"No podemos garantizar la seguridad a costa de la descomposición de las instituciones"

En febrero, la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga de un año para las medidas extraordinarias de seguridad, impulsadas por el Gobierno para afrontar la crisis de violencia e inseguridad generada por las pandillas. De acuerdo a los números de las autoridades, las medidas parecen estar influyendo en la baja de los homicidios y en un posible debilitamiento estructural de las pandillas. Sin embargo, más allá de estos datos, se vislumbran consecuencias sociales que, a largo plazo, podrían significar más violencia y agudizar el deterioro del Estado de derecho.

Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA, comparte su análisis sobre el tema y advierte sobre los peligros de este tipo de medidas de seguridad tan extremas.

En su opinión, ¿las medidas extraordinarias de seguridad son necesarias?

En primer lugar, hay que decir que estas medidas han dejado de ser extraordinarias para convertirse en la política de seguridad del Gobierno del FMLN, con la que no solo ha dado continuidad a las políticas Mano Dura de Flores y Saca, sino que también ha implantado un esquema de aniquilamiento, que más adelante va a agudizar el escalamiento del conflicto. La dimensión de las medidas y el alcance, para mí, no es temporal, por toda la política simbólica detrás de esto y, sobre todo, por el esquema de procedimientos institucionales que se instala en torno a estas iniciativas.

Ahora bien, hay medidas que para ser implementadas no debieron ser justificadas como de emergencia o extraordinarias, porque ya estaban reguladas por la ley. Por ejemplo, la interrupción de la señal telefónica en las cárceles. No se requería esa parafernalia mediática que vimos, en donde todos los partidos querían aparecer en la foto para regular el tema de la telefonía. Lo que se necesita es un Estado fuerte, que multe, sancione e incluso elimine licencias a las empresas telefónicas que están violando la ley.

Cuando hay una política criminal de Estado, que previene, persigue, controla el delito y rehabilita, no es necesario ni medidas extraordinarias ni medidas excepcionales. La adopción de estas medidas, desde mi perspectiva, es un contrasentido al Plan El Salvador Seguro, que es la política formalmente escrita del Gobierno de El Salvador y cuyo enfoque principal es la prevención. Haberse decantado nuevamente por la reedición de este tipo de medidas, cada vez más duras, supone el reconocimiento del fracaso o incapacidad del Gobierno para ejecutar la política formalmente escrita.

Entonces, ¿por qué optar por medidas extraordinarias en vez de fortalecer o corregir las medias ordinarias, que se supone están diseñadas para que funcionen y den resultados?

Hay varias razones. Una de ellas es que estamos frente a un Gobierno muy débil, desarticulado internamente y que carece de liderazgos que animen a una actuación conjunta. Necesita ofrecer respuestas inmediatas a los reclamos ciudadanos y mostrarse fuerte. Hay mucho de populismo, pero también hay una estrategia para contrarrestar ese desgaste. Obviamente, esto no es el resultados de los últimos dos Gobiernos, sino una acumulación de déficit estructural.

Otro elemento, en mi opinión, tiene que ver con la poca capacidad de este Gobierno para encarar el problema de inseguridad con “mano inteligente”. Durante años, sobre todo en el período de la Mano Dura, vimos que miembros del FMLN abanderaron el discurso de políticas integrales para el abordaje de la criminalidad. De hecho, eran el contrapeso a la Mano Dura de Arena. Sin embargo, ya en el Gobierno, mi impresión es que muchos de los funcionarios no saben cómo implementar medidas integrales, que requieren de enfoques, formación y capacidad técnica.

Generalmente, una política de Estado criminal de largo plazo supone una serie de parámetros de orden técnico, que pasan por el establecimiento de líneas base, seguimiento, monitoreo y evaluación de estrategias. Estamos hablando, como digo, de “mano inteligente”, que tiene un soporte técnico y que, por supuesto, genera resultados en el mediano plazo. Pero desde la perspectiva del Gobierno del FMLN, estas medidas que no generan efectos inmediatos, pues no generan réditos electorales. Temas como la prevención o rehabilitación, en el contexto actual, no son medidas populares, no generan respaldo de la ciudadanía. Recordemos que, al final de cuentas, igual que Arena, el FMLN se ha convertido en partido electorero.

Respecto a estas medidas, hay comentarios y análisis encontrados. Por un lado, instituciones que defienden los derechos humanos, entre ellas la UCA, advierten sobre los efectos negativos en términos de brutalidad policial, victimización de la población de los barrios vulnerables, etc. Por otro, el Gobierno habla de una reducción importante de homicidios y de otros delitos a nivel nacional. ¿Cómo se podría lograr un balance, un punto medio, que permita controlar la crisis de violencia e inseguridad, y a la vez garantizar el respeto a los derechos humanos?

