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Celebramos la semana pasada dos días internacionales propuestos desde hace ya algún tiempo por organizaciones de las Naciones Unidas; ambos están profundamente interrelacionados: el Día Mundial de la Alimentación y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El planeta produce suficientes alimentos para toda la humanidad, pero casi un tercio de ellos se tira, mientras en torno a 700 millones de personas pasan hambre. En El Salvador, el 14% de la población está desnutrida. Desnutrición que afecta especialmente a los niños de las familias pobres. Se dice que cerca del 30% de nuestros niños pequeños pasan hambre. Y por otra parte, se ha establecido que una tercera parte de los salvadoreños padece obesidad, en buena medida por consumir una comida con exceso de grasa y de azúcar.
Aunque ya se están haciendo algunos esfuerzos, resulta necesario universalizar un programa de atención a la primera infancia (los dos primeros años del niño o niña) que asegure la buena nutrición en esa etapa de la vida tan fundamental para el desarrollo del cerebro, y por supuesto otros aspectos del cuido. Las deficiencias alimentarias en esa etapa vital reducen las capacidades productivas del hombre y la mujer del mañana. Está demostrado desde la ciencia económica que universalizar una adecuada inversión en la primera infancia mejora enormemente la capacidad de desarrollo y bienestar de un país. Cuando la pandemia de covid-19 ha creado mayores niveles de hambre, pobreza y desempleo, se vuelve más urgente preocuparse por nuestros niños. Lo contrario constituiría una perversión de valores, trágica para nuestro futuro.
La erradicación de la pobreza sería el reto prioritario para nuestro país. Muchos de los problemas que tenemos tienen su raíz en la pobreza. Pobreza que, con la pandemia, y según cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se ha elevado en El Salvador hasta afectar a un 40% de la población. Desde el punto de vista religioso, mantener niveles altos de pobreza es pecado social; y desde el punto de vista sociológico, injusticia social. Desde la economía solamente puede entenderse como un abuso de los ricos. Y desde la política, como terrible irresponsabilidad, y con frecuencia hipocresía, que en nuestro caso se multiplica cuando tenemos una Constitución que desde hace 37 años tiene entre los cinco fines fundamentales del Estado “asegurar a los habitantes de la República [...] el bienestar económico y la justicia social”.
La falta de diálogo y el desinterés real sobre estos temas, la polarización política y la incapacidad de los diferentes liderazgos estatales a la hora de reconocer sus fallos de cara al cumplimiento de este primer artículo clave de nuestra Constitución nos pueden conducir a la repetición trágica y recurrente de enfrentamientos entre hermanos y a la perpetuación de la cultura de la violencia. De hecho, ya estamos viendo en las redes sociales la facilidad con que se manifiesta verdadero odio hacia los derechos humanos. Esto, en definitiva, es no conocer nuestra Constitución, despreciarla. Aunque formalmente no se pronuncien palabras de odio contra ella, odiar sus valores, tan vinculados a los derechos humanos, es un odio real a nuestra Carta Magna. Dialogar, consensuar, solucionar problemas alimentarios al tiempo que se trabaje unánime y sistemáticamente en la erradicación de la pobreza son tareas tan necesarias como obligatorias y pendientes en El Salvador.
* José María Tojeira, director del Idhuca.
