Un sistema injusto

Desde el ámbito de los derechos humanos se puede fácilmente sacar la conclusión de que nuestro sistema judicial es inicuo. Con el régimen de excepción, los detenidos pueden pasar cinco años o más en la cárcel sin llegar a juicio. Y, por supuesto, sin medidas alternativas a la prisión. No hay habeas corpus, ni visita familiar, ni acceso al abogado durante esos años. Cuando la violencia se apoderaba del país, la Fiscalía y otros abogados y gente del mundo de la opinión se quejaban de las normas y las leyes, que consideraban demasiado liberales. Pero rara vez se hacía una evaluación seria de la Fiscalía, tanto en formación como en organización o en medios y financiamiento. Todavía hoy, en las actuales circunstancias, la Fiscalía no da de sí, al igual que el sistema judicial, y va dejando en retardo permanente los casos de los detenidos en el ya permanente régimen de excepción.

Aun reconociendo la buena voluntad y calidad de algunos jueces o fiscales, lo cierto es que nuestro sistema judicial se ha ido transformando en un nefasto entramado de irresponsabilidad, ideas de castigo duro, desprecio del pobre y desinterés por la justicia. Si ya antes del régimen de excepción no era raro encontrar jueces corruptos, en la actualidad encontrar jueces decentes, con criterio propio y con capacidad de aplicar la legislación con libertad se ha convertido en la excepción, en vez de ser la regla. Hay impunidad, y los jueces y fiscales saben claramente con quién se pueden meter y con quién no. Ante la detención de inocentes, no sirve decir que en todos los sistemas se condena a veces a personas sin culpa. Pues aunque esa realidad se dé de vez en cuando en algunos países, no se mantiene a los privados de libertad sin contacto con sus abogados, ni se les juzga en grupo, ni se les tiene cuatro o cinco años encerrados e incomunicados, ni se obliga a los familiares que desean proteger la salud de sus deudos a pagar dinero para mejorarles muy ligeramente, al menos eso dicen, la comida. Oyendo a diversas organizaciones de derechos humanos, acaba quedando la convicción de que si en nuestra tierra se aplicara de un modo independiente el Protocolo de Estambul, ya se habrían documentado diversos casos de tortura.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un excelente documento en el que se fijan “Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad”. Otro documento en el que no hubiéramos salido aprobados. Y es que si se quiere que tengamos una Policía bien organizada y decente, además de invertir más en ella, se debería suspender ya el régimen de excepción y ponerle como reto a la PNC el mantener la situación de seguridad que hemos logrado. Bajarle el presupuesto al tiempo que se le sube a los militares, dar la facultad y acostumbrar a la Policía a actuar con arbitrariedad no conduce a un cuerpo policial del que nos podamos sentir orgullosos o en el que podamos confiar plenamente. Evaluar seriamente las necesidades de la Fiscalía y educar a los jueces para el apego a las leyes y para la independencia judicial son actividades que podrían llevarse a cabo aprovechando estos tiempo de menor presión criminal. Mantener el régimen de excepción es perder oportunidades de mejorar el sistema judicial y fiscal, así como a los cuerpos auxiliares.