Hace algunos años, los indignados hicieron temblar al mundo. Estos movimientos ciudadanos de carácter popular y político tuvieron como sedes las calles de ciudades en todos los continentes. Exigían cambios sociales, protestaban contra la corrupción, rechazaban las consecuencias de los mercados y de la banca, la crisis económica, etc. Las protestas comenzaron a inicios de 2011 en países árabes con Gobiernos tiránicos y corruptos, y provocaron la caída de las dictaduras de Ben Alí, en Túnez, y de Mubarak, en Egipto. Luego siguieron en varias ciudades españolas, que tuvieron su culmen en la movilización multitudinaria del 15 de mayo de 2011 en la Puerta del Sol, en Madrid. Las consignas más emblemáticas del movimiento, “No nos representan” y “Democracia real ya”, exigían mayor participación ciudadana en los asuntos del país y rechazaban el bipartidismo español, el dominio de la banca y las grandes corporaciones.
A España le siguieron otras ciudades europeas, y en septiembre de 2011 las protestas llegaron hasta el parque Zuccotti, en Nueva York, a escasas dos cuadras de Wall Street. El movimiento Occupy Wall Street se volcó contra el poder de las grandes empresas y sus evasiones fiscales, que generan pobreza y desempleo. Unos años después, en 2015, llegó la “primavera chapina”. Miles protestaron contra la corrupción que hundía a Guatemala, contra el abuso y la arbitrariedad de criminales enquistados en el poder; llenaron plazas para hacer que la justicia caminara y alcanzara a los corruptos, fuesen quienes fuesen.
En contraste, en El Salvador se ha comprobado el desvió de fondos del Estado. Una millonaria donación de Taiwán para damnificados fue a parar a las cuentas de un partido que no se inmuta para criticar la corrupción de otros. Una difusión roja de la Interpol fue interpretada por la sapiencia de la Corte Suprema de Justicia en pleno como aviso de localización. El pedido de extradición de los 17 militares acusados de la autoría intelectual de la masacre en la UCA solo se ha traducido en la captura de los cuatro que ya habían enfrentado un proceso. Los otros 13, los de más alto rango y a los que se les imputa mayor responsabilidad en el caso, han tenido la habilidad de esconderse mejor que Bin Laden; la inteligencia policial no ha podido encontrarlos. Tres expresidentes han sido acusados de saquear recursos de los salvadoreños sin que hasta la fecha haya una resolución definitiva.
El 13 de julio, hace cuatro meses, la Sala de lo Constitucional derogó la cuestionada ley de amnistía, que truncó el proceso de paz. La sentencia de inconstitucionalidad, que abre las puertas para retomar el camino hacia la dignificación de las víctimas y la reconciliación nacional, parece no existir para quienes deberían actuar para remediar la injusticia. Hasta ahora, ninguno de los partidos ha movido un dedo para legislar la plataforma de justicia transicional que ordenó la Sala; la Fiscalía dice que no tiene recursos para investigar el pasado; funcionarios del Gobierno han vertido declaraciones que los alejan completamente de las víctimas. Nada de todo lo anterior ha provocado la indignación ciudadana, mucho menos ha generado movimientos esperanzadores. Ciertamente, algunos grupos locales han copiado nombres y modos de actuar de los movimientos ciudadanos de otros países, pero se han quedado en simple remedo. ¿Llegará algún día la primavera a El Salvador?