La igualdad es una vieja aspiración de todos los que creen en la dignidad común a todos los seres humanos. Pero en estas épocas de individualismo y afán de lucro personal, los ataques a la igualdad se centran en lo aburrido y poco creativo que sería un mundo en el que todos viviéramos, vistiéramos y comiéramos de la misma manera, elimináramos la rica diversidad del género humano y fuéramos como piezas de una maquinaria social que nos convierte en una especie de autómatas. Se acusaba al socialismo de pretender eso y se nos mostraba como prueba la exageraciones igualitarias de algunos regímenes dictatoriales o autoritarios de lo que se solía llamar el comunismo internacional. Y mientras se trataba con cierto desprecio la igualdad, se gestaba en el mundo capitalista un proceso de desarrollo que consagraba la desigualdad, tanto al interior de algunos países como en el mundo en general. El socialismo democrático, con los partidos socialdemócratas, consiguió rebajar la desigualdad en la primera mitad del siglo XX en los países desarrollados. Pero en nuestras naciones continúa siendo una lacra que impide el desarrollo y aumenta las contradicciones y problemas sociales.
Incluso en estos tiempos de pandemia, los más ricos continúan creciendo en riqueza mientras la inmensa mayoría de seres humanos han sufrido la crisis del covid, dañando su ingreso y su nivel de vida. En Estados como el nuestro, que presume de haber realizado donaciones a lo largo de estos dos duros años de coronavirus, la política ha olvidado con frecuencia a los más pobres de los pobres. Los atrasos en el pago de la pensión compensatoria que se les da a las más de 30 mil personas mayores de 70 años, pertenecientes a los municipios y zonas de mayor pobreza del país, ha sido una una constante desde que inició el programa. Pero el Gobierno actual ha batido el récord, dejando a los ancianos de algunos municipios con atrasos de 9 meses en el pago de los 50 dólares mensuales que por ley debe darles. La tendencia a despreciar los derechos de los ancianos pobres muestra siempre la falta de sensibilidad ética y social de nuestros gobernantes, independientemente del partido al que pertenezcan. Y si además analizamos otros gastos gubernamentales, rápidamente podemos observar que el más débil es siempre el peor tratado.
La igualdad trae ventajas a los países que la promocionan y trabajan. La educación, la propiedad de la vivienda, el salario digno, la seguridad social universal, un sistema de pensiones universal son tareas indispensables para lograr una igualdad básica y un respeto elemental a la dignidad humana. Es cierto que El Salvador debe crecer en su economía para desarrollar programas sociales cada vez más humanos y sostenibles. Pero ello debe ir acompañado de un sistema de redistribución de la riqueza que no permita que unos pocos se beneficien especialmente mientras otros muchos quedan en el margen, en el que abundan las vulnerabilidades, las carencias y las necesidades no cubiertas. El país necesita una reforma de impuestos progresiva, aunque hasta ahora ningún Gobierno, incluido el actual, haya sido capaz de echarla adelante. Es bueno que se critiquen los sobresueldos de los empleados públicos. Pero es una vergüenza que en el Estado haya sueldos que sobrepasan en más de diez veces el salario mínimo del país. Y eso se agrava cuando vemos que además del salario mínimo de 365 dólares mensuales hay otro mínimo, para los trabajadores agropecuarios, que es el verdadero mínimo, de 243 dólares mensuales.
Cuando uno hace estas críticas, no faltan personeros y simpatizantes del actual Gobierno que preguntan por qué hasta ahora se dice eso, cuando este Gobierno —dicen— es el que más cosas da a los pobres. La pregunta tiene un punto de partida falso. Esto lo hemos repetido tanto en tiempo de Arena como del FMLN, que ciertamente no acertaron a poner los medios adecuados para reducir significativamente la desigualdad. Y debemos seguir repitiéndolo ahora, porque el tema de la igualdad es urgente y porque el Gobierno actual, pese a algunas cosas bien hechas, no ha logrado cambiar una tendencia que conduce a la desigualdad. La aceptación pública del gobernante no justifica la calidad del Gobierno. Y el trabajo en favor de la igualdad en países como el nuestro, donde la vulnerabilidad y la pobreza son tan abundantes, resulta indispensable para garantizar un futuro de bienestar económico y social. No trabajar el tema, por mucho que se confíe en un supuesto crecimiento económico o en un liderazgo carismático, también supuesto, mantendrá al país colapsado y dividido en demasiados aspectos.
* José María Tojeira, director del Idhuca.