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Focalizar los subsidios para el consumo de energía, gas, transporte y agua se entiende que es complicado, y más para el actual Gobierno, que se inicia en la gestión pública. La prudencia y la realización de buenos estudios técnicos en estos temas son la clave para no caer en medidas equivocadas.
En el tema del transporte, el Gobierno logró una leve reducción en el pago a los dueños de buses (de 800 dólares por unidad se redujo a 500), mantendrá congelada por 18 meses la tarifa para los usuarios del transporte público y pospuso la búsqueda de una solución más racional e integral. En esencia, está ganando tiempo, pero al final tendrá que enfrentar la realidad.
En el subsidio a la energía eléctrica —que por ahora sólo aplica a los usuarios que consumen debajo de 99 Kwh—, la intención del Gobierno es ampliar el subsidio a los que consumen debajo de 200 KWh, como le han sugerido las empresas distribuidoras. Ya en otras ocasiones se ha explicado por qué esta última medida es inadecuada; al final, los subsidios no son sostenibles y responden a intereses políticos de tipo populista que terminan beneficiando a las empresas distribuidoras (que aseguran su flujo de ingresos en épocas de crisis) y a familias que no lo necesitan; en contraste, otras familias que efectivamente lo necesitan no lo reciben.
Esto último lo evidenció un estudio de Fusades, en el que se encontró que, en el caso de los consumidores debajo de 99 KWh, el error de inclusión es del 50%; y el error de exclusión, del 30%. ¿Qué significa esto? Existe un 50% de familias que si bien consumen debajo de 99 KWh y gozan del subsidio (pagan la mitad de su consumo), tienen la capacidad de pagar la tarifa plena (una familia de recién casados, profesionales y con buenos empleos podría ser un buen ejemplo). El error de exclusión indica que hay un 30% de familias que no gozan del subsidio porque consumen arriba de 99 KWh o porque, simplemente, no tienen energía; familias pobres que no tienen capacidad de pago. Por ejemplo, una señora que se dedique a lavar y planchar ropa ajena fácilmente consume arriba de 99 KWh. En este caso, este grupo familiar realiza un trabajo de subsistencia (planchar ropa) y paga la tarifa plena.
Al no existir una política energética en un entorno de libre mercado, como es el caso del país, la estrategia de ahorro y eficiencia energética está ausente. Además, el subsidio perpetúa los niveles de consumo de energía en lugar de bajarlos, porque al final de cuentas hay alguien que paga la mitad: en nuestro caso, el Gobierno a través de los impuestos de todos.
Antes de aumentar el subsidio, el Gobierno debe analizar el sistema de tarifas. Al privatizar la distribución, generación y transmisión de energía, poco a poco se fueron consolidando monopolios, algo que se previó desde el inicio: tenemos un mercado de energía pequeño, en un país de tamaño pequeño, con centros de demanda de energía bien identificados.
Para evitar los monopolios y seguir vendiendo la idea de que tenemos un mercado en este sector, los Gobiernos anteriores crearon la figura de las empresas comercializadoras de energía, que representan una grada más en la tarifa (un intermediario), un actor que cobra su ganancia por su presencia en el mercado. Además, en la empresa en donde se realiza la compra y venta de energía (la unidad de transacciones), los miembros de la junta directiva son las mismas empresas que venden y compran energía. ¿Existirá transparencia en este mercado? Es difícil saberlo; la duda queda.
El punto aquí es que el mercado eléctrico debe revisarse porque tiene impacto directo en la tarifa eléctrica. También es extraño que en las fechas de vacaciones agostinas y navideñas el consumo aumente sin que exista alguna razón evidente. ¿Será que el arbolito navideño es capaz de elevar tanto el consumo?
El ahorro y eficiencia energética no le interesan al que vende energía; su negocio está en que el consumo crezca. Sin embargo, una política energética debe considerar el certificado de eficiencia energética a nivel de hogares y en las empresas, un incentivo al ahorro. En esta lógica, si los hogares y las empresas bajaran sus niveles de consumo de energía a un nivel preestablecido en la política y consiguieran sus certificados de eficiencia, pagarían un precio menor por el KWh que consumen. Esto no solo implicaría una ventaja económica para el hogar o empresa que alcanzara la meta, sino que habría energía disponible para otros, se bajaría la factura petrolera del país, se reduciría la contaminación y se pospondría la inversión requerida para la construcción de plantas generadoras de energía. En una política energética, la mejor inversión no es la que se realiza, sino la que se pospone o deja de realizarse.
En resumen, antes de ampliar el subsidio (la medida más fácil), es necesario establecer una política energética que considere al menos dos aspectos: el primero, la revisión del mercado eléctrico y su impacto en las tarifas de la energía; y, el segundo, crear incentivos al ahorro y a la eficiencia energética a través del mecanismo de los certificados de eficiencia para hogares y empresas. El subsidio se debe dejar para el final. Sin embargo, parece que el Gobierno, por el afán de demostrar que está haciendo algo, caerá en el error de ampliar el subsidio.
