Tres años de gobierno

Hacer una valoración objetiva y completa de la gestión de un Gobierno no deja de ser pretencioso y siempre resulta una empresa compleja, sobre todo cuando se busca ser justo en el análisis. De lo primero que hay que despojarse es de las visiones interesadas que impiden ver y reconocer resultados. Muchos de los balances de los tres años de gobierno del presidente Funes están teñidos con los colores de intereses partidarios, pensando más en lo que conviene para la elección de 2014 que en hacer una valoración apegada a la verdad. En un extremo están los que por su posición ideológica, partidaria o personal no ven nada positivo en estos tres años. En el otro lado, los que solo ven bondades y son incapaces de reconocer los fallos y errores cometidos en la presente gestión, o buscan mil maneras para justificarlos. Los lentes ideologizados hacen que los mismos que justificaban todo cuando su partido estaba en el Gobierno, hoy, en la oposición, no dejan pasar ni las moscas. Por el contrario, los que siendo oposición se fijaban hasta en la paja de la gestión, hoy, en el Gobierno, no ven las vigas que tienen enfrente. Estas valoraciones, pues, no hacen justicia y buscan con toda intención exaltar o demeritar con independencia de la realidad.

Por otra parte, la evaluación de estos tres años de gestión hay que hacerla más allá del discurso presidencial, que, dicho sea de paso, fue igual a muchos otros por enlistar un rosario de lo que se consideran logros, sin mencionar los fracasos y desaciertos. Es decir, en su discurso, el presidente Funes marcó una continuidad con la retórica de siempre, como también fue lo de siempre la concentración multitudinaria en las instalaciones del CIFCO en las vísperas de cumplir sus tres años de gestión.

La gente, sin embargo, también percibe cambios. Hay que decir que este Gobierno ha hecho cosas que efectivamente son novedosas y que son valoradas por la población, tal como se refleja en diversas encuestas de opinión. El beneficio para mujeres, ancianos, niños, campesinos, productores nacionales... que dejan los ocho programas sociales implementados por el Ejecutivo se refleja, precisamente, en que son los más pobres del país los que mejor califican al Presidente. También, la actual administración ha implementado cambios simbólicos sin que necesariamente cambien las dinámicas de fondo. El reconocimiento y la celebración gubernamental de monseñor Romero, los actos de reconocimiento oficial de las masacres de los jesuitas y de El Mozote, el establecimiento de relaciones diplomáticas con países vetados hasta hace tres años son ejemplos de cambios de peso en el imaginario colectivo sin que ello signifique que se camine hacia la reivindicación de la justicia.

Pero constatar estos cambios no debe cegarnos para ver el otro lado de la moneda. Lo primero que inquieta es que los programas sociales implementados no tienen su vida asegurada al depender de financiamiento externo. Si no forman parte de una política de Estado, estos programas que benefician a los más pobres podrían ser eliminados si así lo dispone la siguiente administración. Además, estrictamente hablando, no se puede hablar de cambios reales que toquen los cimientos de un modelo económico y político que ha demostrado ser nocivo para el país. Sin duda, en la historia reciente del país, el presidente Funes ha sido el mandatario con mayor respaldo popular; un respaldo que pudo ser aprovechado para impulsar cambios profundos en la redistribución del ingreso y en la democratización de los beneficios sociales y económicos del desarrollo. Así, Mauricio Funes, lamentablemente, no ha hecho uso de ese respaldo para beneficiar estructuralmente a los más pobres.

También hay que reconocer que, en el actual Gobierno, a la impunidad se le refrendó carta de ciudadanía. Los crímenes de lesa humanidad cometidos en la guerra siguen en la impunidad; los actos simbólicos realizados no se han traducido en una lucha práctica y verificable contra este lastre. A ello se suma que los avances más significativos en materia política originados por sentencias de la Sala de lo Constitucional han tenido en el Presidente no a un aliado para el cambio, sino a un obstáculo que avala la vigencia del tradicionalismo político. La institucionalidad también ha sufrido a manos de este Gobierno por el retraso o falta de nombramiento de los funcionarios de entidades estratégicas para el avance democrático, como el Tribunal de Ética Gubernamental y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Aunque se niegue y se quiera justificar con argumentos cantinflescos, la seguridad pública se ha militarizado y eso va contra la Constitución y contra los mismos Acuerdos de Paz. Es cierto que, según las encuestas, la población simpatiza con algunas de las medidas que se han implementado en esta materia, pero eso es producto de la angustiante realidad de inseguridad que se vive. La gente, con tal de vislumbrar alguna solución, ha aceptado medidas inmediatistas que no garantizan la sostenibilidad de los beneficios.