Rastrear el financiamiento de partidos y candidaturas (III)

En esta última entrega sobre el tema del financiamiento de partidos, ampliaré a una esfera más cotidiana de la práctica política pero que poco se conoce al respecto: el cabildeo (lobbying), entendida como la intención de influir en las resoluciones de tomadores de decisiones políticas y diseñadores de políticas públicas¹. Esto ocurre cotidianamente a nivel mundial en los diversos parlamentos y en nuestro país pasa de igual forma, aunque debemos señalar que cabildear no está regulado en un marco legal específico y tampoco disponemos de bases de datos o investigaciones en el tiempo que nos permitan conocer quiénes y cómo practican el cabildeo así como los destinatarios a ser influidos en sus decisiones (diputados, jefes de grupos parlamentarios, presidentes de comisiones legislativas).

El desconocimiento público de cómo se financia una parte de la política a través del lobbying obstruye la rendición de cuentas y la indagación de los orígenes de ese dinero; pero oculta los hilos de quienes no precisan de movilización social o exposición mediática para moverse entre funcionarios de elección popular e institucional sino que lo hacen a través del dinero y la persuasión con el afán de lograr sus objetivos. En algunas ocasiones quienes desean influir en las decisiones de los titulares en instituciones estatales contratan asesores legales o consultores para establecer diálogo con diputados y diputadas, concejales, magistrados, ministros utilizando investigaciones o formulando escenarios políticos que podrían ser de interés particular del funcionario en cuestión.

¿Qué asuntos están sujetos al cabildeo? Pueden ser temas de diversa índole, pero dos motivaciones resultan las más usuales: 1) ganancia económica; 2) motivaciones ideológicas² . Con el primer punto los vínculos derivan a asuntos fiscales como exenciones en pago de impuestos o prerrogativas económicas como subsidios e incentivos comerciales, así como facilitar la intervención de agentes privados en proyectos públicos. Por motivos ideológicos la variedad de tópicos se amplía según las prioridades de los grupos de presión: evitar o promover la despenalización del aborto; transparencia en el acceso a la información pública; prohibir explotación de recursos naturales con implicaciones medioambientales, etc.

Pocos países en el mundo disponen de leyes para esta práctica, como el caso de Estados Unidos con la Ley de Regulación de Cabildeo del año 1946 y sus posteriores reformas en 1995 y 2007. Dicho ley regula aspectos como el registro de los cabilderos ante los congresistas y/o senadores; entregar reportes sobre sus actividades e indicar en qué marco legal pretenden influir; así como visibilizar sus declaraciones financieras y quiénes son sus clientes. Esto permite una radiografía más precisa de los acercamientos entre grupos de presión y parlamentarios a través de esas empresas que hacen lobbying diariamente.

También en Estados Unidos existe cabildeo extranjero, es decir gobiernos o agentes políticos de otros países que contratan a consultores o empresas para tener información de primera mano, acercamiento a congresistas sobre temas que les atañe. Una muestra de eso es que la organización opensecrets.org tiene un observatorio del lobby extranjero en los Estados Unidos y se registra que el gobierno de El Salvador lo ha hecho en diferentes momentos, el más reciente que se tiene documentado es de junio de 2017 y se refiere a la contratación directa de David Tafuri como representante de la empresa de cabildeo y asesoría legal Dentons US LLP para brindar servicios de asesoramiento para el “fortalecimiento de relaciones entre El Salvador y Estados Unidos de América”³ .

En el contrato se define como una de las tareas principales de Tafuri: operativizar un plan de trabajo con las entidades correspondientes para lograr beneficios migratorios para comunidad salvadoreña que radica en Estados Unidos; incremento y ampliación de la cooperación bilateral; mayor atracción de inversiones estadounidenses en el país⁴ . La duración del servicio es por cinco meses con una paga total de $125 mil, el contrato se firmó el seis de junio de este año con las firmas de la embajadora de El Salvador en Estados Unidos (Claudia Canjura) en representación del Ministerio de Relaciones exteriores y el contratista David Tafuri. Este ejemplo muestra que el mismo gobierno considera el cabildeo como una opción válida para promover su interés en las relaciones de cooperación con Estados Unidos y la promoción de medidas migratorias que podría decidir el congreso de ese país respecto a las comunidades salvadoreñas. Por lo tanto hay dos facetas de contraloría reflejados en este caso de lobbying: la primera sobre la justificación que la cancillería salvadoreña ofrece ante una contratación directa; además de los criterios y argumentos para seleccionar a la empresa Dentons US LLP. La segunda recae en evaluar si este servicio logra los objetivos formulados en el plan de trabajo, es decir la disposición de resultados concretos.

Retomando las variables financiamiento de la política y los partidos en procesos electorales; el cabildeo se vincula en la fase del ejercicio del poder en las instituciones estatales a través de la promoción, aprobación o derogación de leyes; emisión de sentencias o resoluciones judiciales; y en el diseño de programas públicos o intervenciones gubernamentales. Lo interesante (y desconocido a la vez) radica en la sospecha que los mismos grupos que pagan por incidir en las decisiones estatales, también son patrocinadores de candidatos a diputados, alcaldes o presidentes; financistas de partidos o de figuras que podrían tener un puesto de magistratura en instituciones claves como la Corte Suprema de Justicia; Tribunal Supremo Electoral; Corte de Cuentas de la República o la Fiscalía General. En el momento que sus predilectos asuman los cargos públicos y comienzan su gestión, entonces ahí la representación de intereses de esos grupos de presión se volverá efectiva. Ese escenario constituye una nebulosa porque es difícil distinguir entre el cabildeo institucional para obtener productos políticos, de aquel proclive a actos de corrupción y compra de voluntades. Diversidad de situaciones con esas controversias las podemos enlistar, pero sólo dejan sospechas y a la vez la imperiosa necesidad de revelar los patrocinadores de campañas electorales y sus montos, de aquellos quienes solicitan audiencias con funcionarios de elección popular o de cargos importantes a nivel estatal y de los temas que tratan en sus reuniones con los acuerdos logrados. Esta información se debe triangular con las declaraciones patrimoniales de los funcionarios así como sus flujos financieros mientras ejercía el cargo, este procedimiento nos permitirá develar la opacidad de quienes patrocinan la política y sus fines; constituye una responsabilidad compartida entre quienes demandan información, investigan, posicionan el tema en la agenda pública; pero que como ciudadanos también debemos sostener en el tiempo.

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¹ Gimate, A; Fagan, M; Martínez, G. (2016) Lobbying. Universidad Autónoma Metropolitana. Ed. Biblioteca Nueva, México D.F.

²  Ídem

³  Consultar contrato: https://www.documentcloud.org/documents/3891995-6284-Exhibit-AB-20170626-3.html

⁴  Ídem