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La Universidad de El Salvador realizó su examen de admisión el sábado pasado (5 de septiembre) a un aproximado de 23,000 estudiantes, de los cuales solo podrá admitir en sus sedes a 9,500. Con este recorte, y por la experiencia de años anteriores, es casi seguro que se generará un nuevo conflicto entre la Universidad y los estudiantes. En este conflicto, ambos tienen la razón: la UES no tiene la infraestructura ni el presupuesto anual para atender a todos los que desean ingresar; y los estudiantes tienen toda la razón de querer estudiar.
Algunos datos adicionales nos ayudan a entender el problema. Según cifras del Mined y Conacyt, anualmente son admitidos en todo el sistema de educación superior del país (26 universidades, 5 institutos especializados y 14 institutos tecnológicos) alrededor de 24,000 de los 60,000 bachilleres recién titulados; para 2009 se esperan alrededor de 80,000 nuevos bachilleres. En 2006, el presupuesto de todo este sector fue de 167 millones de dólares, de los cuales 97 millones son pagados por las familias de los estudiantes o por ellos mismos con su trabajo. La UES recibe 54 millones anualmente; para este año, como hace siempre, ha pedido el refuerzo de 21 millones que nunca le ha sido concedido.
Todas las instituciones de educación superior están al tope de sus capacidades, por lo que este año tendremos más de 40,000 estudiantes que, pese a su deseo, no podrán estudiar, con el agravante de que no podrán ser absorbidos por el sector económico (las empresas) debido a la crisis. Entonces, ¿qué hará ese grupo creciente de jóvenes que año con año quedan fuera de la educación superior?
Hasta ahora, el énfasis y los recursos del Estado se destinan a los sectores primarios y secundarios de la educación. Esto quizá tiene sentido, pero el Gobierno debe afrontar el problema de estos nuevos bachilleres, si es que la juventud le interesa. Si de algo sirve la comparación, en las instrucciones de seguridad de los aviones se indica que cuando las mascarillas de oxígeno se activan, primero se las coloquen los adultos y, luego, que sean ellos los que ayuden a los niños y a los ancianos. Todo es cuestión de prioridad. El país tiene tasas de matriculación del 27% (nos ayudó que, según el censo de 2007, la población sea menor a la proyectada); una cifra ligeramente inferior al promedio latinoamericano (30%) y muy por debajo al de los países desarrollados (60%). (La tasa de matriculación nos indica el porcentaje de jóvenes que, teniendo la edad para estar en la universidad, efectivamente cursan estudios universitarios).
Al revisar el crecimiento en infraestructura de las universidades en los últimos 10 años, se observa que ha sido casi nulo: los metros cuadrados por alumno crecieron de 1.88 a 2.47 (en aulas y laboratorios), mientras que el espacio de recreación creció de 6.75 a 10.08 metros cuadrados. Crecer en infraestructura física para atender la demanda excesiva de estudiantes es casi imposible, y más aún en nuestro país, en donde el financiamiento del sector proviene del ingreso familiar. Esto debe llevar a las instituciones de educación superior a ampliar la cobertura de estudiantes a través de un buen sistema de educación a distancia. Para esto no se necesitan 21 millones, como pide la UES, y podría ser una buena salida para atender esta demanda legítima de la juventud.
