¿Cumplimos o no?

Aunque el conflicto en torno a la propiedad y la producción de la compañía de energía geotérmica LaGEO ha ocupado grandes espacios en los medios de comunicación, parece que a la mayoría de la población salvadoreña el asunto no le quita el sueño. Sin embargo, las posturas en torno a este conflicto de intereses arrojan importantes lecciones para la vida nacional.

Surgida en el Gobierno de Francisco Flores, LaGEO es una compañía de propiedad compartida entre el Estado salvadoreño y la empresa italiana Enel Green Power, conocida como ENEL. LaGEO vio la luz cuando se firmó el convenio entre la ENEL e Inversiones Energéticas (INE), una sociedad anónima propiedad de la CEL. ENEL es dueña de la tercera parte de LaGEO y sus inversiones entre 2002 y 2005 aumentaron la capacidad de generación de energía. A partir de 2005, bajo la presidencia de Antonio Saca, la INE, como accionista mayoritario de LaGEO, no le permitió a ENEL continuar con su plan de inversiones de más de 100 millones de dólares porque eso la convertiría en la propietaria de la mayor parte de la empresa. Ante ello, la ENEL entabló una demanda por 120 millones de dólares en la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. La demanda se resolvió a través de un laudo arbitral que resultó desfavorable para El Salvador: la demanda económica fue desestimada, pero se condenó al Estado salvadoreño a permitir la inversión de la ENEL, con lo que esta se apoderaría de LaGEO. A pesar de esta sentencia, hasta el momento no se le ha permitido a ENEL seguir invirtiendo, bajo el argumento de defender la propiedad nacional de un recurso estratégico para el país.

Esta es la problemática que se viene arrastrando desde hace más de 5 años y que tiene al Gobierno entre la espada y la pared. El país necesita de una producción energética que el Gobierno es incapaz de generar. Sin embargo, permitir que la empresa privada lo haga, significaría entregar un recurso estratégico del Estado. En este contexto, llama poderosamente la atención la reacción de la empresa privada y los grandes medios de comunicación, que presionan al Gobierno para que cumpla con el laudo arbitral. El sustento jurídico de fondo para exigir que el Gobierno permita la inversión de la ENEL en LaGEO es que El Salvador es signatario de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras,conocido como la Convención de Nueva York. Y el laudo de París corresponde a este ámbito. Los grandes medios y la empresa privada piden a gritos que se respete la sentencia, pues lo contrario, dicen, traerá desprestigio internacional para El Salvador y desalentará la inversión extranjera.

Estas voces que hoy exigen que se cumpla con los parámetros internacionales son las mismas que no solo han desdeñado, sino han llamado a desobedecer las obligaciones de El Salvador en materia de derechos humanos. Ante las acciones del juez español Eloy Velasco, posibilitadas por el hecho de que el Estado salvadoreño es signatario del principio de justicia universal; ante el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de adaptar la ley de amnistía a los parámetros internacionales de justicia, esas mismas voces han mostrado un nacionalismo trasnochado que perpetúa la impunidad de los victimarios y que ha impedido hasta ahora alcanzar una verdadera reconciliación nacional. Esas voces que se retuercen por allanar el camino a la globalización económica son las mismas que se retuercen por no permitir la globalización de la justicia. Las voces que sostienen que el pueblo será el principal perdedor si no se acata el laudo arbitral son las mismas que afirman que cumplir las sanciones en materia de derechos humanos es contrario a la soberanía nacional; las mismas que se muestran insensibles al sufrimiento de las víctimas de ayer y de hoy. La exigencia de que el país cumpla con la legislación internacional debe ser permanente e integral, no algo que se defiende o se ataca según la conveniencia de un sector. Si se exige el cumplimiento de sentencias legales internacionales a fin de garantizar la inversión, debería exigirse también para garantizar la justicia y la reconciliación.