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Gracias a la lucha de organizaciones sociales, en abril de 2012, la Asamblea Legislativa reformó la Constitución en su artículo 69 para reconocer al agua y a la alimentación como derechos humanos. En aquella ocasión, todas las fracciones legislativas dieron sus votos. Sin embargo, como toda reforma constitucional, se necesita ratificar en la actual legislatura para que quede en firme. Lamentablemente, está a punto de terminar el período de la actual legislatura y la ratificación no se ha logrado después de dos intentos fallidos, pese a que tenemos serios problemas ambientales y el acceso al agua y la alimentación no están garantizados.
El problema no es de escasez hídrica, pues la precipitación pluvial en el territorio supera el promedio mundial. El problema es el mal manejo de los recursos. El Salvador tiene, de acuerdo al PNUD, la disponibilidad de agua más baja de Centroamérica. Somos el único país de la región al borde del estrés hídrico. De acuerdo a cifras oficiales del año pasado, la cobertura de agua en la zona urbana era de 83.5%, mientras que en el campo apenas alcanzaba al 39.8% de la población. Estos datos aumentan si se consideran no las viviendas y comunidades que cuentan con tuberías, sino solo aquellas a las que efectivamente les llega el líquido.
En lo referente a la alimentación, de acuerdo a cifras oficiales y a estudios de organismos internacionales, uno de cada cinco niños menores de 5 años padece de desnutrición crónica. Paradójicamente, las tasas de sobrepeso y obesidad infantil también se han disparado en el país. Ambos problemas, la falta de alimentos y la excesiva ingesta de estos, son dos caras de la misma moneda: la malnutrición de nuestra niñez. De acuerdo a investigaciones realizadas en 2011 por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, en la mesa de los salvadoreños más pobres escasean pollo, huevos, tomate, pan francés, papas y frutas. Sin embargo, exceden la cantidad necesaria de tortillas, frijoles y azúcar. Además, los hogares que viven en condiciones de pobreza dedican hasta tres cuartas partes de su ingreso a la compra de alimentos.
Ante esta situación, y si es verdad lo que dice el artículo 1 de la Constitución, que afirma que la persona humana es “el origen y el fin de la actividad del Estado”, lo menos que pueden hacer los partidos políticos es reconocer como derecho de todo salvadoreño el acceso al agua y a una alimentación adecuada. En eso consiste la ratificación del artículo 69 de la Constitución. ¿Qué persona sensata podría estar en desacuerdo con este reconocimiento? ¿Por qué, entonces, los representantes de Arena, PCN y PDC han negado sus votos a la ratificación? ¿Qué los hizo cambiar de opinión si con sus votos se aprobó en 2012 la reforma de la Carta Magna?
Antes de ese año se recogieron más de 92,000 cartas de apoyo de la ciudadanía para que se reconocieran esos derechos. Las Naciones Unidas han pedido al Estado salvadoreño que los reconozca en su Constitución. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, José Graziano da Silva, solicitó adecuar la Constitución al derecho a la alimentación. Hace unos días, el congresista Raúl Grijalva, el demócrata de más alto rango en el Comité de Recursos Naturales del Congreso estadounidense, envió una carta a la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa señalando la importancia del acceso al agua como un derecho humano. “Le urjo a la Comisión […] a que aprueben una Ley General del Agua que promueva, facilite, proteja y cumpla con el derecho humano al agua para el pueblo salvadoreño”, requirió Grijalva.
Hasta ahora, los diputados de Arena, PDC y PCN no han escuchado a las organizaciones sociales y campesinas ni al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que ha sido categórico en exigir esta ratificación. Tampoco han hecho caso de las calificadas voces externas que la han solicitado. ¿A quién escuchan estos diputados? Mientras a miles de familias pobres no les llega una sola gota de agua, las empresas que fabrican bebidas carbonatadas y alcohólicas gastan millones de litros al día. Mientras un metro cúbico comprado de un carro cisterna cuesta hasta 15 dólares, grandes extensiones de cultivo y hatos ganaderos disponen de agua todo el día. Lo mismo pasa en los grandes centros comerciales, en los complejos habitacionales más exclusivos y en los campos de golf. Estos intereses son los que defienden los legisladores que no reconocen como derecho humano el acceso al agua y a la alimentación; hacerlo les significaría poner el bienestar de las personas por encima de los intereses comerciales.
Diversas proyecciones estiman que para 2050 El Salvador tendrá que alimentar a 8.5 millones de habitantes. Es urgente, entonces, devolverle al campo su papel fundamental de producir alimentos, lo cual contribuirá a mejorar la nutrición de la población y a reducir la pobreza y la desigualdad. Pero para ello primero hay que reconocer el derecho humano a la alimentación y al agua. Ahora, en tiempo de plena campaña electoral, en el que todos los políticos dicen trabajar por el bienestar del pueblo salvadoreño, es un buen momento para que demuestren que sus palabras no son pura demagogia. Ningún diputado que se niegue a ratificar el derecho humano al agua y a la alimentación es digno de ser representante del pueblo. Sobre este tema, los legisladores no le han hecho caso a ninguna organización o instituto. ¿A quién le harán caso? ¿A los votantes o a los intereses privados que defienden? La ciudadanía tiene la última palabra.
