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El miércoles pasado, una misión del Fondo Monetario Internacional hizo público su diagnóstico sobre el estado de la economía salvadoreña. Salvo algunos matices, la única diferencia con lo que ya han dicho economistas nacionales es que el análisis procede de uno de los principales acreedores del país. Por lo demás, la cobertura periodística de los grandes medios de comunicación ha sido equivalente a la que le brindan a los informes y propuestas de los académicos a sueldo de la gran empresa privada. Pero el diagnóstico dice más de lo que los medios publican.
Ciertamente, desde hace ratos sabemos que las finanzas públicas están en crisis. Los representantes del Gobierno lo aceptan y hablan ya de hacer sacrificios y de reducir algunos subsidios. El informe alerta de que la situación puede volverse insostenible si no se hace algo cuanto antes, como también han señalado diversos analistas y el mismo Ministro de Hacienda. Asimismo, al igual que ahora hace el FMI, en no pocas ocasiones esta universidad y otros actores han enfatizado en la necesidad de revisar las exenciones fiscales de las que gozan ciertos sectores empresariales. También el diagnóstico recomienda implementar el impuesto a la propiedad y recuperar el impuesto al patrimonio, gravamen que fue eliminado por Arena en 1989 y que, por una razón incomprensible, no ha sido reactivado por ninguno de los Gobiernos de izquierda. Así, aunque tímidamente, el FMI apunta a una reforma fiscal progresiva, en la que aporten más los que tienen más. Un reclamo en el que se ha venido insistiendo desde hace muchos años, sin ningún éxito.
Aunque la palabra “desigualdad” sigue proscrita por los neciamente empeñados en defender las medidas neoliberales, el diagnóstico del FMI asume su existencia implícitamente. El Fondo sabe que en El Salvador existe una tremenda concentración económica en los sectores estratégicos para el desarrollo y que el 3% de las empresas se quedan con el 77% del total de ingresos generados. Pero esta realidad tan extrema no pasa los filtros de los grandes medios. Lo que destacan es que el diagnóstico propone medidas añoradas por la derecha partidaria y económica. El FMI plantea la necesidad de focalizar los subsidios, reducir el déficit fiscal, eliminar impuestos que no representan una recaudación significativa para el Estado y aumentar el IVA del 13 al 15%, lo que afectaría de forma directa a los más pobres. También recomienda no aumentar significativamente el salario mínimo, para alegría de la ANEP y sus aliados.
Más allá de las coincidencias, el documento da una buena noticia: la excesiva concentración de la riqueza y las subsecuentes desigualdad y exclusión de la mayoría de salvadoreños han pasado a ser temas de la agenda del FMI para el país. Este es un paso muy significativo, aunque todavía insuficiente. A lo mejor en El Salvador tendríamos que comenzar a hablar no tanto de la extrema pobreza como el problema a resolver, sino de la extrema riqueza. Las palabas de la directora del FMI, Christine Lagarde, apuntan en esa línea: “La excesiva desigualdad no propicia un crecimiento sostenible […] Los economistas del FMI han hecho investigaciones que han concluido que la distribución de la riqueza es importante en sí, porque aumentar los ingresos de los pobres tiene un efecto multiplicador que no se produce si se aumenta el ingreso de los que ya son ricos”. Hasta ahora, en El Salvador la dinámica ha sido la contraria: aumentar los ingresos de los más ricos y disminuir los de los pobres. Para salir adelante, hay que revertir eso. Y no es propuesta de la UCA ni de otros sectores que luchan por la igualdad; es palabra del FMI.
