Una democracia elitista

La concepción de democracia en El Salvador parece ser elitista. Las élites económicas y políticas siguen encargándose de limitar los alcances reales de actuación de los ciudadanos. Seguimos estando muy lejos de practicar una democracia inclusiva, "participativa" (valga decir que es por definición participativa, y sin participación no hay democracia) y pluralista. Estas élites siguen enfocadas en instrumentalizar el sistema político en función de sus intereses y en detrimento de una amplia gama de actores relegados a un segundo plano. En el mejor de los casos, las élites hegemónicas toleran "otros" discursos con la intención de diluir el impacto de las "otras" demandas y evitar que el sistema político caiga en una crisis de gobernabilidad.

Las élites económicas y políticas dominantes en el país están acostumbradas a un esquema de privilegios que ellas mismas han construido en función de sus intereses. Con los vastos recursos que tienen a su disposición, se encargan de definir y legitimar lo "bueno", lo "correcto", lo "prudente" y lo "conveniente". Cualquier otra reivindicación está condenada al fracaso. Para muestra un botón: el Consejo Económico y Social se encuentra en un contexto que obliga a la discusión de una reforma fiscal que oxigene las finanzas del Estado para redistribuir de mejor manera las riquezas. Un grupo de expertos políticos —los gurús de la democracia— se han encargado, utilizando su prestigio, de crear opinión pública en torno a la agenda que, según ellos, debería encarar el Consejo. Advierten que no existen condiciones para iniciar este trabajo, ya que la "sociedad salvadoreña no es lo suficientemente madura ni está preparada para una discusión de este tipo".

Efectivamente, si los que generan opinión y tienen acceso a los medios masivos de comunicación trasladan el mensaje de las clases dominantes, muy probablemente esta sociedad seguirá en el letargo que no le permite entrar en los caminos del desarrollo. Es muy fácil decir esto desde sus amplios y cómodos despachos pagados seguramente por aquellos cuyos intereses defienden. Cuando pugnan por posponer la discusión que puede dar respuesta a algunos de los problemas estructurales del país, ¿acaso no piensan en las madres solteras, ancianos, jóvenes y otros segmentos de la población que sufren la exclusión social? ¿O consideran realmente que con la regresividad de nuestro sistema tributario actual se resolverán los problemas que este país arrastra?