¿De cuánto serán las pensiones?

Pocos temas tienen la capacidad de afectar a todo el país siendo cosa de una minoría. Las pensiones es uno de ellos. Actualmente, solo uno de cada cuatro trabajadores forma parte del sistema de pensiones; es decir, solo uno de cada cuatro cotiza para tener pensión cuando llegue a la edad de jubilarse. A pesar de que más del 60% de la población trabajadora se desempeña en empleos informales, por tanto, no tiene derecho a pensión, el impago de las pensiones también los afecta a ellos, como a todos los salvadoreños.

Recientemente, el bloque de partidos de derecha (PCN, GANA, PDC y Arena) presentó una nueva propuesta de reforma al sistema de pensiones, a la que ha llamado “integradora”, porque, según sus voceros, recoge aportes de los partidos políticos y de todas las propuestas presentadas con anterioridad. La nueva propuesta retoma de la de GANA el beneficio del Seguro Social para los que no alcancen los años mínimos para una pensión; de la del PDC, el aumento gradual del interés que ganarían los ahorros de los trabajadores; de la del Gobierno, que la pensión máxima del sistema público no sobrepase los 2 mil dólares; de la del PCN, la reevaluación de las pensiones mínimas de acuerdo a la inflación.

Por lo demás, en general, la nueva propuesta recoge los planteamientos de las AFP, dejando fuera los sindicales. Ciertamente, se proponen cambios llamativos, como la disminución del tiempo requerido para poder optar a una pensión (de 25 a 20 años) y el aumento en el porcentaje que se destinará al ahorro individual (del 10.8% en el sistema actual al 11%, reduciendo la comisión de las administradoras de fondos de pensiones). Pero es sintomático que la propuesta de los trabajadores, la única que atendiendo a la realidad plantea un aumento en la edad de jubilación, tiene enfoque de género y propone un bono por maternidad y por el trabajo en el hogar, haya sido dejada de lado por completo.

Mientras el pasado 11 de agosto la presidenta chilena, Michelle Bachelet, mandó tres proyectos de ley al Congreso de su país para crear un fondo solidario de ahorro para pensiones que sería administrado por el Estado, no por las AFP, en El Salvador se insiste en que la solución a este problema sigue estando en manos privadas. Incluso el movimiento “No + AFP” chileno ha criticado la acción de la mandataria, porque no se atrevió a cambiar de raíz un sistema de pensiones que, está comprobado, no beneficia a los trabajadores.

En nuestro país, aunque es difícil comprenderlo por la avalancha de propaganda, debe quedar claro que el fin de las AFP no es favorecer al trabajador, sino asegurar un negocio muy rentable. Aunque se publicite que quieren cuidar los ahorros de los trabajadores, su motivación primordial es el lucro. Claro, tienen derecho a una comisión por la gestión que realizan, pero sus ganancias son desmesuradas en relación a unas pensiones de hambre. Por su parte, la propuesta del Gobierno busca oxigenar sus finanzas, más que beneficiar a los trabajadores.

Cuando en 1998 se crearon las AFP, se dijo que el sistema sería sostenible, rentable por ser de capitalización individual y que beneficiaría a los cotizantes. Las promesas que se hicieron entonces no tenían nada que envidiar a las que se formulan durante las campañas electorales. Ahora resulta que más de la mitad de los que están ahorrando no tendrán pensión, sino una devolución de lo cotizado, y los que lo logren recibirán una pensión equivalente a una tercera parte del último salario devengado. El Ministerio de Hacienda estima que 78 de cada 100 cotizantes solo tendrán derecho a una pensión mínima, es decir, a 207 dólares, según el parámetro vigente.

Las diversas propuestas que se han presentado reconocen que el actual sistema privado de pensiones no es bueno para los trabajadores, como no lo ha sido para Chile desde 1980. Sin embargo, la mayoría de ellas apuntan a aliviar la carga financiera del Estado y a resguardar los intereses de las AFP. Para que una reforma al sistema de pensiones sea realmente integral, debe asegurar una pensión digna. En este sentido, es fundamental que las propuestas digan claramente de cuánto será el monto de la pensión. No basta con afirmar que mejorará la rentabilidad y que los jubilados no sufrirán penurias. Eso mismo dijeron en 1998 y resultó falso. ¿Qué porcentaje del último salario le quedará como pensión al trabajador al jubilarse? Ese dato debe transparentarse. Todo lo demás es discurso.