Hace no mucho se decía que para un golpe de Estado se necesitaba de dos actores: el Ejército y la embajada de Estados Unidos. Lo que sucedió en Honduras en 2009 reavivó la discusión sobre la vigencia de esa afirmación, pues ambos actores aparecieron en los momentos decisivos del golpe contra Manuel Zelaya. Pero en el caso de nuestro país, ¿en qué estarán pensando los funcionarios del Gobierno al afirmar que se está fraguando un golpe de Estado? ¿Qué está detrás de lo que dice la dirigencia del FMLN? ¿Están admitiendo tácitamente que algún sector de las Fuerzas Armadas y la embajada estadounidense están implicados? Si no es así, ¿qué poderes, según ellos, maquinan la supuesta conjura?
Tanto voceros del Ejecutivo como del partido gobernante alertaron el pasado fin de semana sobre esta situación. La Comisión Política del FMLN afirmó, según notas periodísticas, que el clima de inseguridad e inestabilidad social era parte de una estrategia encaminada a dar un golpe de Estado. De acuerdo a sus declaraciones, en las últimas semanas se habría desatado una agresiva campaña de la derecha, abanderada por Arena y por grupos que dicen representar a la sociedad civil, orientada a desconocer al Gobierno. El coordinador general del Frente, Medardo González, denunció el sábado 18 de julio que “Arena y sus aliados buscan dar un golpe de Estado”. Ante ello, cabe de nuevo preguntarse cuáles son los aliados capaces de deponer un Gobierno legítimamente elegido.
Lo primero que hay que decir al respecto es que si bien algunos miembros del partido de derecha —especialmente de la línea dura— añoran los tiempos de los golpes de Estado, otra cosa es que estén dadas las condiciones para una acción de ese tipo. Para constatar lo primero vale recordar que en 2002 el entonces presidente Francisco Flores se convirtió en el único mandatario latinoamericano en reconocer el fugaz gobierno de Pedro Carmona en Venezuela, surgido de un intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez. Además, en 2010, Norman Quijano, en su condición de alcalde de San Salvador, condecoró y rindió admiración públicamente a Roberto Micheletti, presidente surgido del golpe de Estado en Honduras. Pero la persistencia de esa añoranza antidemocrática y cavernaria, propia de los tiempos de la represión y de personajes ligados a graves violaciones a los derechos humanos, no implica que un golpe de Estado sea posible en estos momentos, por lo menos no de la manera en que se han dado en el continente.
Por otra parte, no hay que perder de vista que en la precaria cultura política del país, ser oposición se entiende como decir “no” a toda iniciativa del Gobierno, criticar todo lo que se pueda y desconocer cualquier logro de la administración. Así lo entiende Arena hoy y así lo entendió el FMLN cuando era oposición. Esto es un hecho; esa es una de las torcidas reglas del juego político en El Salvador. Y por ello cualquier partido de gobierno debería saber que la oposición buscará evitar a toda costa que el pueblo lo favorezca en la próxima elección. En la actualidad, la estrategia de la derecha para lograr ese cometido es desacreditar por todos los medios posibles a la administración de Salvador Sánchez Cerén, dejar sentada la idea en la opinión pública de que el partido de izquierda es incapaz de gobernar al país. Ese es el objetivo de todos los actores de derecha. Si el Gobierno refuerza esa campaña con sus yerros, ya es materia de otro análisis. Contra los golpes de Estado el mejor antídoto es el desarrollo y fortalecimiento de la institucionalidad y cultura democráticas. Y hay ahí tareas pendientes y urgentes. Tanto crear como denunciar fantasmas no es más que alejarse de la realidad. El Salvador no puede darse ese lujo.