Unas reformas inconstitucionales

En la plenaria del 31 de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de la Carrera Judicial sin discusión, con dispensa de trámite y violentando postulados y jurisprudencia constitucional. Las reformas tienen un defecto de forma, ya que en lo relativo al órgano judicial es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la iniciativa de ley, no la Asamblea. Las reformas, pues, son inconstitucionales. Además, adolecen de defectos de fondo, ya que implican un acto discriminatorio: expulsan de la carrera judicial a jueces mayores de sesenta años, un criterio que no responde al discurso de querer acabar con la corrupción. Junto con la posibilidad arbitraria de trasladar jueces, lo aprobado implica un retroceso en materia de independencia judicial y respeto a derechos humanos.

En un contexto así, es fácil que estudiantes y profesionales del derecho se cuestionen qué sentido tiene estudiar la defensa de la Constitución, el principio de legalidad, el límite al poder y la protección de los derechos si es precisamente esto lo que se resquebraja día a día en el país. Sin embargo, ese aprendizaje es hoy más relevante que antes, pues abre al desafío de trasladar a la práctica lo conocido en las aulas. Toda ciudadana o ciudadano tiene esa responsabilidad, pero como estudiantes y profesionales del derecho nuestro deber es aún mayor.

Las escuelas de derecho tenemos el compromiso de enseñar la defensa y promoción del Estado de derecho; por lo tanto, debemos recordar que la separación de poderes, la institucionalidad y los principios democráticos no son conceptos abstractos y lejanos, sino presupuestos que permiten el ejercicio de los derechos humanos y la convivencia en sociedad. Que el poder esté concentrado y cooptado repercute en la vida de cada uno y cada una, por lo que hay que evitar que lo que se enseña en las aulas sea solo una quimera.

La lucha contra la corrupción enquistada en las diferentes instituciones de nuestro país jamás  puede ser excusa para cometer arbitrariedades y violar la norma suprema aún vigente. Desde la academia, seguiremos apostando por la promoción de los derechos humanos, con la convicción de que estos adquieren plena realidad cuando el poder está controlado y limitado.