Periodo electoral y políticas públicas, ¿hay relación?

A pesar que faltan once meses para las próximas elecciones, la dinámica electoral ha estado en la órbita de los partidos políticos y sus liderazgos en estos dos últimos años sin comicios; ya sea para reconfigurar su organización, elaborar sondeos de opinión internos sobre perfiles de candidatos, búsqueda de aliados o diseñar estrategias (efectivas o no) para obtener a corto plazo más diputaciones y concejos municipales, pero en el horizonte está la presidencia. En síntesis, la búsqueda del poder funcional y territorial en instancias del Estado. En cambio nosotros ―el electorado― estamos (y estaremos) cada vez más expuestos a la superficie de esa dinámica conformada por: rostros, eslogan, cancioncitas, acusaciones, noticias escandalosas y “medios digitales” haciendo campaña. Esa combinación provoca saturación de contenido y desinformación, ambas son peligrosas debido a los oportunistas que ofrecen discursos contra la política tradicional y sus partidos pero en la práctica calcan sus procedimientos; y además refuerzan esa percepción de salir inmediatamente de la fase electoral, en vox populi es algo así como: “entre más rápido termine, mejor”. Es lógico sentir tal asqueo ante las maquinarias partidistas y mediáticas, pero solamente es la superficie, si profundizamos en el análisis de los períodos electorales es posible formular vínculos con variables más importantes, particularmente me refiero a las acciones y decisiones que constituyen las políticas públicas.

En el artículo académico de corte histórico titulado: “Ciclo electoral y políticas públicas en Costa Rica (1890-1948)”, el autor -Iván Molina Jiménez- parte de una pregunta que considero vigente para la coyuntura política 2017-2019 de nuestro país: ¿En qué medida la dinámica electoral incide en el diseño y ejecución de las políticas? Para acercarse a esta relación, Molina Jiménez selecciona aspectos como los períodos de elecciones en coyunturas políticas específicas así como indicadores de carácter fiscal como la tasa de crecimiento ingresos y egresos fiscales, déficit fiscal, deuda pública; así como la composición del gasto público en áreas de seguridad, educación, salud y obras públicas; también considera datos como el número de empleados en el sector público, contrataciones y sus salarios.

En éstas breves líneas exploraremos esa relación entre dinámicas electorales y políticas públicas con un primer acercamiento: seleccionado un período, identificando los resultados electorales en ese lapso temporal y enlistado algunas decisiones de política pública considerados importantes por su área de intervención, atribuciones e implicaciones socio-económicas. Retomando el cuadro de la siguiente página, tenemos la configuración de los cargos de elección popular según los tipos de comicios desde el año 2009 e incorporando algunas decisiones en diversos campos de políticas públicas que abarca hasta finales 2015. Un primer aspecto evidente es que el presidente no ha dispuesto de mayoría legislativa de su partido para aprobar con facilidad leyes o decretos que son el componente normativo de las acciones de política pública que pretende realizar.

Aunque en el caso de Salvador Sánchez Cerén las dificultades parecen mayores no solo porque Arena tiene más diputados (35), sino que se encuentra en una fase crítica de gestión de las finanzas públicas debido a la falta de liquidez para pagar compromisos financieros así como tomar decisiones a corto plazo respecto a un ajuste fiscal que le implicará negociar con los partidos de oposición, muestra de ello es la ley de responsabilidad fiscal aprobada en noviembre de 2016, los ajustes al presupuesto general del Estado 2017 y focalización de subsidios a la energía, gas y eventualmente el del agua.

El segundo punto a valorar parte de la pregunta ¿cuántas de estas decisiones de política pública han sido concebidas por el gobierno, el FMLN y los partidos de oposición en el parlamento en función del período electoral más próximo? La respuesta no es automática pero podemos lanzar al debate ejemplos como la ley de desarrollo y protección social ―aprobada en abril de 2014­â€• como instrumento de campaña empleado por Mauricio Funes desde finales de 2013 para promover la continuidad del FMLN en la presidencia. Otro caso que vale la pena analizar es la reciente aprobación de la ley contra la minería metálica que obtuvo el respaldo de todos los grupos parlamentarios; en poco tiempo se conocerá si los candidatos que buscan la reelección lo utilizarán como parte del proselitismo.