes tipos de libertades: frente a violaciones y al miedo, así como para actuar en nombre propio. Y ofrece una estrategia dual: la protección y la realización del potencial, es decir, la protección "desde arriba", desde el Estado, para así lograr la realización del potencial "desde abajo", de las personas a quienes el Estado debe proteger y cuyas capacidades debe proyectar.

En la Declaración de Panamá (2010), los mandatarios centroamericanos reiteraron que el tema de la seguridad es una prioridad para todos los países de la región y reafirmaron su compromiso con la lucha contra el crimen, la violencia y la inseguridad, así como contra las amenazas transnacionales ocasionadas por el narcotráfico, las pandillas, el tráfico ilícito de armas, el tráfico de migrantes y la trata de personas; todo de manera conjunta e integral. Asimismo, los jefes de Estado y de Gobierno instruyeron al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores a celebrar una reunión intersectorial con los consejos de ministros encargados de la seguridad pública, a fin de acordar acciones estratégicas en relación con la seguridad regional, incluyendo los aspectos de prevención y persecución del delito. De igual forma, instruyeron a las autoridades respectivas de los países miembros del SICA y a la Secretaría General del organismo para que procediesen a organizar la Conferencia Internacional de Apoyo al Financiamiento de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, que se realizó en Ciudad de Guatemala, en junio de 2011.

La Conferencia de Seguridad culminó con promesas de la comunidad internacional de aportar un total de 2 mil millones de dólares para evitar que el istmo sea un bastión del narcotráfico. Con ese objetivo, se adoptó un plan estratégico de 22 proyectos para dotar de mayores niveles de seguridad a Centroamérica, que Naciones Unidas ha calificado como la zona más violenta del mundo (exceptuando las zonas de guerra), y que ha sido puesta en jaque por los carteles de drogas y las temidas maras o pandillas.

Finalmente, de acuerdo al planteamiento de los enfoques de seguridad humana en boga, la seguridad, hoy por hoy, al centrarse en la persona y en las condiciones que requiere para su realización, ya no es de naturaleza regional, sino universal. Este hecho debe motivar el interés de la academia en acoger el tema en las respectivas agendas de investigación de las diferentes disciplinas. En paralelo, y dado que el tema en sí es abordado desde una nueva perspectiva, también el marco jurídico que regula esa materia y sus respectivos contenidos exigen una adecuación a las circunstancias que la región vive en la actualidad.