¿Hoy sí entenderemos?

¿Por fin entenderemos que el agua es un recurso renovable pero no inagotable? ¿Asimilaremos de verdad que sin agua ningún organismo sobrevive? ¿La emergencia por la falta de agua nos hará comprender de una vez que el dinero y el cemento no se pueden beber, y que las gaseosas no se pueden usar para las tareas más esenciales de la actividad humana? La crisis decretada recientemente no es solo por el área metropolitana de la capital, ni obedece únicamente a la mala gestión de ANDA, ni es una cuestión de coyuntura. Es una crisis de todo el país y viene incubándose desde hace mucho tiempo. A la Asamblea Legislativa llegó el proyecto de Ley General del Agua en 2006; han pasado ya 10 años sin que los representantes del pueblo hayan podido o querido aprobarla. La modificación del artículo 69 de la Constitución que reconoce al agua y a la alimentación como derechos humanos se hizo en 2012, pero los legisladores son incapaces de ratificarla.

Desde hace tiempo se nos clasificó como el segundo país americano más deteriorado ambientalmente, pero se siguen talando árboles para potreros y cañales. Sabemos que estamos al borde del estrés hídrico, pero no ha parado la construcción de grandes centros comerciales y urbanizaciones en zonas de recarga de acuíferos. Seremos una de las naciones más afectadas por el cambio climático, pero continuamos barriendo con cemento las pocas áreas verdes que aún existen. Se ha comprobado que la minería metálica industrial agravaría nuestra ya crítica situación medioambiental, pero no ha habido Gobierno con voluntad política para cerrar definitivamente las puertas a esa amenaza. Todo lo anterior se ha hecho en nombre del progreso. A los ecologistas y activistas sociales que advirtieron que nos quedaríamos sin agua se les acusó de agitadores, comunistas y contrarios a la modernización.

El Salvador, como otros países, ha sido presa de un modelo económico que tiene en su centro al dinero, no al ser humano. Todo lo que puede ser objeto de lucro se explota sin importar que se destruya a la persona o a la naturaleza. Un modelo sin corazón, cuyo único fin es la acumulación de riqueza. Un modelo para el cual la salud, la educación, la seguridad, los alimentos, la comunicación y el agua son mercancías que deben someterse a la lógica del mercado.

Decir que esta crisis se debe a las deficiencias administrativas de ANDA no es del todo cierto, y las medias verdades son mentiras. Ciertamente, las taras de la autónoma son enormes, y pareciera que ha estado más empeñada en subir las tarifas que en mejorar el servicio. Pero la crisis es responsabilidad de muchas instancias del Estado y de la sociedad salvadoreña misma. La falta de un plan maestro que privilegie la construcción vertical, la increíble permisividad para las constructoras, la ausencia de políticas territoriales y agropecuarias, la falta de protección para las cuencas de los ríos, el uso irrestricto del agua y la tierra, la imparable contaminación son solo algunos de los factores que han causado esta situación. Es cierto que El Salvador goza de más lluvia que otros países, pero eso sirve de poco cuando no se hace nada para aprovechar y conservar esa agua.

La gente de colonias y barrios pone en jaque el tránsito vehicular para reclamar su derecho al agua, pero no vincula esa lucha con la necesidad de que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que garantice el acceso de todos al líquido. ¿Por qué esas protestas solo se dan en barrios pobres? ¿Por qué no en la Escalón o Santa Elena? La respuesta es simple: porque en este tipo de zonas rara vez falta el agua y cuando falta, el dinero asegura otros medios para hacerse de ella y acapararla. La emergencia debe poner a la persona, a todas, por encima del lucro. El consumo humano se debe privilegiar por sobre la construcción, las bebidas carbonatadas, los hatos ganaderos, los cañales y los campos de golf. Aunque la ley no solucionará el problema automáticamente, el reconocimiento en la Constitución del derecho humano al agua y la aprobación de la Ley General del Agua serán la base para que la población pueda exigir, civilizadamente, el cumplimiento de un derecho tan fundamental. Urge una ley que garantice la gestión pública y comunitaria del agua para evitar que termine siendo el privilegio de unos pocos. Urge una ley que evite que la vida quede supeditada a si se tiene dinero para pagarla.