No hay contradicciones entre la persecución criminal y el respeto a la ley. Los Estados fuertes persiguen el delito, respetando el marco de actuación legal. Nadie está diciendo, desde la Universidad sobre todo, que no se persiga a las pandillas. Es fundamental desarticular estas estructuras, individualizar a los responsables, pero utilizando los medios legales existentes, los mecanismos de investigación técnica y científica que ya establece la ley. En un sociedad como la salvadoreña, con estos niveles de irrespeto a la ley, donde la gente desconoce los límites del respeto a otros, es fundamental que ante una violación a un bien patrimonial o jurídico, como la vida, la integridad y la seguridad de las personas, las instituciones de seguridad y justicia operen, garantizando la pronta y cumplida justicia.

Lo que está sucediendo es que la investigación no se sustenta adecuadamente. Tenemos cada vez más indicios de alteración de la escena del delito y de las evidencias; se está recurriendo de manera casi ordinaria al testigo criteriado, cuando la ley establece que tiene que haber una investigación con base a pruebas científicas. Nuevamente, lo extraordinario se ha hecho permanente. El problema no es que se registra a posibles sospechosos, sino que se les maltrata, golpea, se les acusa de criminales o, en el peor de los casos, se les planta evidencia para culparlos de algún delito.

Cuando se está en una situación de descomposición institucional, como en la que en mi opinión está el país, en la que los responsables de garantizar la seguridad quieren reducir la criminalidad delinquiendo, pues la sociedad y el respeto a los derechos de todos están en riesgo. No podemos entrar en esta lógica de querer garantizar la seguridad a costa de la descomposición de las instituciones o perseguir el delito cometiendo crímenes. No podemos intentar garantizar los derechos fundamentales de la gente y su seguridad a costa de violentar la ley. Esa es la encrucijada.

La gente suele decir que hay dos bandos: “los que defienden pandilleros” y los que no. Y afirmar que hay que perseguir el delito respetando la institucionalidad y los derechos de todos se malinterpreta. La gente quiere violencia para erradicar la violencia. ¿Qué opina sobre esto?

La gente está agobiada y cansada del asedio delincuencial, de la extorsión, de vivir bajo estos riesgos permanentes, y es compresible que demande respuestas inmediatas e, incluso, actuaciones al margen de la ley. Pero un Estado no puede darse el lujo, en virtud de medidas populistas punitivas, de violentar el respeto a la ley. Desde la lógica de una política autoritaria, en donde todos los conflictos y los problemas se quieren resolver por la vía de la violencia, es bien fácil decantarse por este tipo de medidas. Pero si queremos avanzar en un proceso de fortalecimiento del Estado derecho, pues es fundamental apegarnos a los procedimientos que establece la ley. Contrario a ello, lo que estamos generando es un clima de impunidad mayor, que termina alimentando ese círculo perverso de violencia-impunidad que tanto nos ha afectado.

¿Se puede afirmar que el ofrecimiento inédito de desarticular las pandillas es fruto de la presión extrema sobre los pandilleros a raíz de las medidas extraordinarias?

Los pandilleros vienen ofreciendo treguas y la posibilidad de reducir los niveles de violencia a cambio de que se le respeten sus derechos, o de beneficios penitenciarios, desde, más o menos, 2007. Considero que la reducción de la violencia y de los homicidios está influida, en alguna medida, por esta disposición de un importante sector de las pandillas por reducir la violencia.

Sin duda, las medidas excepcionales están golpeando seriamente a las pandillas y las están debilitando, en términos prácticos. Esto ha supuesto una importante reducción en su número de miembros, asociada a las muertes que se han producido. Además, las condiciones de aislamiento total y de deshumanización a las que están siendo sometidos en los penales generan temor. Y se está provocando el desplazamiento de pandilleros y sus familias a zonas rurales. Entonces, como sucede en el caso de medidas extremadamente represivas como estas, hay un efecto inmediato de mermar la capacidad operativa de estos grupos, de generar un impacto temporal que empuja a su desarticulación. Pero mientras estas medidas no vayan acompañadas de esfuerzos de rehabilitación o iniciativas de prevención a gran escala, difícilmente van a poder generar resultados sostenibles. El país se ha decantado por medidas de Mano Dura y Súper Mano Dura sin prevención o rehabilitación, y se ha terminado favoreciendo el proceso de evolución y profesionalización de las pandillas a lo largo del tiempo.

