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En pleno proceso para la elección del Fiscal General de la República, la actuación del Ministerio Público en la primera audiencia del caso del expresidente Francisco Flores ha dejado perplejos y molestos a muchos. Al inicio del segundo y último día de la audiencia, los fiscales del caso la emprendieron contra los querellantes, que en teoría deberían ser sus aliados en la defensa del Estado y de la sociedad salvadoreña. El distanciamiento entre ambos hace ver a la Fiscalía mucho más inclinada a la defensa del expresidente que a presentar pruebas en su contra. El punto medular de la cuestión es el delito de lavado de dinero, del cual, según la querella, hay suficientes indicios como para que sea incluido en el proceso. Sin embargo, para la Fiscalía, no hay pruebas al respecto y por ello solicitó no solo excluir ese delito de las acusaciones contra Flores, sino también expulsar del caso a los acusadores particulares.
En realidad, la audiencia preliminar, a la que se apersonó el mismo Fiscal General, fue un examen para la Fiscalía, del cual salió reprobada una vez más. Como se sabe, el papel del Luis Martínez en este caso ha sido cuestionado por organizaciones de la sociedad civil, sobre todo porque en el pasado tuvo vínculos laborales con Flores y empresariales con su esposa. Sin embargo, la cuestión de fondo es si en El Salvador seguimos con el tan añejo como pernicioso vicio de poner al frente de la Fiscalía a personas que en lugar de defender los intereses del Estado y de la sociedad, protegen a particulares. El caso del expresidente Flores es parte de un listado escandaloso.
En el caso CEL-ENEL, el primero en la historia reciente del país en el que personajes de gran poder económico son llevados a los tribunales, fueron sobreseídos definitivamente ocho acusados. La defensa de los imputados pidió, con el aval de la Fiscalía, cambiar la acusación de peculado a peculado culposo, un delito que figuraba en el anterior Código Penal y que prescribió debido a los años transcurridos desde que el proceso dio inicio. La extinción de responsabilidad civil fue solicitada tanto por la defensa como por la Fiscalía, a pesar de que esta había estimado el daño causado al Estado en 1,800 millones de dólares. También en diciembre de 2014 el empresario Enrique Rais fue exonerado de los delitos de administración fraudulenta y estafa por el Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador, a petición de la institución responsable de investigar delitos: la Fiscalía General de la República.
Rais, quien fue denunciado en 2013 por sus exsocios canadienses en el negocio del manejo de desechos sólidos, fue exonerado junto con tres miembros de su familia y dos personas más. De acuerdo a informaciones periodísticas, para la Fiscalía, Rais no cometió ningún delito, aunque en el expediente del caso no constaban diligencias de investigación fiscal, excepto una inspección ocular hecha un día antes de presentar el requerimiento de exoneración, el 24 de noviembre de 2014. Los exsocios de Rais fueron demandados por el empresario y el caso siguió un curso muy distinto: la Fiscalía pidió orden de captura contra los canadienses y los acusó de apropiación indebida y extorsión. Como ya es de conocimiento público, el Fiscal General ha viajado repetidamente en aviones privados propiedad de Enrique Rais, incluso mientras este era investigado por la Fiscalía.
A esta lista de casos que ponen en entredicho la integridad del Fiscal y la Fiscalía hay que sumar el manejo de las acusaciones de corrupción contra David Gutiérrez, titular del Ministerio de Obras Públicas durante la administración de Antonio Saca, y la desidia investigativa antes las muchas denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Todos estos casos dan pie para dudar del compromiso de Luis Martínez con el país, la justicia y la verdad. ¿A quién defiende realmente el Fiscal General?
