Sentido de un disparate judicial

Los alegatos de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para negar la extradición de dos altos jefes pandilleros, solicitada por Estados Unidos, son esperpénticos. Los magistrados del oficialismo aducen dos tipos de argumentos. El primero sostiene que Estados Unidos no ofrece garantías judiciales respecto a las penas, pues puede imponer unas “más gravosas [que] las de acá”. Tampoco garantiza observar la Convención de los Derechos del Niño, presuntamente aplicable a uno de los jefes por ser menor de edad cuando cometió algunos de los delitos imputados. En suma, estos magistrados piden “trascender del enfoque meramente penal para profundizar el control constitucional” y así librarlos de una sentencia severa. Incluso aducen la conveniencia de revisar el tratado de extradición con Estados Unidos y de crear una nueva ley sobre la materia.

La otra serie de razonamientos es aún más disparatada. Uno solicita “considerar la situación real [del] país, en torno de los condicionamientos que pueden desencadenar, y la proporcionalidad que puede significar para nosotros, como nación, la imposición de unas penas” más grandes. Otro llama la atención sobre “las reacciones que puedan ocasionar las situaciones que la legislación norteamericana pueda permitirles a ellos […] no solo nos van a afectar a nosotros como país; sino a la sociedad […] incluso a los habitantes”. Un tercero reitera: “No olvidemos lo que significa la trascendencia a nivel interno de una decisión como [la extradición]”. El lenguaje cantinflesco no consigue ocultar que estos magistrados se oponen a la extradición de los dos pandilleros por temor a las repercusiones internas.

No juzgan conforme a derecho, sino movidos por el miedo a las represalias de las pandillas. Sus alegatos ponen de manifiesto, para asombro de propios y extraños, que estas son más poderosas que el Estado. Muy a pesar del Plan de Control Territorial, las pandillas han secuestrado también a la justicia. En realidad, así ha sido siempre. Ese mismo tribunal tuvo la deferencia de impedir la extradición a España de los militares acusados de la masacre en la UCA. Ahora, sorpresivamente, los magistrados del oficialismo los han colocado en el mismo nivel que los jefes de las pandillas. La justicia tiende a cuidar al poderoso. Por respeto insensato al poder, o por temor a las represalias, o por cohecho, o por todo ello. Por eso, la elección de los magistrados y los jueces es de vital importancia para el poder, ya sea el de los militares, el de los políticos o el de los ricos. Y ahora el de los pandilleros.

A estas alturas, no sorprende que el discurso de los magistrados del oficialismo contradiga el discurso presidencial, que exige penas más duras para los que llama “terroristas” y “monstruos”. En la práctica, los magistrados de los Bukele han evidenciado que esa dureza no es aplicable a los jefes de las pandillas. Asimismo, mientras exigen a Washington garantizar los derechos humanos de un pandillero acusado de conspiración para colaborar con el crimen organizado, para asesinar y mutilar personas, para cometer actos de terrorismo y narcoterrorismo, y para distribuir sustancias controladas, aquí toleran impasibles el abuso de autoridad, la condena anticipada de presuntos “terroristas”, aun por delitos no cometidos, y la degradación pública de los capturados.

El sinsentido de esta justicia es aparente. El desatino se transforma en acierto si el pacto de Casa Presidencial con las pandillas incluye la no extradición de los pandilleros reclamados por la justicia estadounidense. Así lo dan a entender los magistrados con formulaciones crípticas como “los condicionamientos”, “la proporcionalidad”, “las reacciones [que] nos van a afectar” y “la trascendencia a nivel interno”. En otras palabras, extraditar a los jefes reclamados dispararía de nuevo los homicidios y pondría en entredicho el Plan de Control Territorial, que consume centenares de millones de dólares.

La existencia del pacto ha sido confirmada por fuentes policiales, aún no desmentidas por Casa Presidencial. Esas fuentes denuncian la existencia de colonias santuario, donde tienen órdenes superiores de dejar en paz, “tranquilos”, a los pandilleros: “De noche enciendan las luces y sirena policial para que el pandillero se retire[…] si al momento de patrullar se dan cuenta que un grupo de pandilleros están reunidos […], regresen o tomen otra ruta para no toparse con ellos, tienen prohibido matar a un pandillero”. Más aún, investigadores policiales aseguran que Casa Presidencial mantiene contacto con la cúpula de una de las pandillas a través de un funcionario.

Los disparates del oficialismo tienen su razón de ser. No son simples despropósitos, sino coartadas. Pero entre mayor es el afán por ocultar, más se filtra la realidad. Los magistrados han desvelado inconscientemente que el Plan de Control Territorial descansa en un pacto con las pandillas. El que Bukele hable ahora de “incursionar” con un Ejército ampliado “para sentar ese principio de autoridad en las comunidades, cantones, municipios” no es más que la usual cháchara presidencial mientras los hechos no muestren lo contrario.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.