A su juicio, ¿cuáles son los puntos críticos de las medidas extraordinarias que deben ser suspendidos o replanteados?

Hay un consenso entre los especialistas de que las cárceles crueles y deshumanizantes, a la larga, traen más problemas. Creo que la situación de vulneración extrema de los derechos fundamentales de los detenidos debería de ser suspendida. De acuerdo a un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en los primeros seis meses de estas medidas hubo un aumento del 100% de la tuberculosis carcelaria. Además, faltan recursos importantes como el agua potable.

Para citar un ejemplo, hace algunos meses, en el penal de Quezaltepeque solo se estaba proveyendo de dos litros y medio de agua a una celda de diez personas, para ocho días. Hay un caso que debido a una reproducción de gusanos en los sanitarios, dos reos adquirieron infecciones severas, al grado que a uno se le pudrió la nariz. Hay internos que adolecen de enfermedades crónicas o terminales, y no se les provee la atención requerida. Las porciones de comida se han reducido severamente y la calidad de la que reciben se ha deteriorado. El tiempo en el que salen a recibir sol queda a decisión del director del centro, pero sabemos que hay casos en donde se les ha permitido recibir treinta minutos de sol cada ocho días.

Llegar a estos niveles de deshumanización en el sistema penitenciario, que buscan despersonalizar y despojar al interno de su condición humana, es contrario a lo que establece la ley. Ninguna persona se va rehabilitar bajo esas condiciones. Claramente, lo que hay es una política de aniquilamiento, que se está expresando en medidas que buscan, al final, ya no solo neutralizar la posibilidad de que los internos sigan haciendo daño a la sociedad, sino de aniquilarlos progresivamente. La lógica ya no es la política de Estado, sino una política de venganza.

Estamos hablando, entonces, de un Estado que deshumaniza.

Sí, y bajo esta lógica, en la que cualquier sospechoso de ser pandillero es enemigo y hay que aniquilarlo, el Estado se está convirtiendo en un infractor de la ley. Estamos instalando en las instituciones, como la Policía y el Ejército, una subcultura del abuso, que está siendo normalizada y legitimada desde las más altas autoridades. Esto, a largo plazo, va a erosionar aún más la débil institucionalidad que tenemos y que no nos ha permitido, entre otras razones, romper con este círculo de violencia y criminalidad en la que el país ha estado sumido a lo largo de veinticinco años.

Aparte de estos mecanismos que se están aplicando y que deshumanizan, ¿qué otros puntos de las medidas extraordinarias considera críticos?

Se está violentando el derecho a la debida defensa de los imputados, al restringir las visitas de los abogados de los sospechosos y la posibilidad de participar en la audiencia oral, porque la gran mayoría se están intentando hacer por vía virtual. Pero sabemos que algunos de estos equipos no funcionan adecuadamente.

La actuación policial es otro tema que habría que revisar y controlar con un mecanismo de auditoría externa, que permita verificar que se están cumpliendo los procedimientos de actuación policial establecidos. Por ejemplo, el caso de los llamados “enfrentamientos armados”, donde no hay posibilidad de verificar si la información de la escena del delito corresponde a lo que efectivamente ocurrió. Son escenas controladas y en algunos casos hay indicios de que se manipulan deliberadamente. Este tipo de procedimientos no son admisibles. A la luz de la peor crisis de seguridad, se demanda una actuación institucional apegada a la ley, al Estado de derecho.

¿Cuál sería la alternativa a las medidas extraordinarias?

Ningún país va a lograr reducir la violencia con medidas reactivas, que intervienen cuando ya los delitos han ocurrido. La mejor política criminal es la que previene. Por esto es clave apuntalar este tipo de estrategias en las que tanto se ha venido insistiendo. Es necesario un gabinete social del Estado articulado que intervenga a todo nivel: con mayor inversión social en aquellos territorios abandonados y vulnerables, programas de atención social universal para la niñez y juventud, e intervención oportuna en aquellas conductas predelictivas que puedan identificarse en preadolescentes o jóvenes.

Ello supone replantear una estrategia de Estado que implemente los diferentes componentes de la política criminal: prevención, control y persecución del delito, y represión y resocialización de las personas que han entrado en conflicto con la ley. Este es el abecé de las políticas de seguridad en cualquier país del mundo. No obstante, en esta lógica de criminalización generalizada y de políticas populistas punitivas, lo que se está generado es la proliferación de factores criminológicos que favorecen y orillan a que jóvenes que tienen ciertas condiciones de vulnerabilidad se incorporen a estructuras criminales.