Postrado ante el capital

2024 finalizó con el anuncio de un acuerdo a nivel técnico entre la administración Bukele y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El FMI señala que el acuerdo busca “atender las necesidades de balanza de pagos y respaldar las reformas económicas del Gobierno”. En una economía dolarizada, la crisis de la balanza de pagos —incapacidad de ingresar más dólares de los que salen de la economía— se expresa como una crisis de deuda pública y/o privada.

La necesidad del acuerdo con el Fondo es fruto del deteriorado modelo económico y de la poca planificación de política económica durante la primera gestión constitucional y la actual gestión inconstitucional de Bukele. Aunque ha empezado a contraerse, el déficit comercial (la diferencia entre lo que compramos y vendemos al exterior) se amplió durante el último período presidencial. Es posible argumentar que las condiciones particulares de la pandemia y de la inflación global contribuyeron al crecimiento del déficit; sin embargo, el Gobierno no muestra interés en tomar medidas encaminadas a modificar esta vulnerabilidad.

El crecimiento del déficit comercial fue posibilitado por una mayor dependencia de remesas, reflejada en un incremento de su peso en relación con el producto interno bruto. Pero las remesas no han sido suficientes para solventar los problemas de la balanza de pagos, lo que ha provocado la necesidad del acuerdo con el FMI. Si bien este da un respiro a las finanzas públicas y facilita la colocación de deuda, lleva de la mano recortes de demanda agregada a través de la disminución del gasto público y el incremento en las reservas requeridas al sistema bancario, lo que colocará al país en una ruta de menor crecimiento y de vulnerabilidad de las familias.

Teniendo en sus manos el control total del Estado y pasando por encima de la Constitución, las iniciativas económicas del Ejecutivo han sido la Ley Bitcoin, el fomento del turismo y recientemente la aprobación de la Ley General de Minería Metálica. La Ley Bitcoin no sirvió para los propósitos que fueron anunciados, ni siquiera para colocar los ahora olvidados Bonos Volcán. El fomento al turismo, aunque podría generar entrada de divisas, no resuelve la dependencia de importaciones y tiene seria implicaciones sociales: gentrificación y deterioro ambiental. La aprobación de la Ley de Minería merece especial mención. El rechazo generalizado de la minería acompañado de la reserva de toda la información relacionada muestran que el poder otorgado y apropiado por Bukele no está al servicio de los salvadoreños.

La situación económica que enfrenta el país y las implicaciones que esta tendrá sin un alivio de corto plazo ha hecho que Bukele se incline ante el capital internacional. Pudiendo negociar en mejores condiciones el acuerdo con el FMI en tiempos de pandemia, cuando la economía global ofrecía mejores condiciones de crédito, el Gobierno entorpeció las negociaciones debido a su falta de transparencia y su sospechosa obsesión con la Ley Bitcoin. Ahora, Bukele ofrece al capital internacional recortes de gasto público y la ley de minería, buscando evitar una crisis económica que acelere su pérdida de popularidad y su salida del poder. La coyuntura nos muestra que la supuesta omnipotencia presidencial no es más que otro recurso propagandístico de Casa Presidencial. Una economía pequeña y sumamente dependiente del exterior como la de El Salvador no incrementa su autonomía con técnicas de mercadeo ni con altos puntajes de popularidad presidencial.

* Armando Álvarez, académico del Departamento de Economía.