¿Dirimir o crear conflictos?

Atacada por unos, defendida por otros, lo que nadie pone en cuestión es el papel protagónico que ha jugado en los últimos años la Sala de lo Constitucional. No reconocer los aportes que con sus sentencias ha dado a la democracia, sobre todo en materia político-electoral, es tan equivocado como creer que, porque es la última instancia de interpretación constitucional, no se puede equivocar. En realidad, siendo la Constitución de la República la máxima ley del país, la Sala, como encargada de hacerla cumplir, ha definido su ámbito de actuación en prácticamente todas las dimensiones de la vida nacional. Así, su palabra ha tenido efectos en aspectos políticos, electorales, comunicacionales, económicos y un largo etcétera.

Ese amplio ámbito de actuación facilita que algunas de sus sentencias sean polémicas, aplaudidas por ciertos sectores y rechazadas por otros. Además, el histórico déficit de control institucional del país ha hecho que los cuatro magistrados (siempre se habla solo de cuatro, aunque son cinco) hayan cobrado un protagonismo exagerado, provocando en algunos de ellos salidas fuera de tono, no acordes con la independencia de poderes.

Está fuera de duda que algunas de las sentencias de la Sala han generado confusión. Por ejemplo, al sentenciar, de manera extemporánea, sobre el voto por rostro, aparentemente la Sala razonó que el voto es por la persona, no por el partido. Pero, después, al sentenciar contra el transfuguismo, parecieron apoyarse en que la población vota por la oferta partidaria. ¿No genera esto confusión, sobre todo en la población no versada en jurisprudencia? Por otro lado, algunas de sus sentencias parecen ser incoherentes con su misma actuación. Por ejemplo, definen un tiempo para que se cumplan sus dictámenes mientras que la Corte Suprema de Justicia, de la cual es parte la Sala, lleva más de año y medio sin nombrar al director de Medicina Legal, por incapacidad para ponerse de acuerdo entre ellos.

Ciertamente, es extremo afirmar que la Sala es un instrumento de la derecha política y económica en el país; sin embargo, aunque las motivaciones pudieran ser radicalmente diferentes, los efectos de sus sentencias a veces coinciden con lo que quiere y busca la derecha. Esas sentencias con inobjetable repercusión política provocan, aunque no justifican, virulentas reacciones en el Gobierno y en algunos sectores del movimiento social. A esto abona el tremendo contraste entre la inmediata reacción de la Sala ante la reforma al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales que contradice una sentencia del año 2014 y la demora de un año para instalar una audiencia para dar seguimiento a su sentencia contra la ley de amnistía; una audiencia que comprobó lo que se sabía: no se ha cumplido en casi nada.

Los magistrados, contra lo que a veces se ha dicho, están conscientes de que sus sentencias no solo tienen efectos legales, sino también y, a veces especialmente, políticos. En este sentido, deben ser conscientes y saber ubicar sus sentencias en el contexto (dando plazos y parámetros razonables para su cumplimiento, por ejemplo), para así evitar que las mismas, en lugar de dirimir conflictos, los creen.