Monterrey: crónica de una crisis hídrica anunciada

Lavar la ropa y los platos, cepillarse los dientes y tomar una ducha para iniciar el día son actividades en las que el elemento indispensable es el agua. ¿Qué pasaría si un día despertáramos y no contáramos con el suministro del líquido? Probablemente echaríamos mano de nuestras reservas y el día transcurriría con total normalidad. Pero ¿qué sucedería si dicha situación se presentará al día siguiente y al siguiente, y así hasta alcanzar 60 o más días sin agua?

Este tétrico escenario es lo que actualmente está sucediendo en Nuevo León, México; un escenario catalogado por las autoridades locales como “la peor crisis hídrica vivida en las últimas décadas”. Una de las ciudades más afectadas es Monterrey. La crisis hídrica no hace distinción económica y ha afectado tanto a localidades populares como a zonas ricas como el municipio de San Pedro, catalogado como uno de los más exclusivos de Latinoamérica. Por supuesto, los efectos de dicha crisis han sido más sensibles en los sectores más empobrecidos de la población.

De acuerdo con una nota periodística del diario El País, Monterrey es la segunda área metropolitana más grande de México; allí habitan alrededor de 5.3 millones de personas, casi la población total de El Salvador. El 40% de esta ciudad se abastece del agua almacenada en las presas Cerro Prieto y La Boca, las cuales, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua (Conagua) de México, cuentan con un porcentaje de llenado del 1% y 9%, respectivamente, lo que en palabras sencillas significa que hay una severa escasez de agua.

Las autoridades de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (institución pública descentralizada) han tomado una serie de medidas desde el inicio de la crisis, hace un par de años atrás: ajustes tarifarios, imposición de cánones de tratamiento, multas por desperdicio, racionamiento, entre otras. Ninguna de ellas ha sido efectiva debido a dos elementos fundamentales: el primero, no hay agua; y el segundo, la falta de conciencia de los usuarios, quienes, hasta antes del racionamiento, utilizaban indiscriminadamente el agua para fines recreativos, cuidado de jardines y para actividades tan superfluas como lavar autos.

A pesar de que en México la institucionalidad del agua es, por mucho, más robusta que en El Salvador, pues cuenta con una ley de aguas que data de 1992 y un organismo regulador, el Conagua (1989), encargado de administrar, regular, controlar y proteger los recursos hídricos nacionales, no ha podido escapar a la triste realidad de la falta de agua. Ya sea por falta de planificación, aspectos relacionados a la corrupción o el deterioro ambiental, la situación ha generado serios impactos negativos a nivel económico y social.

Si bien a la fecha El Salvador no enfrenta una crisis hídrica tan grave como la que ocurre en México, presenta una serie de factores de riesgo (deforestación, falta de planificación territorial con enfoque de cuenca y pérdida de calidad del agua) que más temprano que tarde nos podrían llevar a enfrentar una situación similar o peor. Con un agravante: en nuestro país no existe un ente regulador en materia de recursos hídricos que priorice el uso del agua para consumo humano sobre cualquier otro uso, con todas las facultades de ley necesarias para hacerlo.

Lo que actualmente ocurre en México debe de ser un espejo en el que debemos mirarnos con un espíritu reflexivo y orientado a un cambio de paradigmas en materia de regulación hídrica. Debemos, desde ahora, fomentar iniciativas encaminadas a la restauración de las cuencas hidrográficas, la mejora de la calidad de las aguas superficiales y el fomento de la seguridad hídrica. En este último punto, es indispensable que el consenso político nos lleve a reconocer plenamente el derecho humano al agua, puesto que de no hacerlo pronto, nuestra población más vulnerable será —como siempre— la más afectada ante los embates del cambio climático.

* Luis Sierra, docente del Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales.