Radiografía de un caso corrupto

Con la Reforma Agraria, la hacienda Normandía fue transferida a una cooperativa, que adoptó el mismo nombre, pagó las tasas del derecho a la tierra y está en plena propiedad de los terrenos. A mediados de los años noventa, un alcalde corrupto de Jiquilisco, miembro del PDC, extendió tres títulos supletorios falsos e ilegales a tres sedicentes derechohabientes. Desde entonces, la cooperativa viene luchando jurídicamente en defensa de sus tierras. La ambición de particulares, junto con sus trampas y mentiras, unido todo ello a la negligencia y lentitud, incapacidad y probable corrupción del sistema judicial mantienen en inseguridad jurídica a un amplio colectivo cooperativista de trabajadores del campo y sus familias. Los tres particulares que reclaman terrenos más parecen testaferros de otros intereses que sujetos particulares dañados en la real posesión de sus tierras. Los testigos que utilizaron para conseguir los títulos supletorios fueron legalmente insuficientes. El alcalde era legalmente incapaz de dar títulos supletorios, puesto que estos los tiene que otorgar un juez. Y en el Registro Nacional de las Personas Naturales no aparece ninguna huella de las personas reclamantes.

Analizar un caso como este nos lleva inmediatamente a considerar el tipo de sociedad en la que vivimos. La prepotencia del fuerte se impone con demasiada frecuencia sobre el débil. La justicia cierra los ojos ante las manipulaciones de los poderosos y evade su responsabilidad de defender a las víctimas cuando los victimarios gozan de relaciones, poder o prestigio social. Aunque no se acepte oficialmente, quedan todavía impregnados en las mentes de un buen número de personas acomodadas los resabios de un antiguo racismo propio de la colonia española y su sociedad de castas. Y ello sin diferencias de ideología, partido o conocimiento. Solo que ahora, en vez de mirar el color de la piel, se mira la pobreza de unos y el color del dinero reflejado en la billetera de los poderosos y sus abogados sanguijuelas. Al contemplar las manipulaciones legales a favor de los fuertes, podemos darle la razón al jurista, político, humanista y santo Tomás Moro. En su libro Utopía, en el que pretendía describir una sociedad perfecta, decía que en la isla de Utopía la profesión de abogado estaba prohibida, dadas las mentiras, engaños y venalidad tan consustanciales al gremio. Bastaba, decía él, con elegir a gente sabia y anciana temporalmente para que mediaran en los pleitos y protegieran a las víctimas.

En el caso Normandía se han suspendido audiencias preparatorias con excusas inaceptables. El miedo de los jueces a ofender al poderoso declarando inválidos los títulos supletorios mal habidos es más fuerte que el famoso imperio de la ley con el que se suelen llenar la boca quienes exaltan un sistema corrupto, tratando de disimularlo con palabras huecas. La justicia sigue, como decía en su tiempo monseñor Romero, el ejemplo de la serpiente, que solo muerde el pie de quien anda descalzo. Nuestra Constitución tiene como norma la indemnización por retardación de justicia (art. 17), pero nuestros diputados han sido incapaces durante 38 años de emitir una ley secundaria que estipule los tiempos y las responsabilidades concretas de los jueces en los casos de retardación. Todo está listo para desesperar a los débiles en un sistema que se alarga en el tiempo en favor de los poderosos.

La seguridad jurídica es un tema de ricos y poderosos, y por los tiempos que corren, va camino de convertirse en patrimonio del poder ejecutivo. Las mujeres pobres y violadas, los campesinos en problemas de tierras, quienes son asesinados en ejecuciones extrajudiciales vinculadas a grupos de exterminio no tienen seguridad jurídica. El caso Normandía es un ejemplo más que debe llamarnos a todos a exigir una reforma legal y judicial que ofrezca garantías a los débiles y marginados de nuestro país. Instalar servilismo en la cúpula del sistema judicial no resuelve problemas; al revés, es un paso más hacia la mayor corrupción del sistema. Esperemos que en el caso Normandía por fin se haga justicia y que no se suspenda una vez más la audiencia preparatoria. Estar atento a este caso es cuestión de ética básica, de agradecimiento y de solidaridad con los más débiles de nuestro país: los campesinos que nos alimentan desde sus labores agrícolas.

* José María Tojeira, director del Idhuca.