Los poderes fácticos del régimen

En la agenda de la legislatura no figura la reforma de la Constitución, pero el vicepresidente lanzó una campaña para difundir el nuevo texto con la ayuda de algunas universidades y de fondos estadounidenses. Si la reforma no figura en la agenda legislativa es porque a Bukele no le interesa, al menos por ahora. Si no cambia de opinión, lo cual puede ocurrir intempestivamente, el vicepresidente trabaja en vano. De todas maneras, tanto la Constitución actual como una nueva son irrelevantes. El régimen no se rige por ella, sino por los caprichos presidenciales. El mismo vicepresidente, el padre de la criatura, no es un ejemplo de observancia constitucional.

En el mismo acto donde presentó la campaña de difusión de la reforma, sacó a relucir su pensamiento anticonstitucional y antidemocrático. Este funcionario, como todos los de su especie, es un manojo de contradicciones y de superficialidades. El “reformador” justificó la que dio en llamar “guerra de gran magnitud” por sus fines; “el bien supremo […] la vida, la propiedad y el trabajo del pueblo honrado”. La violación sistemática y masiva de los derechos humanos le tiene sin cuidado, aunque no la ignora. Simplemente la relativiza como “fallas” y “errores, que pudieran haberse cometido”. En definitiva, “el balance es altamente positivo”. En pocas palabras, el fin justifica los medios y “las víctimas inocentes” de la excepción y sus familiares, a quienes también desestima como “daños colaterales”, tienen razones para sentirse orgullosas, pues con su sacrificio y sus sufrimientos contribuyen al éxito de Bukele.

El buen jurista sabe que las opiniones del vicepresidente están reñidas con el derecho constitucional. La guerra está sujeta al derecho internacional humanitario, que limita los efectos del conflicto armado. Ni el fin justifica los medios, ni la proporcionalidad es aplicable. Pero el estado de excepción no es una guerra, sino simple represión estatal. El régimen no tiene otro recurso para controlar la criminalidad interna que la violencia y el terror, pese a que el fenómeno de las pandillas tiene un componente social determinante. Si Bukele y su gabinete de seguridad tuvieran como prioridad la vida y el trabajo honrado, otras serían sus políticas. La vida y el trabajo no se promueven reprimiendo indiscriminadamente. En esto, el régimen no es diferente del orden impuesto por las pandillas en sus territorios.

No satisfecho con estas ocurrencias, el vicepresidente citó a san Ignacio de Loyola para declarar traidores a los defensores de los derechos humanos y a la prensa independiente. El “reformador” hace decir al santo que “en una ciudad sitiada, cualquier disidencia es traición” para condenar a los disidentes del régimen, que “están haciendo el juego al crimen organizado, a las pandillas y es una actitud de traición al pueblo”. Pero la frase no es de Ignacio de Loyola, sino de Fidel Castro. Aunque la voz “disidencia” es posterior al siglo XVI, su uso aquí es muy pertinente, porque el régimen castrista, al igual que el de los Bukele, no tolera a los disidentes. Bukele reclama la sumisión incondicional. No hay más ideas que las suyas y todo lo suyo es indiscutiblemente beneficioso para el país, incluidas las víctimas de sus desvaríos.

En otro giro sorprendente, el vicepresidente acudió a Naciones Unidas a solicitar una misión para “estudiar y sistematizar” el plan de control territorial y para verificar “el estado situacional de esta […] guerra de gran magnitud”. La petición es atrevida. Muy desesperado debe estar el régimen para acudir a “un disidente” y a “un traidor” como Naciones Unidas en busca de legitimidad. O el vicepresidente actuó por cuenta propia, lo cual sería asombroso. Tal vez el régimen confía en que los diplomáticos actuarán con la misma indolencia que el procurador local, angustiado por la reelección. Por muy aguado que sea el informe de la misión, el régimen no obtendrá la aprobación que busca.

Quizás la presión internacional es tanta y la situación interna tan apremiante, en términos de popularidad a la baja, que el régimen se dispone a moderar sus impulsos más criminales y a suavizar las condiciones de sus cárceles para obtener el reconocimiento de Naciones Unidas. Es ingenuo pensar que esta lo felicitará por el éxito de su plan de control territorial y por la ejecución del régimen de excepción. Si busca aprobación y reconocimiento, tiene que dar un golpe de timón antes de la visita de la misión. Por las dudas, “el reformador” ya le adelantó que cuentan con “el respaldo del pueblo salvadoreño”.

En la Unión Europea, el vicepresidente atribuyó la responsabilidad última de los asesinatos de finales de marzo a “los poderes fácticos y a los políticos del pasado”, que buscan “desacreditar la imagen del Gobierno”. Si esos poderes fueran reales, ya habrían experimentado la brutalidad de la excepción. Los únicos que desacreditan y desprestigian al régimen son sus propios funcionarios, en sentido estricto, poderes fácticos que solo vuelven por los fueros de Bukele.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.