¿Hay verdadera voluntad de combatir la violencia?

El accionar delincuencial se ha recrudecido en las últimas semanas. Se observa una clara escalada de la violencia y del número de homicidios, que los medios de comunicación y las autoridades achacan a las pandillas, a los conflictos entre ellas, a la búsqueda de un mayor control de los territorios, a ajustes de cuentas por extorsiones. También hay quien aduce que se debe a la ruptura de la tregua entre las pandillas y a la respuesta de estas a las autoridades de seguridad pública por no continuar con el proceso de negociación. Por otro lado, han sido noticia los ataques directos, usando armas largas de guerra, de grupos criminales contra la PNC y el Ejército. Enfrentamientos en los que los delincuentes han mostrado mayor capacidad de ataque y en los que las fuerzas de seguridad no han podido hacer otra cosa que repeler a los agresores, que en la mayoría de casos acaban huyendo.

Muchas preguntas surgen ante esta situación; y hasta la fecha, las respuestas de las autoridades son poco convincentes. Han dicho que las pandillas están recibiendo entrenamiento militar. Eso para explicar la mayor capacidad de acción que están mostrando estos grupos, pero a la Policía, más que solo justificar, le corresponde realizar la investigación correspondiente y detectar dónde y cuándo se da ese entrenamiento, y evitar que ocurra. El Salvador es un país pequeño y densamente poblado; no es fácil que una actividad de ese tipo pase inadvertida para la población. Si lo que se dice es verdad y la población no informa a la PNC sobre los entrenamientos, ello es signo de que la corporación no ha logrado ganarse la confianza ciudadana y de que la gente teme las filtraciones que la dejen a merced de los denunciados. Para combatir la criminalidad es necesario que exista una estrecha relación de confianza entre la ciudadanía y la Policía. A pesar de que desde hace tiempo se habla de ello, no se han puesto en marcha estrategias oportunas para lograrlo.

También es necesario preguntarse cómo estos grupos han logrado armarse así. ¿Por qué vías han conseguido armas que son privativas de la Fuerza Armada? La respuesta no es nueva. En nuestro país opera un mercado ilegal de armas que no ha sido perseguido ni eliminado. También se sabe que ese mercado negro se nutre en parte de lo que se sustrae de los depósitos de la Fuerza Armada. Más grave aún: instrumentos de guerra no solo se consiguen en el mercado ilegal: se ha confirmado que algunas armerías venden libremente munición pesada o de alta penetración, lo que sin lugar a dudas es un verdadero despropósito. Mientras las autoridades permitan estas situaciones no será extraño que la criminalidad tenga cada vez más fuerza y poder de fuego.

Desde hace años, un sector importante de la población exige que se prohíba la tenencia de armas. Pese a que es una medida que goza de popularidad, por razones nunca aclaradas no se han dado los pasos necesarios para hacerla efectiva. El accionar de las bandas criminales en las últimas semanas demuestra que ni siquiera policías y soldados armados son capaces de repeler efectivamente esos ataques. Por lo tanto, tampoco le serviría a un ciudadano estar armado para pretender defenderse de esos criminales. En cambio, la prohibición del uso y tenencia de armas en manos de civiles favorecería el control y facilitaría la persecución de los que se arman para cometer hechos criminales.

Ante una situación que lejos de disminuir va en aumento, hay que preguntarse si las autoridades están de verdad interesadas en combatir la criminalidad. La respuesta que brota espontáneamente es "no". No se han hecho los esfuerzos necesarios ni usado los medios disponibles para eso. La criminalidad es un negocio demasiado lucrativo en El Salvador, y son muchos los que de alguna manera participan en él. Poner todas las esperanzas en treguas y negociaciones, no combatir debidamente al crimen organizado, permitir la venta de armas y municiones, no abordar frontalmente la infiltración de la PNC, no dotarla de los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios son algunas de las señales de esa falta de interés en combatir el crimen. Esperemos que el nuevo Gobierno, así como lo ha prometido, suponga un cambio y asuma el combate de la criminalidad en todas sus formas con realismo y decisión, dando en paralelo pasos firmes hacia la justicia social y la reducción de la desigualdad.