Lo que los fotomontajes no alcanzan a esconder

El pasado viernes 14 de enero, el Iudop presentó su más reciente estudio: la evaluación de las y los salvadoreños sobre la situación general del país al cierre del año 2021. La encuesta estuvo enfocada en conocer las vivencias y opiniones de las personas sobre diversas temáticas, como delincuencia, economía, migración, salud y educación.

La imagen de país que arroja la opinión pública dista en muchos aspectos de la realidad cuidadosamente retocada, es decir, artificialmente mejorada, embellecida y estilizada, que proyecta la narrativa del Gobierno. Lo que el oficialismo vende a través de su enorme y sofisticada maquinaria de propaganda esconde una variedad de tonos grises y negros de la vida cotidiana que han sido cuidadosamente excluidos, pero que la población no deja de percibir. Es necesario, pues, acercar la mirada a dos aspectos que parecen prohibidos en el vocabulario de la planilla gubernamental: la economía y la pobreza.

Pese a los esfuerzos del Gobierno por mostrarse victorioso en materia económica, haciendo alarde de un crecimiento histórico del producto interno bruto (PIB) de más del 10% (olvidando selectivamente el posible efecto del incremento del 6.11% en la inflación interanual del índice de precios al consumidor y que la fórmula matemática del crecimiento tiene como base el año anterior, 2020, en el que hubo una caída histórica del PIB), la mayoría de la población salvadoreña muestra una opinión moderada o pesimista sobre la situación económica del país. El 30.6% considera que el país está peor en materia económica, 32.9% que está igual y 36.5% que está mejor. Es muy llamativa la prevalencia de respuestas pesimistas o moderadas por sobre las optimistas, a pesar de la amplia campaña gubernamental en medios tradicionales y redes sociales sobre un cambio radical con respecto a 2020, en el cual el país estuvo paralizado industrial y comercialmente, la economía se contrajo y la pobreza aumentó.

Hablando de pobreza, el 31.3% considera que esta aumentó, cerca de la mitad (47.8%) que siguió igual y solo 20 de cada 100 (19.9%) que se redujo. A este respecto, la opinión pública mantuvo una tendencia similar a la del fatídico 2020, con un leve incremento de las respuestas moderadas por sobre las pesimistas. En 2020, un 43.6% creía que la pobreza había aumentado, 39.8% que seguía igual y 16.6% que había disminuido.

El comportamiento de la opinión pública, distanciado en materia económica del discurso oficialista, no responde al azar, sino a diversos factores de la situación familiar en 2021. Con el objetivo de conocer el impacto de los incrementos de precios en las familias salvadoreñas, se consultó a las personas si en sus hogares habían tenido que reducir en los últimos meses la compra de 18 alimentos consumidos cotidianamente en la canasta familiar salvadoreña. Los resultados son reveladores. De cada 100 hogares, solo 19 no han tenido que reducir la compra de alguno de esos 18 alimentos, la mitad ha tenido que reducir en alguna medida la compra de aproximadamente la tercera parte o más de los alimentos que regularmente compraba, y uno de cada cinco hogares ha tenido que reducir la compra de casi todos o todos los alimentos que regularmente compraba.

Los hogares que más han tenido que reducir la compra de los alimentos enlistados (frijoles, arroz, azúcar, aceite, tortillas, pan, macarrones, huevos, leche, quesos, embutidos, carne de res, pollo, pescado, tomates, cebollas, papas y zanahorias) son los de ingresos mensuales de $500 o menos (aproximadamente el 60% de quienes declararon su ingreso); aquellos en los que uno de sus miembros tuvo que pedir dinero prestado para cumplir con los compromisos mensuales del hogar; los hogares ubicados en el área rural; y los hogares con núcleos familiares de 6 personas o más. Por el contrario, cuando las personas recibían remesas (un 36.3% las recibía), se reducía el nivel de afectación en la compra de alimentos.

Por otra parte, de las 8 de cada 10 familias que ocuparon el transporte público en 2021, el 27.5% tuvo que reducir la cantidad de unidades que abordaba porque no le alcanzaba el dinero para pagar todos los pasajes. En el grupo de hogares en los que uno o más de sus integrantes estudiaban (9 de cada 10), en el 15.6% al menos una de esas persona tuvo que dejar de estudiar por problemas económicos. Y el 37.8% de los hogares ha tenido que reducir, en alguna medida, la cantidad de medicinas que compraba.

Los resultados de la encuesta arrojan un dato que no sorprende: quienes más se ven afectados en su capacidad de compra de alimentos debido a las alzas en los precios son quienes con mayor frecuencia han tenido que reducir la adquisición de medicamentos, han tenido que limitar las unidades de transporte público que usan y han tenido que abandonar sus estudios por motivos económicos. Tampoco es sorpresivo otro dato que aporta la encuesta: son estas personas, mayoritariamente, quienes tienen una visión menos optimista sobre la situación general del país, la economía, la pobreza y su propia economía familiar.

2022 ha comenzado con pocas expectativas de que los precios bajen y de que el costo de la vida en general mejore. Este año se necesitará mucho más que el buen uso de fotomontajes, el gasto millonario en publicidad y las políticas públicas improvisadas para aliviar la delicada situación económica de las y los salvadoreños y mejorar su calidad de vida.

* Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA.