Rastrear el financiamiento de partidos y candidaturas (II)

En el artículo anterior señalé dos ideas que resultan implicaciones significativas sobre el financiamiento de los partidos políticos en el país: 1) configuración de la representación de intereses en instituciones públicas; y 2) flujos de dinero ilícito y actos corruptos en las finanzas partidarias. En este segundo artículo sobre la temática seguiré ampliando esas ideas. La política y el dinero tienen un consorcio cada vez más marcado en las sociedades actuales: desde las campañas electorales de los partidos catch-all que requieren altas sumas de dinero para posicionarse a través de la publicidad televisiva y en las redes sociales; pasando por el nebuloso mundo de financiamiento a través del cabildeo o la persuasión de tomadores de decisión legislativos, judiciales o gubernamentales respecto a un asunto que resulta importante para sectores corporativos.

En una investigación elaborada por FUNDE en 2009 sobre la publicidad proselitista estimaron que el gasto total de los partidos políticos para las elecciones legislativas, municipales y presidenciales de aquel año fue de $19,2 millones; Arena gastó $10,9 millones y el FMLN $5,2 millones. Del total gastado en publicidad por los partidos $16,3 millones (85%) se gastó en publicidad televisiva.

Ya han pasado 8 años de esas elecciones presidenciales y hace poco tiempo se ha conocido el señalamiento que la campaña de Mauricio Funes pudo haber recibido $3 millones de fondos brindados por la empresa Odebrecht al Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil en concepto de sobornos; además en la nota publicada por el periódico digital El Faro se señala que la empresa Polistepeque de Joao Santana recibió $5.6 millones por servicios de publicidad a diez instituciones del órgano ejecutivo (Santana es un publicista brasileño, asesor principal de la campaña de Funes en 2009 y actualmente sentenciado a 8 años de cárcel por participación en trama de corrupción en Petrobras). Con el partido Arena la trama de los fondos de Taiwán -$10 millones- fue conocida hasta finales de 2014 a pesar que ese dinero fue utilizado una década antes en la campaña presidencial de Antonio Saca y la cual mostró una red de participación desde las altas esferas del partido, llegando a receptores más específicos a nivel territorial.

Transparentar los flujos y las fuentes del financiamiento de los partidos en procesos ordinarios y electorales sobrepasan los importantes esfuerzos de algunos medios de comunicación que han publicado al respecto para el conocimiento de la opinión pública; implica que el aparataje estatal mueva sus piezas de investigación y contraloría para seguir la pista del dinero y sus operadores. Consiste en un trabajo de fiscalización compartida entre el TSE, Corte de Cuentas, Fiscalía General, IAIP y Ministerio de Hacienda. Pero la realidad muestra que ante la solicitud de conocimiento de quiénes patrocinan a los partidos, con cuánto y los usos del dinero; eso activó anticuerpos para desgastar, dilatar y obstruir llegando hasta una instancia jurisdiccional como la Sala de lo Contencioso que suspendió temporalmente efectos de la sentencia de la Sala de lo Constitucional en la temática y quien recientemente ha emitido un auto de seguimiento solicitando cumplimiento a la Asamblea Legislativa, TSE y Ministerio de Hacienda para la regulación y divulgación de la información solicitada, estaremos atentos a lo que pase. En la tercera entrega continuaré con el tema del cabildeo y persuasión a través del dinero en las instituciones estatales.