Sin que haya desaparecido el humo generado por el supuesto entendimiento entre las maras y el Gobierno bajo la mediación de personeros de la Iglesia católica, otra humareda se levanta desde el interior de la Asamblea Legislativa por la próxima elección del Fiscal General de la República y de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A tres semanas de que acabe la actual legislatura, ahora se habla hasta de una negociación en combo que incluiría, además del Fiscal y los magistrados, la integración de la Junta Directiva de la próxima Asamblea.
Para los que ven a los toros desde la barrera, la discusión se centra en si es o no legal, si es o no conveniente, la intención del FMLN, GANA y Concertación Nacional de elegir en la presente legislatura al titular de la Fiscalía y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, todo parece indicar que, legalmente hablando, no existe prohibición para que la actual Asamblea designe a los funcionarios en cuestión. El período de elección se cierra en julio y, por tanto, el proceso puede realizarse en este mes, con la actual configuración de la Asamblea, o en mayo, junio o julio, ya con la nueva. No se trata, entonces, de legalidad; más bien, es una cuestión de legitimidad en la actuación de los partidos políticos. En esta línea, partidos como Concertación Nacional, Arena o GANA ya nos tienen acostumbrados a negociar las principales instituciones del país en base a sus intereses particulares. Lo que no deja de extrañar es que el partido que prometió cosas diferentes y que enarbola aún la bandera del cambio actúe exactamente de la misma manera que antes criticó con tanto ahínco.
El principal argumento del FMLN para justificar su intención de elegir en este mes al Fiscal General y a los cinco magistrados de la Corte es, precisamente, que esto ya fue hecho previamente por Arena. En efecto, en 2002, dicho partido actuó de la forma en que lo quiere hacer hoy el FMLN cuando reeligió a Belisario Artiga como Fiscal General. "La derecha —dijo el vocero oficial del Frente— creó el antecedente histórico de que una misma legislatura puede elegir dos veces a magistrados de la Corte Suprema de Justicia o adelantarse por varios meses a la elección del Fiscal General de la República". En aquel año, no obstante, el FMLN se rasgó las vestiduras al considerar que esa forma de elegir cargos tan importantes para el país iba en detrimento del proceso democrático. "Están haciendo un reparto corrupto de las instituciones del gobierno", dijo el 5 de junio de 2002 el entonces diputado Manuel Melgar. Diez años después, ahora en el poder, el FMLN se apresta a hacer lo mismo que le causó tanto disgusto.
En un intercambio de papeles, hoy Arena se opone abiertamente a lo que antes hizo. Y se opone con los mismos argumentos que utilizó el Frente en 2002. En el fondo de esta discusión se revela con meridiana claridad que el FMLN no se diferencia de los tradicionales partidos de derecha. Al convertirse en instituto político, el Frente asimiló algunos de los vicios y mañas de la política más rancia del país. Así lo dejó ver en su papel en la coyuntura del decreto 743 y en su participación en la elección del Presidente de la Corte de Cuentas. Y con esto se cierra una de las escasas posibilidades de hacer las cosas diferentes desde la política.
Probablemente, en esa línea fue el mensaje que los electores le enviaron al FMLN en marzo pasado: el partido no está siendo ni haciendo algo distinto a lo que ya conocemos en la política vernácula. Para amaños, corrupción y cinismo, ya tenemos suficiente. La gente quiere algo realmente distinto, y lo que estamos viendo en el "partido del cambio" es más de lo mismo.