Percepción ciudadana del cambio

En el marco del tercer año de gestión del presidente Funes, el Gobierno ha publicado el documento "El camino del cambio en El Salvador", cuyo propósito —según lo expresa explícitamente el texto de 129 páginas— es "informar a la población salvadoreña sobre la labor del Gobierno de la República, así como contribuir a un mayor entendimiento sobre el proceso político inédito que ha tenido lugar en el país". El documento consta de cuatro partes: (1) "El diagnóstico de la realidad que sustentó la estrategia de cambio"; (2) "La estrategia de cambio y sus fases de implementación"; (3) "Valoración general del proceso de cambio en El Salvador"; y (4) "La agenda pendiente de cambios".

Queremos detenernos, en esta ocasión, en el tercer punto, donde se hace un análisis de los procesos de cambio estructural e institucional, agrupados en cinco grandes categorías: los cambios en la forma de gobernar; en la política social; en el manejo de emergencias, prevención de riesgos y la política ambiental; en los patrones de acumulación de capital y de producción; y en el Estado y en el ámbito de la seguridad. Veamos las valoraciones que hace el Gobierno de, al menos, tres de estos procesos y comparémoslas con las percepciones ciudadanas recogidas en la encuesta realizada recientemente por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) y con algunas de las evaluaciones hechas por organizaciones de la sociedad civil.

Con respeto a la esfera del poder, en el documento se sostiene que han ocurrido cambios fundamentales a partir de junio de 2009, sobre todo en lo que tiene que ver con la transparencia en el uso de los recursos públicos, la formulación participativa de las políticas públicas, la independencia de poderes y el respeto de los derechos humanos y de las libertades individuales. Del lado de la percepción ciudadana, un 39.4% de la población sostiene que con el actual Gobierno la corrupción ha aumentado, mientras un 33% piensa que ha disminuido y un 25.8% considera que sigue igual. Los datos muestran que la ciudadanía mantiene, predominantemente, una actitud de desconfianza hacia quienes manejan el patrimonio del Estado; el actual Gobierno no es la excepción. Otros datos que ponen en cuestión el cambio en la forma de gobernar: en conjunto, el 62.1% de los encuestados estima que el Gobierno ha escuchado poco o nada las demandas de la población. Y ante la pregunta sobre la cercanía con el presidente Funes, el 40% dice que se siente distante del mandatario y el 34% que muy distante; en la contraparte, el 14% afirma que cercano y solo el 2.5% dice que muy cercano.

En relación al Estado de derecho y la institucionalidad democrática, organizaciones académicas, de derechos humanos y empresariales han planteado graves déficits por parte del gobierno central. A modo de ejemplo, citan los siguientes hechos: la sanción del decreto 743 y la negativa de publicar un fallo judicial en el Diario Oficial; las declaraciones en contra de la independencia judicial y responsabilizando a la Sala de lo Constitucional por la inseguridad pública en caso de resolver con un criterio distinto al del Presidente; el respaldo al traslado de una sala a otra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la elección anticipada de magistrados de la misma y del Fiscal General de la República; el retraso en el nombramiento de los miembros de la institución que tendrán a su cargo la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública; la intolerancia a la crítica en los casos Castillo y Ochoa; la inactividad del Consejo Consultivo creado en 2011. Sin olvidar, claro está, que el Gobierno de Funes no ha promovido la integración de la legislación interna a importantes tratados internacionales de derechos humanos que pueden garantizar la no repetición de hechos considerados de lesa humanidad.

En lo referente a los cambios en la política social, se destaca en el documento la introducción del Sistema de Protección Social Universal que reconoce y atiende a los grupos poblacionales históricamente marginados de la acción gubernamental: niñas y niños, jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad. Se afirma que mediante la nueva política social, se han comenzado a sentar las bases de una sociedad más justa, inclusiva e equitativa. La percepción ciudadana, según la encuesta del IUDOP, reconoce que el logro más importante del presidente Funes son los paquetes o ayudas escolares (34.5%). Porcentajes menores tienen el programa Comunidades Solidarias (7.2%), el combate a la delincuencia (5.9%) y la pensión al adulto mayor (3.0%). Sin embargo, al consultar sobre el cumplimiento o no de las principales promesas de campaña, hay más desencanto que entusiasmo: el 69.7% afirma que el Gobierno no está cumpliendo con la promesa de generar 100 mil nuevos empleos; el 43.5% dice que no está cumpliendo con la promesa de combatir la delincuencia; y el 35.9% sostiene que no está cumpliendo con la promesa de facilitar viviendas a las personas de bajos ingresos. Organizaciones de la sociedad civil, por su parte, han señalado que si bien este tipo de ayudas inmediatas son necesarias, corren el peligro de caer en el asistencialismo si no se enfrentan las causas estructurales de la pobreza.

Y en lo que toca al ámbito de la seguridad pública, el documento plantea que la presente administración elaboró un plan fundamentado en el trabajo conjunto en el área centroamericana, como en el que se tiene con México, Colombia y Estados Unidos, para hacer frente a un fenómeno transnacional de gran poder económico: el crimen organizado. Y anota como un hecho de gran relevancia la decisión presidencial de sumar a la Fuerza Armada a la lucha contra ese tipo de crimen. No obstante, la percepción ciudadana sigue manteniendo que el principal fracaso del presidente Funes está en el combate contra la delincuencia. En esta línea, un 41.2% considera que la delincuencia ha aumentado con el actual Gobierno y el 25.3% de la población declara haber sido víctima de un hecho delincuencial en el transcurso del último año. Por otra parte, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ha señalado que las cifras de denuncias contra militares, la mayoría por el uso excesivo de la fuerza, han aumentado en número considerable. Y respecto al nombramiento específico de militares en la seguridad pública, diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron un recurso de inconstitucionalidad argumentando que la Constitución prohíbe que militares incidan o dirijan labores de seguridad pública; el recurso fue admitido por la Sala de lo Constitucional.

La pregunta que queda después de comparar la visión oficial con la percepción ciudadana sobre el cambio es la siguiente: ¿cuándo los documentos y discursos oficiales se formularán tomando en cuenta el sentir ciudadano expresado en sus opiniones, críticas, demandas, protestas y propuestas? Cuando esto ocurra, esos documentos y discursos serán menos propagandísticos y tendrán más peso de realidad. Se abrirá paso a la realidad del discurso, condición necesaria para el camino del cambio en El Salvador. Ante el discurso de lo políticamente correcto, debemos recuperar la contundencia de lo evidente.