Cuando comienza un año, se deben marcar objetivos. Y cuando un país como el nuestro hace agua por diversos costados, tener objetivos claros es tarea urgente. No deben ser muchos, porque cuando la lista es interminable lo más probable es que no se haga nada o se haga muy poco. Ni deben tener los objetivos segundas intenciones. Porque cuando detrás de un objetivo nacional hay una doble intención, la tendencia es a que tanto el camino hacia la meta como los resultados se desvirtúen. Dicho esto, proponemos a continuación una serie de objetivos que, aunque no son los únicos que pueden señalarse como prioritarios, son al menos problemáticas que merece la pena enfrentar con seriedad, unidad nacional y verdadero esfuerzo colectivo.
La violencia es el primer objetivo. Nos toca y daña a todos, incluidos los propios violentos. La reducción de los homicidios y el pacto entre las maras han ofrecido en 2012 una ventana de oportunidad para tocar a fondo el problema de la violencia y avanzar en su solución. Proseguir el proceso incluyendo a nuevos sectores y personas de la sociedad civil es una necesidad si queremos fortalecer lo conseguido hasta el presente. Multiplicar al mismo tiempo las oportunidades de trabajo para los sectores jóvenes en riesgo y abrir oportunidades de secundaria en zonas donde la oferta es escasa e insuficiente y la presencia de jóvenes en edad de bachillerato abundante, son dos medidas básicas. Y simultáneamente es importante desarrollar medidas preventivas, como la educación para la paz, la presencia de policía comunitaria en zonas de riesgo, la organización vecinal, o bien formas alternativas de organización juvenil, sean estas deportivas, artísticas o religiosas.
El trabajo y la multiplicación de posibilidades laborales es un segundo desafío. Cuando más del cincuenta por ciento de la población tiene problemas de tipo laboral, desde el desempleo al subempleo pasando por salarios claramente injustos, no podemos aspirar ni a tener la cohesión social indispensable para salir del subdesarrollo ni a construir un país en paz. Tanto el Estado como la empresa privada pueden y deben ser promotores de empleo digno. Vivimos en un país de trabajadores, que cada vez son más conscientes del valor del trabajo. Y que, por lo tanto, difícilmente aprecian los salarios de hambre o insuficientes para satisfacer necesidades básicas. En ese sentido, la reflexión y las decisiones que se tomen deben ser serias e ir acompañadas de los mecanismos adecuados para promover empleo de cierta calidad. Una mayor inversión en Insaforp, una oferta sistemática de capacitación y mejora de habilidades es imprescindible para elevar la calidad del trabajo, la productividad, y lograr un avance serio hacia el salario digno. La empresa privada debe hacer un esfuerzo importante al respecto y dejar de hacer cálculos de si una mejor situación laboral puede tener consecuencias políticas favorables al Gobierno. Cuando la empresa privada mezcla la política con sus funciones productivas es el país el que acaba sufriendo crisis y daños permanentes.
La austeridad y la lucha contra la corrupción debe ser otro de los grandes objetivos de este año. No podemos, en tiempo de crisis y de escaso crecimiento económico, usar el dinero público con tanta superficialidad y derroche como ha sido tradición en el país desde hace demasiados años. Si el dinero público que se gasta en regalos, banquetes, bonos caprichosos, viáticos desproporcionados, flores y otros aditamentos superfluos se destinara a la educación, al deporte popular y a inversiones productivas de emprendedores en la pequeña y microempresa, no solo se favorecería un poco más el desarrollo, sino que se crearía un mayor sentido de solidaridad y de cohesión social. Lo contrario, ver formas de despilfarro en un país pobre como el nuestro, crea resentimientos y aumenta la desconfianza en las instituciones públicas y las personas que en ellas tienen perfil dirigente. Si aún encima se perciben signos de corrupción en diferentes estratos del Estado, desde los municipales hasta niveles más elevados, el malestar ciudadano asciende a cuotas demasiado altas.
Se puede decir que en un año electoral es prácticamente imposible lograr acuerdos entre políticos. Pero si desde la ciudadanía se insiste con la suficiente fuerza en que más que griterío político queremos objetivos nacionales claros, decentes y que construyan cohesión social, a los políticos no les quedará más remedio que optar entre seguir desprestigiándose o tomar algunas medidas que lleven a opciones de conjunto y a favorecer el bien común. Los políticos no se mueven fuera del sentir ciudadano. Tratan a veces de manipularlo, pero son sensibles a la palabra, a las ideas y a las presiones de la opinión pública. Y es en tiempo preelectoral cuando la ciudadanía debe imponer su voz sobre el griterío y la manipulación que estos meses venideros nos pueden traer si no somos capaces de ofrecer opciones responsables de desarrollo y de convivencia solidaria. Cada vez es más clara la experiencia ciudadana de lo que puede lograr en política una opinión pública fuerte y expresada desde diversos y múltiples ángulos. La posibilidad de doblegar las malas mañas de los políticos sí existe. Solo se necesita tener objetivos comunes y ejercer una presión sistemática desde el campo de la opinión. Sean los objetivos expuestos los que debemos promover, o bien otros diferentes, lo que no podemos es quedarnos con los brazos cruzados en un tiempo preelectoral. Prescindir de objetivos claros para el presente año en la opinión pública es simplemente conformarnos con convertir los exagerados períodos preelectorales en tiempo muerto.