Tropiezos de la paz

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Jeannette Aguilar
27/01/2017

A dos décadas y media de la firma de los Acuerdos de Paz, los ciudadanos se muestran cada vez más desencantados con la marcha actual del país y poco satisfechos con la manera en que ha funcionado la democracia. Una reciente encuesta cursada por la UCA evidencia el malestar y la insatisfacción de gran parte de la población con el rumbo que ha tomado el país durante la posguerra. Pero el desencanto de la gente no es hacia los Acuerdos de Paz, que a lo largo del tiempo han sido valorados como buenos por la mayoría en las distintas encuestas de opinión pública. El descontento ciudadano es fundamentalmente con el sistema político y la manera en que han funcionado los partidos y las instituciones fundamentales del Estado, que no respondieron a las demandas de democratización, transparencia y modernización exigidas por la transición política, ni generaron mejores condiciones sociales y económicas para todos los ciudadanos. De hecho, dos de cada tres salvadoreños señalan que los Acuerdos de Paz se cumplieron poco o nada, es decir, prevalece un balance negativo respecto al alcance general de lo establecido en los compromisos adquiridos en 1992.

Respecto al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la negociación política establecidos en los Acuerdos de Ginebra, dos de cada tres ciudadanos aseguran que se impulsó poco o nada la democratización de la sociedad salvadoreña y un número similar cree que se ha cumplido poco o nada el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos. A la vez, tres de cada cuatro sostienen que el objetivo de la reunificación social se logró poco o nada. Aunque mucha gente desconoce con precisión los detalles de la oposición intestina que generaron algunos de los Acuerdos al interior del Gobierno y los esfuerzos de los expresidentes Cristiani y Calderón por frenar, evadir o torcer varios de aquellos compromisos debido a las presiones de los grupos de poder fáctico, los ciudadanos parecen tener claridad de que el país fue conducido por un rumbo distinto al que pretendían los Acuerdos de Paz. Y esa fue precisamente la falla estructural del proceso de transición: las élites políticas, a quienes les correspondía impulsar los cambios, no asumieron como propios los compromisos establecidos; por el contrario, vieron en el impulso de las principales reformas democratizadoras un peligro para sus intereses.

Ciertamente, el malestar de la gente con el posconflicto radica en que no advierten transformaciones en áreas relevantes de su agenda vital. A juzgar por las opiniones a la hora de valorar los Acuerdos, el deterioro actual de la seguridad y de la economía constituye, en términos más concretos, la negación de las principales aspiraciones en el período de la paz. Las expectativas de erigir una sociedad que erradicara la exclusión social y la violencia, y de establecer un sistema político que representara los intereses de la población se han visto frustradas a lo largo del tiempo. Contrario al logro de estas aspiraciones, a dos décadas y media de la firma de los Acuerdos de Paz, una tercera parte de la población cree que el país sigue igual que antes del fin de la guerra. Si bien hay un reconocimiento de que el deterioro exhibido en el posconflicto obedece a diversos factores, la mayoría lo atribuye al flagelo de la criminalidad y a la irrupción de la guerra que libran la Policía y las pandillas. A juzgar por lo que expresan, muchos ciudadanos perciben que El Salvador vive un nuevo conflicto armado, igual o más deshumanizante que el de los ochenta. Y es que para una buena parte de la población la aspiración básica de vivir en paz y gozar de tranquilidad les ha sido negada en la “era de la paz”. Las muertes violentas, las extorsiones, las amenazas, las desapariciones y el desplazamiento forzado por la violencia son, hoy día, rasgos dominantes de la cotidianidad de los salvadoreños.

En términos concretos, además del reclamo en materia de seguridad, la mayoría de la gente no advierte cambios relevantes en la situación de la pobreza, la justicia, el respeto a los derechos humanos, el sistema de partidos y el respeto a la ley por parte de los funcionarios del Estado. De todos los aspectos consultados en la encuesta, el que resulta relativamente mejor evaluado es la libertad de expresión, mientras que el funcionamiento del sistema político y del sistema de partidos constituyen, en opinión de la gente, los ámbitos más deficitarios. Ocho de cada diez se sienten poco o nada satisfechos con el sistema político salvadoreño y con el sistema de partidos. Si bien esto no es nuevo, el malestar parece haberse agudizado en los últimos años, probablemente debido al mayor conocimiento sobre el derroche y el saqueo que muchos funcionarios, incluyendo los últimos tres ex presidentes de la República, han hecho de los fondos públicos. Y es que la poca confianza y legitimidad que otorgan los ciudadanos a instituciones claves del Estado parece estar permeando la visión sobre el sistema político en su conjunto. Ello representa un grave riesgo para preservar la reserva de apoyo al sistema democrático que aún existe.

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